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Cuando las novedades y las heces de los presuntos casos de corrupción socialista y de la familia de Pedro Sánchez regurgitaban a diario y se acumulaban el pasado invierno, dando la sensación de que el presidente era apenas un moribundo político a la espera de la guillotina final, el núcleo duro del Gobierno y su fiel prensa socialdemócrata apuntaban con esperanza al inicio del juicio de la Kitchen como el punto de inflexión que iba a cambiar radicalmente el tablero emocional y político español: al volver al primer plano, las maniobras del PP y su «policía patriótica» durante la presidencia de Mariano Rajoy empequeñecerían y taparían «los desmanes» a lo Torrente del clan del Peugeot.
Una previsión errada en su optimismo al no tener en cuenta que el efecto reflejo provocado por la coincidencia temporal de los juicios a la Kitchen y al caso Koldo, con el coprotagonismo de personajes como el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz (gran devoto de Santa Teresita de Lisieux y que habría utilizado al ex comisario Villarejo y otras basuras de Estado para espiar a Luis Bárcenas) y el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, más que tapar la corrupción socialista mediante la popular, iban a poner a Sánchez frente al sucio espejo de la Kitchen. Mostrando así que él y su Gobierno forman parte de la misma decadencia moral y política, sistémica y transversal, que en su día dijo venir a combatir.
De hecho, Sánchez llegó a la Secretaría General en 2014 representando una enmienda a la totalidad de la vieja guardia del PSOE (también a un Rodríguez Zapatero que por aquel entonces apoyaba a Susana Díaz y a Edu Madina) y como alternativa a un bipartidismo señalado por las protestas de una «indignada» Generación X española -hoy la gran olvidada en el choque entre los milenials y los boomers– que impulsaron desde la calle dos partidos, Ciudadanos y Podemos, con los que regenerar el sistema democrático.
La primera vez que Sánchez estuvo cerca de entrar en La Moncloa fue en 2016 de la mano de Cs con un ambicioso pacto de legislatura y gobierno socioliberal que, entre sus muchos objetivos, proponía mejorar y blindar la independencia de las instituciones del Estado; fortalecer los mecanismos de control al Gobierno; revisar los delitos contra la Administración Pública (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación…), y, ¡caramba!, ser más estrictos con los mecanismos para la contratación pública.
Traída y examinada en este 2026, aquella propuesta de gobierno de coalición y reformista, que fracasó en marzo de 2016 por el veto de Pablo Iglesias a Albert Rivera, lo que acabó propiciando la tóxica alianza entre PSOE y Podemos, retrata cómo el sanchismo ha corrompido sus valores y propuestas originales (si es que no fueron una gran estafa desde el principio) para replicar desde el poder una estructura criminal que emplea los muchos recursos del Estado -como el fiscal general- para obtener un beneficio político y personal. Es la misma lógica deshonesta y ya conocida que asocia al sanchismo con la Kitchen y con tantas corrupciones pasadas.
