Si España quiere aprovechar las oportunidades que genera la IA necesitará más centros de datos, no menos. Si la legislación cercena su construcción, acabaremos teniendo serios problemas Leer Si España quiere aprovechar las oportunidades que genera la IA necesitará más centros de datos, no menos. Si la legislación cercena su construcción, acabaremos teniendo serios problemas Leer
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En momentos de cambios históricos, los seres humanos anhelamos el pasado, y ese anhelo nos lleva a rechazar el cambio, algo que guarda cierto paralelismo con el movimiento ludita, que a principios del siglo XIX intentó destruir fábricas para así proteger el trabajo manual gremial. Mark Twain observó que los problemas no vienen de lo que ignoramos, sino de aquello de lo que estamos seguros y, en realidad, no es cierto. Y entre esa mezcla de anhelos y falsedades a veces se regula con miopía.
Si España quiere aprovechar las oportunidades que genera la IA necesitará más centros de datos, no menos. Si la legislación cercena su construcción bajo «seguras» premisas como que «consumen mucha agua» o que «consumen mucha energía», acabaremos teniendo serios problemas.
En la revolución que supone la inteligencia artificial, los centros de datos operan como infraestructura crítica sobre la que esta se sustenta. La IA es posiblemente una de las poquísimas tecnologías de uso general que se han desarrollado a lo largo de la historia, junto con la agricultura, la rueda o la imprenta. Esto implica que se extenderá a muchos sectores y que generará importantes aumentos de productividad, aumentos que permitirán elevar los salarios y trabajar menos horas.
Sobre los anhelos, ya he explicado anteriormente en esta columna por qué la historia nos enseña que, ante una revolución tecnológica, la creación de nuevos puestos de trabajo compensa e incluso excede la destrucción de empleo que provoca la nueva tecnología. Las premisas en las que se basa una legislación militante contra el despliegue de esta infraestructura son falsas. Los nuevos centros de datos apenas consumen agua, ya que sus circuitos de refrigeración permiten reutilizarla. El consumo de electricidad de los centros de datos españoles apenas llega al 0,5% del total, frente a países como EEUU en los que la cifra se acerca al 5%. El motivo es sencillo: España, que representa casi un 1,6% del PIB mundial, tan solo posee el 0,4% de la capacidad instalada de centros de datos. No se trata de llenar el país de centros de datos, sino de disponer, al menos, de una infraestructura equivalente al peso de nuestro PIB.
España posee evidentes ventajas para construir una red de centros de datos. Tenemos más energía renovable que otros países. Nuestras fuentes de energía fósiles son geoestratégicamente más estables que las de nuestros vecinos. Contamos con acceso a redes submarinas de cables de datos. Al ser el segundo país más grande de Europa occidental, poseemos suelo de sobra para su instalación. Además, disponemos de mano de obra preparada y competitiva para poder cubrir los casi 500.000 trabajos directos e indirectos que se crearán. Sin embargo, si España legisla contra la implantación de centros de datos, retroactiva o proactivamente, no solo perderemos los más de 60.000 millones de inversión proyectados, con sus puestos de trabajo asociados, sino que afrontaremos un futuro de extrema vulnerabilidad. Veamos por qué.
Primero, la soberanía futura de Europa pasa por una pieza angular: la soberanía digital. Esta consiste en que los europeos mantengamos y tratemos nuestros datos en centros de datos situados en nuestros propios países. Se trata de un aspecto esencial, destacado precisamente por Mario Draghi, ya que, depender de centros de datos ubicados, por ejemplo, en América, nos expone a que se interrumpan nuestras comunicaciones, bien por ataques a satélites de comunicación, bien por decisiones geopolíticas tomadas al otro lado del Atlántico, que puedan penalizarnos y dejarnos a ciegas, algo que generaría ingentes daños económicos.
Segundo, un país puede desarrollar una estrategia de «valor añadido» o bien dejarse llevar por los cambios económicos y tecnológicos y acabar «comprando lo de fuera», actitud similar a la máxima de Unamuno: «Que inventen ellos». España puede dejar que los datos sean tratados por modelos en el extranjero o bien aspirar a que se procesen en su territorio. De esa diferencia puede depender el futuro de nuestra balanza de pagos de servicios, ya que el precio de exportación de un dato tratado es muy superior al de su mero almacenamiento.
Tercero, la nueva defensa exige autonomía en centros de datos. Los ataques militares más recientes en Ucrania y en Rusia tienen como objetivo los centros de datos debido al papel esencial que desempeñan dentro de la infraestructura militar de ambos países, ya que resultan claves para operar los drones. Si uno de los dos países hubiera tomado la decisión de dificultar enormemente la construcción de centros de datos porque «consumen agua» o por imponer condiciones leoninas como obligar a que un 80% del consumo de energía proceda de fuentes renovables (algo difícil de cumplir en las noches sin viento, que son muchas), el otro podría haberlo conquistado fácilmente, además de provocar una elevada mortandad en el proceso.
Legislar contra los centros de datos no va a detener la diseminación de la IA en España, al igual que hacerlo contra las fábricas no frenó la industrialización. Lo que está en juego no es el cambio tecnológico, que es inexorable y global, sino si queremos que las fábricas estén en España o, por el contrario, que desaparezcan puestos de trabajo y acabemos comprando lo que viene de fuera, como lamentablemente aprendimos en el siglo XIX. En el XX ya cometimos un gran error con la «moratoria nuclear». No lo repitamos.
Ignacio de la Torre es Economista Jefe en Arcano Partners
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