«Incluso años después de que ETA dejara de asesinar, persiste una hostilidad hacia familias o hacia sus ideas que les impide vivir tranquilamente» Leer «Incluso años después de que ETA dejara de asesinar, persiste una hostilidad hacia familias o hacia sus ideas que les impide vivir tranquilamente» Leer España // elmundo
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Las campañas electorales son procesos extrañísimos. Por lógica, deberían servir para hacer balance de lo que ha ocurrido a lo largo de la legislatura, y para proponer qué se haría en la siguiente. Pero en la carrera al 29-N estamos viendo debates que se encuentran algo desconectados de lo que ha ocurrido en los últimos años. Quién iba a decir, por ejemplo, que estaríamos hablando más sobre el nacionalismo vasco que sobre el catalán, cuando la relación de Sánchez con ERC primero, y con Junts después, suscitó buena parte de las polémicas de sus ocho años de Gobierno. Es cierto que se le ha reprochado mucho -y con razón- haber normalizado la relación con Bildu, pero esto no ha sido una fuente de desgaste político y social comparable a la amnistía, la reforma de la financiación autonómica, la reforma del código penal al gusto de los sediciosos, la cesión de competencias en inmigración…
El caso es que ahora estamos hablando del País Vasco. Sobre todo, de la agresión al cabeza de lista del PP en Guipúzcoa cuando trataba de hacer campaña, y de la propuesta de los populares de permitir que quienes se exiliaron del País Vasco y Navarra en los años de terror de ETA vuelvan a votar allí. Esta última propuesta es muy razonable y defendible en sí misma, y sin embargo cualquier debate sobre ella se desarrollará necesariamente a la sombra de la otra ley de nietos que ha copado recientemente la conversación pública. Y tiene sentido: lo que propone el PP se parecería bastante al sentido primigenio de aquella disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. Plantea una medida reparadora para quienes fueron expulsados de su lugar de origen en contra de su voluntad, y en un contexto de violencia e intimidación. Por mucho que el Gobierno a veces se haga el loco con este tema, la polémica de los últimos meses tiene que ver con la instrucción posterior que modificó la naturaleza de aquella medida. Esto es, la decisión de una dirección general que transformó una ley de nietos del exilio republicano en una ley de nietos a secas, y que no requería ser descendiente de un exiliado político para obtener la nacionalidad.
Sin embargo, en los últimos meses también se ha debatido una cuestión más amplia: si quien no reside en un territorio puede decidir quién gobierna en ese mismo territorio -o quién lo representa en el Congreso de los Diputados-.
Todas las objeciones que se formularon en esta línea se proyectarían también, y por fuerza, sobre la ley vasca. Con una salvedad: que se suponga que, en este caso, no se dan las condiciones para el regreso de los exiliados o sus descendientes. Que se entienda que, incluso años después de que ETA dejara de asesinar, persiste una hostilidad hacia aquellas familias o hacia sus ideas, sobre todo en determinadas comunidades, que les impide vivir tranquilamente de nuevo en el País Vasco. El tipo de hostilidad que todavía se manifiesta, por ejemplo, cuando alguien del PP intenta hacer campaña en Hernani. Es una forma útil de plantear el debate: ¿seguro que ese es un sitio al que los exiliados podrían regresar?
