La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha aprovechado la oportunidad de sentarse en una mesa con los directivos de las grandes compañías españolas después de una legislatura marcada por el confrontamiento con las empresas, sobre todo estas corporaciones. La ministra de Trabajo ha aprovechado las políticas de responsabilidad social corporativa, un mandato de las grandes firmas en el que se encuentran inmersas desde hace años con todo tipo de iniciativas, para sentarles en la mesa de su departamento con una reunión que ha intentado ejercer de bálsamo. A pesar de que las relaciones entre Díaz y la patronal no pasan por el mejor momento, al encuentro en Trabajo han acudido hasta una veintena de responsables de las empresas del Ibex-35, aunque no lo han hecho los primeros espada -presidentes o consejeros delegados-. En cualquier caso, la reunión, que ha transcurrido en un ambiente cordial, según apuntan fuentes conocedoras de la misma, ha servido más para ofrecer una imagen cercana de la vicepresidenta con el mundo empresarial que para llevar a cabo acciones específicas, al menos por el momento, según esas mismas fuentes.Hace apenas dos semanas, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reprochaba a Yolanda Díaz que el Gobierno diese luz verde a la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sin que la patronal conociera los detalles. «Ya no hay proyectos de ley, ya no hay reales decretos ley y ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas como en la época de Franco», criticaba desde Valencia. El último gran choque con los empresarios fue a cuenta de la puesta en marcha del nuevo registro horario, que sigue paralizado en su tramitación, además de la subida del salario mínimo interprofesional para 2026 o la lucha que mantuvieron el año pasado con motivo de la reducción de jornada laboral, que también naufragó en el Congreso.Una exigencia que ya es bursátil y financieraAhora, Díaz se ha reunido con el Ibex bajo el paraguas del informe ‘Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial’, elaborado por expertos en esta materia. El resultado de ese trabajo es la presentación estudio que busca operar como denuncia y exigencia para las empresas, con el ánimo de blindar los derechos sociolaborales y medioambientales dentro de las mismas. Aunque la legislación en vigor ya obliga a las firmas a cumplir con requisitos de RSC, tal y como informan cada año al mercado en sus diferentes informes corporativos.La comisión, en su informe, ha buscado contextualizar la situación de España en relación con las prácticas existentes, revisar estrategias y planes de acción, así como formular propuestas de mejora que incluyan indicadores de evaluación y recomendaciones para su aplicación efectiva. Díaz indicó en su presentación que «lo que este informe defiende —que las empresas tienen responsabilidades reales, exigibles y verificables sobre su impacto en los derechos humanos, en el trabajo decente y en el medio ambiente— es exactamente lo que la Comisión Europea ha decidido poner en cuestión recientemente: lo han llamado simplificación cuando es, claramente, impunidad y lo justifican en favor de la competitividad». La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha aprovechado la oportunidad de sentarse en una mesa con los directivos de las grandes compañías españolas después de una legislatura marcada por el confrontamiento con las empresas, sobre todo estas corporaciones. La ministra de Trabajo ha aprovechado las políticas de responsabilidad social corporativa, un mandato de las grandes firmas en el que se encuentran inmersas desde hace años con todo tipo de iniciativas, para sentarles en la mesa de su departamento con una reunión que ha intentado ejercer de bálsamo. A pesar de que las relaciones entre Díaz y la patronal no pasan por el mejor momento, al encuentro en Trabajo han acudido hasta una veintena de responsables de las empresas del Ibex-35, aunque no lo han hecho los primeros espada -presidentes o consejeros delegados-. En cualquier caso, la reunión, que ha transcurrido en un ambiente cordial, según apuntan fuentes conocedoras de la misma, ha servido más para ofrecer una imagen cercana de la vicepresidenta con el mundo empresarial que para llevar a cabo acciones específicas, al menos por el momento, según esas mismas fuentes.Hace apenas dos semanas, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reprochaba a Yolanda Díaz que el Gobierno diese luz verde a la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sin que la patronal conociera los detalles. «Ya no hay proyectos de ley, ya no hay reales decretos ley y ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas como en la época de Franco», criticaba desde Valencia. El último gran choque con los empresarios fue a cuenta de la puesta en marcha del nuevo registro horario, que sigue paralizado en su tramitación, además de la subida del salario mínimo interprofesional para 2026 o la lucha que mantuvieron el año pasado con motivo de la reducción de jornada laboral, que también naufragó en el Congreso.Una exigencia que ya es bursátil y financieraAhora, Díaz se ha reunido con el Ibex bajo el paraguas del informe ‘Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial’, elaborado por expertos en esta materia. El resultado de ese trabajo es la presentación estudio que busca operar como denuncia y exigencia para las empresas, con el ánimo de blindar los derechos sociolaborales y medioambientales dentro de las mismas. Aunque la legislación en vigor ya obliga a las firmas a cumplir con requisitos de RSC, tal y como informan cada año al mercado en sus diferentes informes corporativos.La comisión, en su informe, ha buscado contextualizar la situación de España en relación con las prácticas existentes, revisar estrategias y planes de acción, así como formular propuestas de mejora que incluyan indicadores de evaluación y recomendaciones para su aplicación efectiva. Díaz indicó en su presentación que «lo que este informe defiende —que las empresas tienen responsabilidades reales, exigibles y verificables sobre su impacto en los derechos humanos, en el trabajo decente y en el medio ambiente— es exactamente lo que la Comisión Europea ha decidido poner en cuestión recientemente: lo han llamado simplificación cuando es, claramente, impunidad y lo justifican en favor de la competitividad». La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha aprovechado la oportunidad de sentarse en una mesa con los directivos de las grandes compañías españolas después de una legislatura marcada por el confrontamiento con las empresas, sobre todo estas corporaciones. La ministra de Trabajo ha aprovechado las políticas de responsabilidad social corporativa, un mandato de las grandes firmas en el que se encuentran inmersas desde hace años con todo tipo de iniciativas, para sentarles en la mesa de su departamento con una reunión que ha intentado ejercer de bálsamo. A pesar de que las relaciones entre Díaz y la patronal no pasan por el mejor momento, al encuentro en Trabajo han acudido hasta una veintena de responsables de las empresas del Ibex-35, aunque no lo han hecho los primeros espada -presidentes o consejeros delegados-. En cualquier caso, la reunión, que ha transcurrido en un ambiente cordial, según apuntan fuentes conocedoras de la misma, ha servido más para ofrecer una imagen cercana de la vicepresidenta con el mundo empresarial que para llevar a cabo acciones específicas, al menos por el momento, según esas mismas fuentes.Hace apenas dos semanas, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reprochaba a Yolanda Díaz que el Gobierno diese luz verde a la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sin que la patronal conociera los detalles. «Ya no hay proyectos de ley, ya no hay reales decretos ley y ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas como en la época de Franco», criticaba desde Valencia. El último gran choque con los empresarios fue a cuenta de la puesta en marcha del nuevo registro horario, que sigue paralizado en su tramitación, además de la subida del salario mínimo interprofesional para 2026 o la lucha que mantuvieron el año pasado con motivo de la reducción de jornada laboral, que también naufragó en el Congreso.Una exigencia que ya es bursátil y financieraAhora, Díaz se ha reunido con el Ibex bajo el paraguas del informe ‘Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial’, elaborado por expertos en esta materia. El resultado de ese trabajo es la presentación estudio que busca operar como denuncia y exigencia para las empresas, con el ánimo de blindar los derechos sociolaborales y medioambientales dentro de las mismas. Aunque la legislación en vigor ya obliga a las firmas a cumplir con requisitos de RSC, tal y como informan cada año al mercado en sus diferentes informes corporativos.La comisión, en su informe, ha buscado contextualizar la situación de España en relación con las prácticas existentes, revisar estrategias y planes de acción, así como formular propuestas de mejora que incluyan indicadores de evaluación y recomendaciones para su aplicación efectiva. Díaz indicó en su presentación que «lo que este informe defiende —que las empresas tienen responsabilidades reales, exigibles y verificables sobre su impacto en los derechos humanos, en el trabajo decente y en el medio ambiente— es exactamente lo que la Comisión Europea ha decidido poner en cuestión recientemente: lo han llamado simplificación cuando es, claramente, impunidad y lo justifican en favor de la competitividad». RSS de noticias de economia
