Europa sigue con una política energética concebida para un mundo que ya no existe; la transición no puede consistir en establecer dogmas; debe abrir opciones Leer Europa sigue con una política energética concebida para un mundo que ya no existe; la transición no puede consistir en establecer dogmas; debe abrir opciones Leer
Europa aparece hoy rodeada por un cinturón de inestabilidad que se extiende del Sahel al Ártico. Dos guerras con implicaciones sistémicas para el continente -Ucrania y Oriente Medio- evidencian la ruptura del orden internacional que sostuvo la globalización. Con esta quiebra, aflora el agotamiento del marco estratégico sobre el que se construyó la prosperidad europea.
No se trata, pues, de conflictos regionales. Se trata del hundimiento de los cimientos geopolíticos de nuestro entramado multilateral: relativa estabilidad, interdependencia funcional, energía asequible. Todo ello bajo el paraguas securitario estadounidense como garantía última, que se extendía a la generalidad de los bienes públicos globales, desde el espacio exterior hasta la libertad de los mares. Hoy, Washington redefine sus prioridades y Europa debe imponerse en un mundo duro, rabiosamente competitivo, caracterizado por la incertidumbre.
Pocos ámbitos reflejan mejor esta transformación que la energía; su utilización como arma tuvo un estreno de era dramático con la invasión de Ucrania a sangre y fuego por Putin en febrero de 2022. Al cierre de este Equipaje de Mano, la escalada de bombardeos a infraestructuras fundamentales para el mercado de GNL lleva los enfrentamientos en Oriente Medio a una nueva y peligrosísima fase que mantiene en vilo el tejido energético global, más allá de la ya existente crisis de circulación por el estrecho de Ormuz.
Ormuz es una de las principales válvulas del comercio internacional. Por ese corredor, además de crudo y gas licuado, atraviesan fertilizantes, productos químicos y componentes industriales esenciales para el funcionamiento de la economía mundial. Dicho lo anterior, el foco inmediato -y no sin razón- se ha concentrado en la perturbación energética, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad estructural de Europa en un entorno geopolítico crecientemente hostil. Así, la cuestión energética no es técnica ni sectorial. Es estratégica. Estas convulsiones demuestran que la seguridad en este campo forma directamente parte de la geopolítica. Y eso obliga a revisar algunos de los axiomas sobre los que Europa ha edificado su arquitectura normativa vigente.
El Green Deal, lanzado en 2019, buscaba descarbonización, modernización industrial y liderazgo regulatorio europeo, dando por sentada la seguridad de suministro (tanto en disponibilidad como en asequibilidad), y apostando exclusivamente por el tercer vértice del trilema -la sostenibilidad- mediante objetivos vinculantes rigurosos. Añadamos, asimismo, que el contenido ideológico lastró de partida el plan, desacoplando la lucha contra los gases de efecto invernadero e incorporando una valoración negativa y discriminatoria respecto de ciertas tecnologías. Frente a esta fijación, lo que la coyuntura indica es que no ha cambiado la necesidad de transición. Ha cambiado radicalmente el contexto -y por ende el modo- en que debe ejecutarse.
Llevamos al menos cuatro años con signos incontrovertibles de mutación. La guerra de Ucrania, la fragmentación geoeconómica y la contienda en Oriente Medio han devuelto la energía al núcleo del poder, por razón de seguridad económica, competitividad industrial, resiliencia logística y capacidad de actuación. Mientras, Bruselas sigue avanzando con un proyecto concebido para un mundo que se ha desvanecido, rectificando mínimamente: una moratoria a la entrada en vigor aquí, un retoque de poca virtualidad allá. Esto es, una «simplificación» rácana y tardía, con la presencia ubicua del término «flexibilización», cuando lo que se precisa es revisar planteamientos de base.
Ese es el verdadero desfase europeo: no de ambición climática, sino de adecuación estratégica. Destacan, así, las señales de que esta realidad comienza a calar en la estructura de la Unión Europea.
El caso del nuclear es emblemático. Durante años fue tecnología tabú en el discurso dominante de la transición. Su inclusión en la taxonomía europea se produjo por la puerta de atrás, tímida y contradictoriamente. Sin embargo, el pasado día 10, en la Cumbre sobre Energía Nuclear celebrada en París, Ursula von der Leyen reconocía que había sido «un error estratégico» disminuir el peso de una fuente que calificó de «fiable, asequible, con bajas emisiones».
Algo similar ocurre en automoción. Europa ha trazado una trayectoria regulatoria que conduce de facto a la extinción del motor de combustión, como si la transición pudiera dictarse encumbrando la electrificación a costa de excluir otras tecnologías. Pero no toda la economía puede electrificarse. Ni puede descarbonizarse a la misma velocidad. Ni con las mismas soluciones. Privilegiar la electrificación en la movilidad ignora una circunstancia básica: la economía energética es también una economía de moléculas. Los combustibles líquidos y gaseosos son y seguirán siendo necesarios. La cuestión no es eliminarlos abruptamente, sino acompañar su evolución hacia moléculas limpias, sin prejuzgar tecnologías ni cerrar vías prematuramente. Europa se juega su potencia automovilística, su know-how y millones de empleos.
La transición no puede consistir en establecer dogmas. Debe, por el contrario, encuadrar opciones. Este debate es igualmente industrial. Por eso empieza a cundir la demanda de pragmatismo: neutralidad tecnológica, competitividad y diversificación. Pero, al tiempo, apunta otro riesgo. La transición tal como la tenemos diseñada no evita dependencias, las reconfigura. Reducir la importación de hidrocarburos no garantiza mayor autonomía si se sustituye por nuevas trabazones en minerales críticos, baterías o tecnologías concentradas en China. Se trata de fijar metas intermedias y fórmulas que apuntalen la posición europea. Una transición que merme emisiones pero aumente vulnerabilidades sería tal vez un éxito climático, pero entrañaría un grave error geopolítico.
Estas incoherencias crean tensiones dentro de la propia Unión. El reciente Consejo de Energía del día 16 lo ilustra. La ministra sueca del ramo pronunció una rotunda censura a las normas europeas, como telón de fondo al reproche abierto del modelo energético alemán -de clausura nuclear y fuerte subordinación a fuentes intermitentes-: «Es sencillamente inaceptable que los países que han marcado el camino [de un mix sostenible] se vean ahora, en última instancia, severamente penalizados por ello».
Toda política común europea marcha mientras se distribuyen beneficios o se entiende la justificación de los sacrificios. Cuando algunos perciben cargas desproporcionadas, asoma el interés nacional más romo. Y España, sin perjuicio de un mix alabado por la resiliencia que está brindando en este momento de zozobra, no es ajena a esta polémica. El calendario de apagón nuclear y las interconexiones por los Pirineos exponen interrogantes similares sobre cómo combinar transición, seguridad de suministro y competitividad.
Por eso la cuestión energética no puede abordarse como simple ajuste táctico del Green Deal. Exige integrar plenamente la dimensión geopolítica. Descarbonizar sigue siendo el compromiso. Pero también lo es preservar la resiliencia industrial, eludir dependencias críticas y reforzar la capacidad de actuación europea. Porque en el mundo que emerge, la energía es no solo variable económica sino condición de seguridad, prosperidad y autonomía estratégica. La Unión no puede permitirse una transición ejemplar sobre el papel y debilitadora en la práctica.
Esa es la verdadera cuestión energética europea.
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