La tecnológica agota el recorrido judicial de un caso que forma parte de la persecución del mercado negro de cuentas de esta compañía y Glovo entre inmigrantes ‘sin papeles’ Leer La tecnológica agota el recorrido judicial de un caso que forma parte de la persecución del mercado negro de cuentas de esta compañía y Glovo entre inmigrantes ‘sin papeles’ Leer
Uber Eats llevará al Tribunal Supremo las sanciones impuestas por el Ministerio de Trabajo por utilizar como repartidores a inmigrantes que no contaban con permiso de trabajo, según ha podido saber EL MUNDO a través de fuentes cercanas a la compañía.
La empresa de reparto perdió a comienzos de año un nuevo recurso contra las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo, esta vez en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, respalda que Uber Eats tenía que haber verificado si 11 de sus repartidores en Vizcaya contaban o no con la documentación necesaria para trabajar en la compañía.
Las inspecciones comenzaron a comienzos de 2023 y abarcan también periodos anteriores a la Ley Rider, así como posteriores, ya que también han tenido continuidad en el tiempo con nuevas macroinspecciones que han afectado también a la española Glovo.
El foco de Trabajo ha estado en el mercado negro de cuentas de repartidores que había en ambas plataformas y que habría gozado de la permisividad de estas empresas. De este modo, muchos trabajadores sin papeles accedían de esta forma a una vía de generar ingresos. En una inspección de 2023 a Glovo se llegó a detectar a 813 personas en esta situación.
Gran parte de la argumentación jurídica del caso está basada en que el juez considera que los repartidores eran trabajadores por cuenta ajena y no autónomos, como defiende Uber, una tesis sobre la que también tiene que fallar el Supremo que ya se pronunció una vez en favor de la laboralidad de los repartidores.
De todos modos, y pese a que la desestimación de los recursos de la tecnológica se basa en esa naturaleza laboral, el propio tribunal también subraya que entre las condiciones que Uber Eats ponía para trabajar como repartidor de la plataforma se incluían datos como la necesidad de contar con un alta de autónomo, un requisito que no se verificó, por lo que la compañía sería también culpable por «omisión» a juicio de esta instancia judicial.
Ahora la decisión le llegará al Supremo, que acumula varias decisiones relevantes sobre el modelo de riders que pueden desembocar en una cascada de multas y sanciones para ambas compañías con potencial de superar los 1.000 millones de euros.
Ante el peso cada vez mayor de estas sanciones, Uber Eats decidió este enero dar el paso a trabajar únicamente con flotas y dejar de lado el modelo de autónomos. Esta medida llegó poco después de que Yolanda Díaz amenazara con que la empresa podría acabar denunciada por la vía penal abierta tras la Ley Rider, la misma que está transitando el CEO de Glovo, Óscar Pierre. Lo que aún no está claro es cuándo se acometerá la transición completa.
Según las cuentas de 2024 de su filial española Portier Spain SL, la compañía ha provisionado 177 millones de euros para prepararse ante futuras multas y depositado un aval por 130 millones de euros con Deutsche Bank para proseguir la batalla judicial con los procedimientos que se mantienen abiertos.
En el caso de Glovo, el proceso duró más de seis meses, si bien pasó por la contratación directa de sus repartidores, un paso que Uber Eats no repetirá, sino que se derivará hacia las flotas con las que trabaja la compañía, el nuevo actor dominante en las plantillas de este sector gracias a su flexibilidad y capacidad para trabajar para varios proveedores a la vez.
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