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De un día para otro, el orfeón dejó de difundir recursos conmovedores sobre la ley de nietos con la que Sánchez pretende inflar a su favor el censo de residentes ausentes como infló una urna en el Comité Federal del PSOE en 2016. Cuanto más publicaban las terminales orgánicas más se ponían en evidencia las intenciones del Gobierno: a los nietos que se muestran quebrados no se les pregunta sobre los vínculos con España o cómo la ven en la distancia sino cómo sufrieron el exilio de sus antepasados; o se narra el extraño sentimiento de una mujer cubana que contempla impotente que sus hermanos, que viven en España, pueden votar.
O se recurre a la indignación de una asociación fantasma creada en Argentina en tiempo récord por militantes del PSOE para agilizar nacionalizados, cuya primera reacción a la sentencia del Supremo fue tan aturullada que daba la razón al Tribunal: los consulados estaban desbordados. Así que el esforzado portavoz protestó porque los jueces se pronunciaron el Día de la Hispanidad. Todo el despliegue sentimental, unido a las estridentes y sospechosas declaraciones de dirigentes socialistas constituyen un surtido de indicios sobre las intenciones de Sánchez, que terminó por darse cuenta de que tanta confitura y bufido mantenían el ardid en el foco; ordenó silencio, o sea, disponer el biombo con discreción.
Hay quien considera que las intenciones son indemostrables si no se ejecutan; como si no existiese el grado de tentativa. Cuando Sánchez anunció la convocatoria de elecciones, los biempensantes dedujeron que el adelanto inhabilitaba teorías conspiranoicas sobre las oscuras maniobras de Sánchez; como si al lanzarse a un bote salvavidas, el buscavidas perdiese su condición e inclinación.
El Defensor del Pueblo acaba de activar el amparo ante el Constitucional. Gabilondo -«¡Pablo, tenemos seis días!»- se erige en el defensor de Sánchez y del pueblo constituido únicamente por los que nunca residieron. Asimismo, los equidistantes sostienen, como sostuvo el separatismo catalán, «Volem votar»: votar no hace daño a nadie. No reparan en que rebajar o suprimir las exigencias legales vulnera el derecho al sufragio y representación de los nacionales residentes en España. El CERA reúne a los ausentes, no a los que jamás residieron. Aunque tengan que esperar, ordenar su inscripción preserva efectivamente el derecho al sufragio.
En todo caso, la maniobra Gabilondo es subsidiaria. La treta ha tomado el derrotero del procés. A priori, neutralizada la vía burda, el gerrymandering, la grosera manipulación y dopaje de parte del censo, camuflada con la coartada sentimental de la memoria, la alternativa pasa por embarrar el recuento. El ocultismo de Exteriores no augura nada limpio. Me lo advirtió grosso modo hace unos días una ex peronista curtida en la práctica: «Aparecerá una saca de votos argentinos o cubanos: ¿Y estos quién los cuenta? Es que no están en el censo. ¿Quién lo dice; qué censo?, aquí aparecen, ¿Vas a verificar uno por uno?» [el presidente de la Mesa introduce los votos CERA en la urna]. A partir de ahí, carrusel de impugnaciones y dilatación del recuento. Según la ley, La Junta Electoral debe resolver en un muy plazo corto. Sánchez pretenderá forzar un 1-O, con falsos exiliados y papeletas de cartón, que genere al menos ruido y un estado de ánimo. Luego, ya se verá.
