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Vox considera que, ante la situación que viven los 1.342 niños y niñas migrantes no acompañados que permanecen hoy en Ceuta, la «única opción respetuosa con la justicia y el interés del menor» es su «retorno a Marruecos». Así lo han venido trasladando distintos portavoces de la formación a lo largo de la última semana, y ayer lo dejaron recogido por escrito tres de los máximos cargos institucionales que tiene Vox ahora: los vicepresidentes autonómicos Óscar Fernández (Extremadura), Alejandro Nolasco (Aragón) y Carlos Pollán (Castilla y León).
En sendas cartas -idénticas- que remitieron a la ministra de Infancia, Sira Rego, los dirigentes de la derecha dura señalaban que, bajo su parecer, «no existe más opción jurídica» que el «retorno a Marruecos» de los niños que han entrado a Ceuta en los últimos días, y que el Gobierno planea distribuir entre las comunidades autónomas -en atención a la legislación vigente- para aliviar la presión asistencial de la ciudad. Los vicepresidentes de Vox, por contra, defienden hacer regresar a esos menores al país a través del que entraron en España, bajo el argumento de buscar la «reunificación familiar» o «por entrega a la institución tutelar competente de Marruecos». Y avanzan: impugnarán judicialmente «todos y cada uno de los expedientes individuales que no finalicen con el retorno» a ese país.
El Gobierno central trabaja ya en el análisis de la situación de cada uno de los menores que están en Ceuta, paso requerido antes de iniciar el traslado de los niños que corresponda a la península. De dicho análisis, los vicepresidentes de Vox piden conocer «la documentación acreditativa de las actuaciones practicadas para la localización de su familia, la determinación de su edad, la valoración de su interés superior y la resolución adoptada». Una reclamación que busca auditar el proceso seguido con cada menor para después, según anunciaron, poder impugnar judicialmente por aquellos que se deriven a la Península.
Cree que no existe «más opción jurídica» que su vuelta a Rabat
La oposición a la acogida de menores migrantes no acompañados es una de las ideas que Vox tiene como eje prioritario en su acción política -ayer, en la carta, hicieron constar su «negativa»-. Fue precisamente el motivo que, en julio de 2024, le llevó a romper unilateralmente los cinco gobiernos de coalición que entonces compartía con el PP, después de que los populares aceptaran el sistema de reparto propuesto por el Gobierno. Y así, en los nuevos acuerdos autonómicos sellados en los últimos meses, el partido de Santiago Abascal ha querido dejar pactado por escrito cómo deben responder los ejecutivos de coalición ante cualquier distribución de menores. La impugnación judicial que anunció Vox ayer forma parte, precisamente, de esa hoja de ruta.
«No más menores extranjeros no acompañados», reza el primer punto recogido en el apartado «inmigración» de los acuerdos firmados en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Se añade que cada uno de estos gobiernos «se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad», y ahí se enmarca la impugnación judicial anunciada, que es uno de los instrumentos que los ejecutivos autonómicos pueden utilizar.
Hace constar por carta a la ministra su «negativa» al reparto previsto
No podrán, sin embargo, impedir que los menores que finalmente se decida derivar a la Península sean acogidos en los servicios asistenciales de su comunidad, pues este procedimiento está fijado por ley y es «vinculante» para las comunidades. «Nosotros siempre vamos a cumplir la ley. […] Pero nosotros vamos a dar la batalla con todos los medios que tenemos a nuestro alcance para que esos menores no lleguen a Extremadura», sostuvo anteayer el vicepresidente de esta región, Fernández, asumiendo así que el margen de maniobra de los dirigentes de Vox queda reducido a esa «oposición» por todos los cauces, que ya dan pistas de cómo se materializará.
Y que también tendrá su plasmación en un ámbito más simbólico, pues ayer sus tres vicepresidentes con competencias en inmigración -el andaluz no las tiene- comunicaron a Rego que no irán a la Comisión Sectorial de Infancia que se celebrará este jueves y que es el paso previo a la Conferencia Sectorial prevista para finales de mes, en la que se abordará el reparto de los niños.
