Se complica la aprobación de la Planificación eléctrica a 2030, de la que depende el plan inversor más ambicioso en la historia de Redeia. Los analistas, por su parte, señalan a Enagás por su exposición al hidrógeno verde Leer Se complica la aprobación de la Planificación eléctrica a 2030, de la que depende el plan inversor más ambicioso en la historia de Redeia. Los analistas, por su parte, señalan a Enagás por su exposición al hidrógeno verde Leer
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El adelanto electoral ha desatado un terremoto en el sector energético, donde las inversiones se deciden con luces largas y las cuentas oscilan a golpe de BOE. El anuncio de Pedro Sánchez tiene bajo la lupa a dos empresas participadas por el Estado: Redeia y Enagás. La primera encaja el nuevo escenario con dos frentes abiertos. El financiero, porque su plan inversor hasta la siguiente década depende de que el Gobierno apruebe una Planificación vinculante que ha quedado en el aire. Y el político, pues un eventual relevo en La Moncloa apunta directamente a Beatriz Corredor, su presidenta. De Enagás, el mercado avisa que su apuesta estrella estará más lejos con un Ejecutivo de PP y Vox.
La Planificación no es un documento cualquiera para Redeia, matriz de Red Eléctrica, el operador del sistema, sino que es vinculante: la empresa no puede acometer actuaciones que no figuren en ella. La que se encuentra ahora en tramitación pretendía el ordenar el periodo 2025-2030. Avanza con un año de retraso, pese que es especialmente relevante.
Primero, por su envergadura. Tras analizar 2.566 alegaciones, el Ministerio para la Transición Ecológica amplió en septiembre la inversión prevista hasta 2030 por encima de los 17.000 millones, un récord histórico. Segundo, por su enfoque: por primera vez prioriza la entrada de nuevos consumidores, frente a los generadores. El Gobierno la diseñó especialmente para intentar desbloquear esta infraestructura, colapsada en toda España por una ola de peticiones de conexión de nueva demanda, sobre todo de centros de datos.
Esos 17.000 millones irán a la red de transporte o alta tensión, que gestiona Redeia. La Planificación y la hoja de ruta de esta compañía son siempre dos caras de una misma moneda. El plan estratégico que Redeia presentó en febrero, el más ambicioso de su historia, prevé movilizar 13.000 millones para 2031 (cifra que Moncloa contempló en el proyecto de Planificación inicial, y que luego subió en 4.000 millones extra). Redeia calculó que en el periodo su base de activos regulados -de la que depende su retribución- crecería un 35%. En resumen, el futuro de la empresa está ligado al de la propia Planificación.
El Gobierno no necesita el sí del Congreso para aprobarla, pero la ley exige «someterla» a la Cámara. Ahora, los juristas están estudiando cómo encaja este trámite con unas Cortes disueltas, y si cabe llevar el plan eléctrico a la diputación permanente, en línea con la estrategia trazada para los decretos de vivienda. Frente al Pleno, en este órgano PP, Vox y Junts no suman mayoría absoluta.
El problema es de plazos. La Planificación sigue pendiente de un trámite ambiental que puede demorarse varios meses y que, en este caso, debe ratificar un plan que ha crecido un 30% desde que se sometió a información pública. En Transición Ecológica son conscientes de que el 29 de noviembre está a la vuelta de la esquina. Hay muchos temas pendientes y no va a dar tiempo a aprobarlo todo. «Es pronto para poder responder. Dependerá de los plazos y las prioridades», señalan fuentes oficiales.
Corredor, además, está en la diana de la oposición desde el gran apagón de 2025, cuando vivió momentos de máxima tensión con senadores y diputados de la bancada conservadora que investigaron el incidente. Si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa, su relevo se da por descontado. De hecho, hasta tres fuentes del entorno del PP sitúan a Corredor como «la primera» presidenta de entre las empresas controladas por la Sepi que saldrían «según se forme el Gobierno».
Goldman Sachs publicó ayer un informe, adelantado a EL MUNDO, sobre el efecto de la cita electoral en el sector. El banco, que mantiene recomendación de venta sobre Enagás, ya contaba en su escenario central con retrasos en los planes de hidrógeno verde del grupo, frente a lo prometido. Un eventual cambio de Gobierno, avisa, podría agravarlos «dados los largos plazos necesarios para aprobar la legislación», generando «una incertidumbre adicional sobre la estrategia futura y la asignación de capital» de Enagás.
Y si el hidrógeno pierde pie, se tambalea todo el plan estratégico del CEO, Arturo Gonzalo Aizpiri, que contempla invertir más de 4.000 millones en este combustible limpio hasta 2030 para que este negocio pese más que el del gas. Hoy, los populares no ven este vector como una prioridad, y menos aún si Vox está en la foto.
- Un Gobierno de las derechas, según Goldman Sachs, beneficiaría a la renovable Solaria debido a su exposición a los centros de datos, a los que PP y Vox quieren poner la alfombra roja, en contraste con las restricciones que ha tratado de introducir el actual Gobierno. Un giro en La Moncloa también acercaría la prórroga nuclear, con la que Endesa e Iberdrola ganarían entre 500 y 750 millones de ebitda anual cada una, afirma el banco.
- Al otro lado, junto a Enagás, el banco de Wall Street coloca también a Endesa. Si un nuevo Gobierno recorta los márgenes de comercialización de electricidad, como asegura que ha ocurrido en otros países europeos, la filial española de Enel podría recortar un 7% su beneficio por acción, frente al 3% de Naturgy y el 2% de Iberdrola.
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