Transición Ecológica frena el proyecto fotovoltaico Aceca, de 347 megavatios, situado en una zona clave para su estrategia de ‘data center’ en el sur de Madrid Leer Transición Ecológica frena el proyecto fotovoltaico Aceca, de 347 megavatios, situado en una zona clave para su estrategia de ‘data center’ en el sur de Madrid Leer
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Jarro de agua fría para Iberdrola en pleno mes de agosto. El Ministerio para la Transición Ecológica ha denegado la autorización ambiental al megaparque solar FV Aceca en Toledo, principalmente, debido a su impacto en la fauna por su cercanía a un nido de águila imperial, una especie protegida. Para Iberdrola, la decisión no solo tumba un activo fotovoltaico de enorme potencial, también es un torpedo en la línea de flotación de una estrategia de 2.000 millones de euros para construir centros de datos a gran escala al sur de Madrid.
Iberdrola empezó a tramitar el parque en diciembre de 2022, cuando llegó a solicitar la declaración de utilidad pública. La mayor eléctrica del país quería aprovechar la infraestructura eléctrica de su central de ciclo combinado de gas Aceca, en Villaseca de la Sagra, para desplegar más de 700.000 paneles solares en los alrededores con una potencia instalada 347,51 megavatios (MW). Pero, a raíz del boom de la inteligencia artificial, el proyecto había cobrado un nuevo peso estratégico para la empresa, que tiene grandes planes para liderar el desarrollo de data centers en el área de influencia de la capital de España.
Las perspectivas para el negocio de generación fotovoltaica han dado un vuelco desde 2022. Hoy, el aumento de horas a precios cero o negativos en el mercado eléctrico y las crecientes restricciones a la producción por las limitaciones de la red están desbaratando los planes de negocio de los promotores. Pero, en los últimos años, a los generadores también se les ha abierto una ventana: los data center.
Estos nuevos jugadores son auténticos devoradores de electricidad y han puesto a España en su diana. Necesitan un volumen ingente de energía, preferiblemente limpia, las 24 horas del día… y están dispuestos a pagar un buen precio por ella. En el caso de Iberdrola, la propia energética ha entrado de lleno en el negocio de los centros de datos, con la frontera entre Madrid y Castilla-La Mancha como zona prioritaria.
El año pasado, Iberdrola firmó un acuerdo vinculante con el desarrollador de data center irlandés Echelon para movilizar alrededor de 2.000 millones de euros, través de una sociedad conjunta (joint venture), para desarrollar este tipo de activos en España. Iberdrola, dueña del 20% de esa filial, quedo encargada de identificar y asegurar terrenos con conexión a la red, así como de suministrar energía a los futuros centros de procesamiento.
Ambos socios marcaron un punto de partida: «Madrid Sur». Según anunciaron en su momento, el primer proyecto de la alianza sería un complejo de 160.000 metros cuadrados y 144 MW para procesamiento de datos, con una conexión eléctrica de 230 MW ya asegurada. La multinacional indicó que la demanda de electricidad de ese centro de datos la iba a cubrir «una planta solar fotovoltaica que se construirá in situ», complementada con capacidad extra de la energética española.
Según informó CincoDías, la idea era ubicar ese primer data center en las proximidades de la central de ciclo combinado Aceca, casi en la frontera entre Toledo y el territorio madrileño. Precisamente, el lugar donde Iberdrola pensaba levantar el megaparque solar que le acaba de frenar el Gobierno.
La resolución de Transición Ecológica pone palos en las ruedas al plan de Iberdrola y su socio irlandés. El ministerio que dirige Sara Aagesen argumenta ciertos impactos en la fauna, entre ellos, que el sector oeste de la planta se proyectó a escasos metros de un nido activo de águila imperial ibérica, lo que hacía la instalación «crítica e incompatible» con la conservación de una especie en peligro de extinción. Además, considera que Iberdrola hizo una valoración «inadecuada e insuficiente» de las ubicaciones alternativas, priorizando «variables técnicas o económicas ajenas a la fauna».
Tras cuatro años de periplo burocrático, el Ministerio ha devuelto el proyecto a la casilla de salida. En buena medida, porque al no obtener las autorizaciones administrativas en el plazo que fija la ley, a Iberdrola le ha caducado el permiso de acceso y conexión de la fotovoltaica, tal y como le hizo saber Red Eléctrica a finales de junio.
Iberdrola, que no ha hecho comentarios ante las preguntas de EL MUNDO, ya ha manifestado por el cauce administrativo su «total disconformidad» con la resolución. La eléctrica defiende que el Gobierno «no ha tenido en cuenta los informes emitidos por el órgano ambiental de la comunidad autónoma». Además, ha avisado que está dispuesta a emprender las acciones pertinentes para defender sus intereses.
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