Satélites, fibra óptica y el negocio en Latinoamérica de la empresa semipública recibieron más recursos que la infraestructura nacional en años clave Leer Satélites, fibra óptica y el negocio en Latinoamérica de la empresa semipública recibieron más recursos que la infraestructura nacional en años clave Leer
El colapso de la red eléctrica es el mayor problema económico de Moncloa, con permiso de la vivienda. El Gobierno y Redeia -empresa responsable de la red de transporte o alta tensión- han acelerado las inversiones en los últimos años, pero el reciente empujón tardará en compensar casi una década de estancamiento. Mientras la red española acumulaba cuellos de botella y retrasos en actuaciones esenciales, Redeia no solo invirtió de forma sistemática muy por debajo del máximo fijado por ley, sino que además desvió una parte sustancial de sus recursos a negocios ajenos a su función nuclear como operador del sistema.
Entre 2015 y 2024, más del 40% de las inversiones totales del grupo no fueron a parar a la red eléctrica española, sino a satélites, fibra óptica o proyectos y compras para crecer en Latinoamérica, según informes de la compañía y del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA). En conjunto, la estrategia de diversificación absorbió algo más de 4.000 millones de euros, frente a unos 5.000 destinados a reforzar la red nacional de alta tensión.
El desequilibrio alcanzó su pico en 2019. De los más de 1.870 millones invertidos, menos de 400 se destinaron a la infraestructura nacional, mientras que 1.215 millones se emplearon al crecer en telecomunicaciones, en concreto, a la compra de la firma de satélites Hispasat a Abertis. Ese mismo año afloraron los primeros síntomas de colapso: las renovables empezaron a recibir negativas para conectar sus plantas por falta de capacidad en la red. Lo que antes de la pandemia afectaba sobre todo a la generación, hoy es un problema generalizado que impide que prácticamente ningún punto del país pueda acoger nuevas industrias, viviendas o centros de datos.
La apuesta de Redeia por la diversificación tomó forma bajo la presidencia de Jordi Sevilla, quien elevó la expansión en servicios tecnológicos y el crecimiento internacional a «pilares estratégicos». Su sustituta y actual presidenta del grupo, Beatriz Corredor, mantuvo esa línea en sus primeros años de mandato. En 2020, 2021 y 2022, Redeia invirtió más fuera de la red española que dentro, con un peso creciente en las redes internacionales, el negocio satelital y de fibra. No fue hasta 2023, ya con las empresas y el Gobierno advirtiendo del tapón eléctrico, cuando la balanza se inclinó de nuevo en favor de la infraestructura nacional.
Muchas inversiones en redes implican largos periodos de tramitación y construcción, de forma que cualquier retraso puede acarrear cuellos de botella que se arrastran durante años. Redeia es la empresa responsable de ejecutar la planificación de la red de transporte, que el Gobierno actualiza cada cinco años, pero no siempre culmina una planificación antes de la siguiente. En las últimas, el grado de cumplimiento ha sido bajo: solo se ejecutó el 52% de la planificación 2015-2020, y de la vigente 2021-2026, apenas se había completado el 35% al cierre de 2024, lo que hace prever que no acabará a tiempo.
A nivel nacional, Redeia no puede movilizar lo que se le antoje cada año. Su esfuerzo inversor está limitado por un tope anual diseñado en plena crisis del déficit de tarifa para contener la gigantesca deuda del sistema eléctrico, que los consumidores siguen pagando a través de sus recibos. Ese límite es del 0,065% del PIB, más las llamadas actuaciones «singulares», que son inversiones que excepcionalmente aprueba el Gobierno. Entre 2013 y 2024, Redeia dejó sin desembolsar unos 4.200 millones de euros respecto al máximo permitido por ley.
En los últimos años, Redeia ha acometido una serie de desinversiones con la vista puesta en redirigir sus recursos hacia el despliegue de redes eléctricas en España, su principal actividad. «Desde 2020, casi ha cuatriplicado su inversión en la red de transporte del país, hasta una cifra superior a los 1.500 millones de euros en 2025», informó la empresa en un comunicado hace unos días.
La compañía vendió hace un año Hispasat a Indra por 725 millones de euros. Corredor aseguró que la operación devolvía a la compañía a su ADN y el IEEFA, think tank estadounidense que audita proyectos energéticos, la describió como «un paso positivo para acentuar su enfoque estratégico en la infraestructura de red». Si bien la empresa semipública se apuntó con la transacción una minusvalía contable de 137 millones por la pérdida de valor de la firma de satélites, ya que en su momento se la compró a Abertis por más de 900 millones.
La nueva estrategia de Redeia está más alineada con las necesidades del país. Según el Gobierno, hasta 2030 habrá que invertir 13.600 millones en la red de transporte. El reto, además de económico, es temporal. Cientos de proyectos industriales, atraídos por la energía renovable y barata, están hoy en standby en España por el tapón de las redes. Si el calendario eléctrico no logra acompasarse al de la industria, el riesgo es evidente: esas inversiones empezarán a buscar otros destinos.
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