El presidente no confirma cuándo aprobará un nuevo decreto con medidas. El Gobierno no termina de reunir los apoyos necesarios de sus socios Leer El presidente no confirma cuándo aprobará un nuevo decreto con medidas. El Gobierno no termina de reunir los apoyos necesarios de sus socios Leer España // elmundo
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La imagen del desahucio de Maricarmen, de 87 años, ha recorrido todo el mundo. Ha llegado hasta Naciones Unidas. Una «tragedia social». Así lo ha calificado Pedro Sánchez. Eso sí, asume una cuota de responsabilidad, pequeña eso sí, porque descarga el foco en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid -«falta de empatía y compromiso de los que tienen competencias para poder evitar lo que hemos visto»- y hacia los partidos del Congreso que no ofrecen los apoyos para sacar adelante un real decreto que hubiera impedido esta stiuación. Durante su jornada en la ONU, Sánchez ha estado preguntando a su equipo para informarse de este caso y de la situación de Maricarmen, según ha sabido este diario.
«Es importante recordar de quién es la responsabilidad principal», ha dicho despejando responsabilidades y fijándolas en José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso. «Hay administraciones competentes en la materia de la protección de personas vulnerables en el ámbito, por ejemplo de la viviedna, que son el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, más preocupadas en comprar con dinero público un aticazo con 200 metros de terraza, que han hecho caso omiso de una tragedia social que debería haber sido resuelta» por ellos.
Sánchez se fijó como propósito que esta legislatura fuera la de convertir la vivienda en el quinto pilar del Estado del bienestar. Creó un ministerio específico en la materia. Pero lejos de que el problema de acceso a una vivienda o un alquiler se haya mitigado, los españoles siguen situándolo, según el CIS, como el primer problema para ellos. Un asunto que divide a la propia coalición de gobierno, con Sumar exigiendo más firmeza en las medidas, y con los socios de gobernabilidad acusando al PSOE de entregarse a los fondos buitres y los grandes propietarios.
En este contexto, el Gobierno estuvo trabajando en un real decreto ley para antes del verano, un gran paquete de medidas en materia de vivienda, que finalmente no aprobó ni siquiera el Consejo de Ministros por falta de apoyos, porque no tenía los votos asegurados. Pero, ahora, tampoco hace ademán de llevarlo. Sánchez, en una comparecencia ante los medios en Nueva York, evitó asegurar que se aprobará el próximo martes. Se limitó a a decir que «no descartamos nada», «ninguna opción».
El quid de la cuestión es que La Moncloa no es capaz, al menos de momento, de contentar al mismo tiempo a grupos como ERC, Bildu, Podemos o el BNG y a otros más conservadores como Junts o el PNV. Y necesita todos sus votos.
A principios de año, la Cámara tumbó en dos ocasiones decretos del Gobierno con un escudo social que contemplaba una cláusula antidesahucios. Pero en el paquete que se preparaba para julio, el rechazo de Junts hacía inclinarse a Moncloa a no incluir esta claúsula antidesahucio, pese a que Sumar lo planteó en el documento de trabajo.
La estrategia pasa por señalar a los grupos por no apoyar el texto del Gobierno, y no en ellos por la imposiblidad de lograr reunir los apoyos necesarios. «Es una cuestión de responsabilidad de las Cortes Generales, una cuestión de empatía, de compromiso con la sociedad, que no puede soportar un deshaucio de estas característica».
