La Fiscalía estrecha el cerco sobre las redes de presunta corrupción de Fidesz mientras Magyar busca reforzar el Estado de derecho y abrazar a Bruselas Leer La Fiscalía estrecha el cerco sobre las redes de presunta corrupción de Fidesz mientras Magyar busca reforzar el Estado de derecho y abrazar a Bruselas Leer
El cambio político en Hungría avanza por un campo de minas. La última explosión se produjo esta semana, cuando la Fiscalía registró los servidores del centro de datos que alberga la infraestructura informática de Fidesz, el partido con el que Viktor Orban gobernó el país durante dieciséis años. El antiguo primer ministro respondió con una «Declaración de Resistencia», en la que aseguró que Hungría vive ya bajo un «nuevo régimen autoritario», afirmó que «todo ciudadano tiene derecho a levantarse contra la arbitrariedad» y anunció que Fidesz utilizará «todos los medios pacíficos, dentro y fuera del Parlamento» para oponerse al nuevo poder. «A partir de hoy, nuestra misión es restaurar el Estado democrático de derecho», proclama el manifiesto.
La Fiscalía mantiene bajo secreto el alcance de la operación, que oficialmente gira en torno al Fondo Nacional de Cultura. Los investigadores sospechan que desde diciembre de 2024 el Gobierno de Orban concedió 1.079 subvenciones por más de 43 millones de euros al margen de los procedimientos legales. Pero la incautación de los servidores de Fidesz apunta a un alcance potencial mucho mayor y ayuda a explicar el llamamiento de Orban a la resistencia frente a un Gobierno «tirano» que, a su juicio, pretende expulsar a su partido de la vida política húngara.
Respaldado por una mayoría de dos tercios en el Parlamento, Péter Magyar ha emprendido una revisión del entramado institucional, económico y patrimonial heredado de Orban. No sólo porque prometió poner fin a lo que define como el saqueo del patrimonio público durante los gobiernos de Fidesz, sino porque la normalización de las relaciones con Bruselas dependía en gran medida de ello. Esa mayoría le ha permitido modificar la Ley Fundamental, renovar instituciones y abrir investigaciones que ningún Ejecutivo anterior habría podido impulsar con la misma facilidad.
La primera gran pieza en caer fue la Presidencia de la República. La mayoría de Tisza impulsó una reforma constitucional que puso fin anticipadamente al mandato de Tamás Sulyok. Elegido por Fidesz apenas un año antes para un mandato de cinco años, el presidente terminó promulgando la ley que ponía fin a su propio mandato, no sin un intenso pulso institucional y denuncias ante la Comisión de Venecia. La reforma alcanzó también al Tribunal Constitucional y abrió la renovación de otras instituciones.
Para el nuevo Gobierno, se trata de recuperar los contrapesos del Estado y desmontar una red de poder que no descansaba sólo sobre las instituciones, sino también sobre un complejo entramado económico y patrimonial diseñado para preservar la influencia de Fidesz al margen de los resultados electorales.
Según documentación oficial publicada por varios medios húngaros, entre 2019 y 2021 el Gobierno de Orban transfirió gratuitamente universidades públicas, edificios, terrenos y participaciones empresariales a fundaciones privadas controladas, en numerosos casos, por ministros y personas próximas a Fidesz. Oficialmente, el objetivo era garantizar la estabilidad de universidades y centros culturales; para la oposición, aquellas cesiones colocaron una parte del patrimonio público fuera del alcance de futuros gobiernos.
El ejemplo más significativo fue el Mathias Corvinus Collegium (MCC), la gran cantera de las élites conservadoras. La fundación recibió una participación del 10% de la petrolera MOL, hoy valorada en más de mil millones de euros, además de otros activos públicos. A su alrededor crecieron programas educativos, proyectos culturales y redes de formación que durante años alimentaron el ecosistema político e intelectual de Fidesz.
El mismo modelo se extendió a la enseñanza superior. Desde 2019, la mayoría de las universidades públicas pasó a manos de fundaciones de interés público dirigidas, en numerosos casos, por personas próximas al partido de Orban. Al situar al frente de sus patronatos a ministros, antiguos altos cargos y figuras vinculadas a Fidesz, con amplias competencias sobre presupuestos, nombramientos y patrimonio, esas instituciones quedaban blindadas incluso ante un cambio de gobierno. Bruselas cuestionó ese modelo por los conflictos de intereses que planteaba y dejó a 21 universidades húngaras fuera de los nuevos programas Erasmus+ y Horizonte Europa.
Ese es ahora uno de los principales frentes abiertos por Magyar. El Gobierno ha ordenado revisar las transferencias patrimoniales realizadas durante la etapa de Orban y estudia fórmulas para recuperar activos que considera indebidamente desvinculados del Estado. Las investigaciones avanzan por expedientes distintos, pero todas terminan tirando del mismo hilo: el destino del patrimonio público, las subvenciones y las estructuras económicas creadas durante los años de Fidesz.
Ese mismo patrón aparece en otra de las investigaciones más sensibles: las fundaciones vinculadas al Banco Nacional de Hungría. La Oficina Estatal de Auditoría detectó una red de empresas y fondos privados que gestionaba activos públicos por unos 1.270 millones de euros. La Policía y la Fiscalía registraron varias entidades e intervinieron dinero y valores, mientras el antiguo gobernador del banco central, György Matolcsy, niega cualquier irregularidad. La investigación deberá aclarar cómo se administró ese patrimonio y si parte de esos recursos terminó alimentando estructuras ajenas al control público.
Ninguna de estas investigaciones nació vinculada a las demás. Sin embargo, todas terminan convergiendo sobre los mismos centros de poder levantados durante los años de Orban. Las pesquisas alcanzan ya a las instituciones, las fundaciones, las universidades, el patrimonio público, las subvenciones culturales, los fondos financieros y, ahora, la propia infraestructura informática de Fidesz. Es la primera vez que un Gobierno intenta revisar de manera simultánea los principales pilares del sistema construido por el antiguo primer ministro.
No es una coincidencia. Buena parte de las reformas impulsadas por Orban desde 2010 perseguían limitar los efectos de una eventual derrota electoral. La Constitución, las instituciones independientes, las fundaciones de interés público, el sistema universitario y parte de los grandes activos económicos quedaron vinculados a personas de confianza de Fidesz mediante mecanismos legales concebidos para mantener su influencia durante años, incluso desde la oposición. Ese contexto explica la dureza de la respuesta de Orban. En su «Declaración de Resistencia», el antiguo primer ministro presenta el momento político como una confrontación entre dos modelos de país.
El giro hacia Bruselas ha sido recibido con un alivio apenas disimulado en las instituciones europeas tras años de enfrentamiento con Orban. El deseo de pasar página ha llevado a la Comisión Europea a abrir la puerta al desbloqueo gradual de alrededor de 16.000 millones de euros que permanecían congelados, aunque condicionado este al cumplimiento efectivo de las reformas del Estado de derecho.
Péter Magyar ha aprobado ya el paquete legislativo exigido, especialmente en materia de independencia judicial, pero el desembolso no será automático. Antes de que concluya agosto deberá acreditar ante la Comisión el cumplimiento efectivo de los hitos comprometidos, que Bruselas verificará antes de autorizar los pagos. Pese a ello, Magyar ya presenta ese acercamiento como uno de los primeros éxitos de su Ejecutivo y como la prueba de que Hungría ha recuperado la confianza de sus socios europeos.
Magyar asegura haber desbloqueado en apenas dos semanas el contencioso con Kiev sobre los derechos de la minoría húngara de Transcarpatia, formada por unas 150.000 personas, un conflicto que durante años marcó las tensas relaciones entre Viktor Orban y Volodimir Zelenski. Según Budapest, existe ya un acuerdo técnico que podría servir de base para normalizar las relaciones bilaterales. Sin embargo, ese avance sigue pendiente de traducción política: no se ha formalizado ningún acuerdo, tampoco se ha celebrado la reunión con Zelenski que Magyar había anticipado y Hungría mantiene, por ahora, sus reservas sobre la eventual adhesión de Ucrania a la Unión Europea.
Algo similar ocurre con el Grupo de Visegrado, fracturado por las profundas discrepancias surgidas a raíz de la guerra. El cambio de tono es evidente.
Cuando aún no se han cumplido los primeros cien días de Gobierno, Magyar sigue en luna de miel con el electorado. Las últimas encuestas señalan que entre el 55% y el 67% de los húngaros consideran que el país avanza en la buena dirección y la satisfacción con la gestión del Ejecutivo ronda el 62%. En intención de voto, Tisza mantiene una ventaja muy amplia sobre Fidesz. Las principales preocupaciones de los ciudadanos vuelven a centrarse en la sanidad, la educación, la recuperación económica, la lucha contra la corrupción y la normalización de las relaciones con la Unión Europea.
Lo sorprendente de la actuación del nuevo Gobierno húngaro es la rapidez con la que Magyar ha comenzado a intervenir sobre el sistema heredado de Orban, si bien tiene una explicación biográfica. Magyar formó parte del espacio político y administrativo que ahora pretende revisar y conoce desde dentro los mecanismos con los que Fidesz extendió su influencia sobre las instituciones, las empresas públicas y las fundaciones. Esa experiencia le permite identificar los puntos más vulnerables del sistema, pero alimenta también las dudas sobre la profundidad del cambio. Magyar no propone abandonar el nacionalismo conservador ni varias de las líneas rojas defendidas por Orban; pretende separar esa tradición política de la red de intereses construida alrededor de Fidesz y presentarla como plenamente compatible con la pertenencia de Hungría a la Unión Europea.
Esa es también la lectura del politólogo Zsolt Enyedi. En una tribuna publicada en EL MUNDO, sostiene que la fortaleza de Magyar no reside en combatir el sentimiento nacional que Orban convirtió en la columna vertebral de su proyecto político, sino en desligarlo del entramado de poder construido durante dieciséis años alrededor de Fidesz. En buena medida, esa será la prueba de la nueva etapa política húngara: demostrar que es posible desmontar el sistema levantado por Orban sin romper con la mayoría social que durante años lo sostuvo.
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