España tiene energía renovable abundante, suelo y conectividad, pero Francia y Portugal ofrecen certidumbre y rapidez. Leer España tiene energía renovable abundante, suelo y conectividad, pero Francia y Portugal ofrecen certidumbre y rapidez. Leer
Hace cinco años, un centro de datos era una inversión de naturaleza prácticamente inmobiliaria: instalaciones de unas pocas decenas de megavatios cuya localización dependía sobre todo de la cercanía al cliente y del precio del suelo. Pero los centros de datos han dejado de ser meros almacenes de servidores, para pasar a ser la infraestructura física sobre la que descansa toda la economía digital: la nube, la IA, la banca digital, la sanidad y la Administración pública. Son proyectos industriales intensivos en capital, obra civil, ingeniería eléctrica, refrigeración, fibra y operación continua. Pueden formar talento, desarrollar proveedores exportables y mejorar la posición del país que los albergue en la economía digital europea. No es extraño, por tanto, que otros países estén compitiendo activamente por atraer estas inversiones.
Francia anunció en 2025 compromisos privados por 109.000 millones de euros para proyectos de inteligencia artificial, concentrados en buena medida en infraestructuras, y ha identificado decenas de emplazamientos preparados para centros de datos, con procedimientos administrativos simplificados y una electricidad abundante, estable y descarbonizada. Portugal, que compite con España por inversiones similares y cuenta también con abundantes recursos renovables y una posición privilegiada para la conectividad internacional, ha convertido la atracción de centros de datos en una política nacional, aprobando este año un Plan Nacional de Centros de Datos con el objetivo explícito de convertir al país en un hub europeo de estas infraestructuras.
Resultaría una ingenuidad afirmar que los centros de datos solo conllevan beneficios y ningún desafío. Los centros de datos consumen suelo, electricidad, agua y capacidad de red, recursos que podrían destinarse a otros usos. Para hacernos una idea de la magnitud: cualquiera de los dos centros de datos anunciados en Extremadura, de en torno a un gigavatio cada uno, más que duplicaría por sí solo toda la capacidad comercial instalada en España a cierre de 2025. Además, la cadena de valor de un centro de datos concentra sus mayores rentas en los chips y en los servicios de nube e IA, capas dominadas por un número reducido de multinacionales que rara vez dejan ese valor donde está la instalación. Lo que el territorio puede capturar se encuentra en las capas ancladas al lugar: la construcción, las instalaciones críticas, la operación, la formación y los proveedores.
Y es precisamente por todo ello por lo que la actuación del sector público es crucial para maximizar la retención de beneficios en España y ordenar el sector. En nuestro modelo territorial, la respuesta depende de distintos niveles de Administración. A la Administración General del Estado le corresponde fijar las condiciones de acceso a la red eléctrica, que es el recurso verdaderamente escaso y la llave de cualquier proyecto. A las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos les corresponden el suelo, las licencias, la ordenación del territorio y las condiciones para que estas inversiones generen valor en la región. Es fundamental que cada nivel ejerza sus competencias sin invadir las del otro, y que exista coordinación entre ambos.
En este contexto, resulta preocupante el proyecto de Real Decreto sobre sostenibilidad de los centros de datos que el Gobierno sometió a audiencia pública el 27 de agosto. Cuando se han concedido en torno a 12 gigavatios de capacidad de acceso para centros de datos y buena parte de esos proyectos difícilmente llegará a materializarse, resulta necesario evitar el acaparamiento de red y garantizar que las nuevas instalaciones sean eficientes y compatibles con la transición energética. El problema está en cómo se pretende hacerlo.
El proyecto exige que los centros de datos de al menos un megavatio cubran el 80% de su consumo con nueva generación renovable. A esta exigencia de adicionalidad añade otra mucho más difícil de cumplir: la correlación horaria. No basta con que al final del año la electricidad renovable contratada equivalga al consumo del centro. En cada hora, el 80% de la electricidad utilizada debe corresponderse con generación renovable producida durante esa misma hora. Para una instalación que funciona 24 horas al día, cuando el sol no siempre brilla y el viento no siempre sopla, esto obliga a sobredimensionar contratos, combinar tecnologías y recurrir de forma muy intensa al almacenamiento.
La comparación con Irlanda ayuda a entender la excepcionalidad del diseño español. Irlanda es precisamente el país europeo donde la presión de los centros de datos sobre el sistema eléctrico ha llegado más lejos. Su nueva política de conexiones también exige adicionalidad: al menos el 80% de la demanda anual deberá cubrirse con nueva generación renovable situada en el país. Además, los nuevos centros deberán aportar generación o almacenamiento suficiente para cubrir su potencia máxima. Pero Irlanda mide ese 80% sobre el conjunto del año, no hora a hora, y concede seis años para desarrollar la nueva generación renovable. El regulador irlandés reconoce expresamente que ese plazo responde a los tiempos reales necesarios para construir nuevos proyectos renovables.
El régimen español es además especialmente duro: el incumplimiento puede generar recargos muy elevados y, si persiste, la pérdida de los permisos de acceso y conexión. Las nuevas exigencias alcanzan incluso a proyectos con permisos ya concedidos pero aún no conectados, a los que se da solo seis meses para adaptarse.
Ordenar una red escasa es necesario, pero la cuestión es si este diseño es proporcionado y utiliza el instrumento adecuado. Para depurar solicitudes especulativas existen mecanismos más directamente vinculados al problema, como hitos de madurez, garantías, criterios técnicos y concursos transparentes cuando varios proyectos compiten por la misma capacidad.
Estas exigencias al Gobierno de España no eximen a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos de hacer bien su parte. También ellos deben ser exigentes y establecer marcos transparentes para maximizar el valor que estas inversiones dejan en el territorio. Y no se trata de una cuestión meramente redistributiva, sino de eficiencia. Primero, la capacidad de red se asigna administrativamente y tiene un elevado coste de oportunidad frente a otros usos, como la electrificación industrial, el transporte o la vivienda. Segundo, recursos como el agua no siempre tienen un precio que refleje adecuadamente su escasez. Tercero, existen externalidades positivas, como la formación de proveedores, el desarrollo de talento o la adopción tecnológica, que el mercado por sí solo tenderá a infraproducir. El reto territorial consiste en convertir la implantación física del centro de datos en capacidades económicas duraderas.
España reúne condiciones difíciles de encontrar juntas en Europa: energía renovable abundante, suelo disponible, buena conectividad y un sector de construcción e ingeniería de primer nivel. Pero en un mercado donde Francia y Portugal ofrecen certidumbre y rapidez, las inversiones no esperan a que los marcos regulatorios se corrijan. El Real Decreto está a tiempo de cumplir su verdadero objetivo, que es ordenar el sector; en su diseño actual, corre el riesgo de matarlo y de que los beneficios de esta transformación se los lleven otros.
*Judith Arnal es investigadora principal en Real Instituto Elcano, CEPS y Fedeax.
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