La Audiencia Provincial admite la petición de las defensas de los encausados, que consideran que tendrán más garantías si lo hacen en último lugar tras los testigos Leer La Audiencia Provincial admite la petición de las defensas de los encausados, que consideran que tendrán más garantías si lo hacen en último lugar tras los testigos Leer España // elmundo
Las declaraciones como acusados de David Sánchez Pérez-Castejón, el ex presidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y los otros nueve encausados en el juicio sobre el presunto trato de favor en la contratación del hermano del presidente del gobierno en la institución pacense en el año 2017 ya no abrirán el juicio que arrancará en la Audiencia Provincial de Badajoz el próximo día 28 de mayo. En un primer momento, estaba fijado que tanto este día como el siguiente, el 29, fueran las jornadas establecidas para escuchar los testimonios de los 11 acusados por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencia. Posteriormente, estaban fijadas las declaraciones de una quincena de testigos. La fecha de finalización prevista de las sesiones está fijada para el 4 de junio, como había fijado el magistrado de la Audiencia Provincial de Badajoz ponente de la causa, Emilio Serrano.
Sin embargo, en un escrito presentado a la Sala, las defensas habían solicitado un cambio de orden en las declaraciones para que sus clientes declararan los últimos al considerar que tienen un mayor derecho a defenderse si tienen la oportunidad con anterioridad de escuchar a los testigos del caso. De esta manera, y aún sin fecha exacta concreto por confirmar por parte de la Audiencia Provincial, este órgano judicial ha confirmado hoy que, aunque se mantienen las fechas del juicio oral del 28 de mayo al 4 de junio, los acusados ya no declararán los días 28 y 29, al haber admitido la Sala el requerimiento de sus defensas. Fuentes judiciales apuntan a una situación «lógica» la petición del cambio de fechas y que declaren los acusados los últimos», tal y como ha ocurrido esta misma semana en el caso de las mascarillas con el ex ministro Ábalos y Koldo García.
Por ejemplo, uno de los abogados, el de Juana Cinta (ex directora de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz), señala en su petición que «el criterio del Tribunal Supremo sobre la declaración en último lugar constituye una garantía del derecho de defensa del acusado … que el acusado declare en último lugar obviamente, garantiza mejor el derecho de defensa, y debería ser admitido, porque, obviamente, no se ejerce igual el derecho de defensa con el interrogatorio por el letrado en último lugar que con la ‘autodefensa’, el trámite de última palabra». También lo pidió posteriormente, el abogado de David Sánchez, el letrado Emilio Cortés, el pasado 29 de abril: «… interesando que la declaración de los acusados se lleve a término tras la práctica de la prueba -en sentido estricto- en el plenario. A tales efectos, damos por reproducidos los atinados argumentos de la representación de Dña. Juana Cinta Calderón Zazo, que ilustran acerca de la pertinencia y conveniencia del establecimiento de este orden en estrados».
Así las cosas, los dos primeros días, en sesiones de mañana, se dedicarán a las cuestiones previas y a partir del día 1 de junio, en jornadas de mañana y tarde, están citados los testigos para cerrar el juicio los acusados. Además del hermano del presidente del gobierno y del ex secretario general de los socialistas extremeños, el resto de investigados son cargos y ex responsables de diversas áreas de gestión de la Diputación de Badajoz, así como el ex jefe de la Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de esta institución provincial, Luis María Carrero, amigo de David Sánchez y quien anteriormente trabajó como asesor en el Ministerio de Presidencia. Por esta causa concreta, el hermano del presidente del gobierno también está acusado de prevaricación y tráfico de influencias por supuestamente influir en la contratación de Carrero en la Diputación de Badajoz.
Entre los testigos figuran aspirantes al puesto que finalmente ocupó David Sánchez (que luego se transformó de forma irregular, según la jueza de Instrucción Beatriz Biedma, en Jefe de la Oficina de Artes Escénicas), el de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación, y directores y exdirectores de los conservatorios. Además, declararán cuatro testigos más y nueve agentes de la Guardia Civil que participaron en las investigaciones de esta causa.
El juicio contará con siete acusaciones populares (Manos Limpias, HazteOír, Vox, PP, Iustitia Europa, Asociación Liberum y Fundación de Abogados Cristianos) que en el periodo de instrucción estuvieron unificadas.
El auto de procesamiento de Beatriz Biedma argumenta que David Sánchez, teniendo «conocimiento previo» de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz se había «creado para él», se presentó a la convocatoria «e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo».
La jueza considera que la creación del puesto fue «a petición, seguramente, de persona o personas» del entorno de David Sánchez que «conocían la necesidad» de este, quien «en ese momento carecía de trabajo estable». Además, la creación de dicho empleo, decidida supuestamente por Gallardo, la entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez, y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, tenía como «objetivo» que fuera ocupado por David Sánchez, que dimitió de su cargo en febrero de este año en pleno proceso de investigación.
La jueza también procesa a Luis María Carrero, quien, según la jueza instructora, habría utilizado la influencia derivada de «su amistad íntima» con David Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz.
Por el contrario, la Fiscalía giró su posicionamiento durante el proceso de instrucción y pidió el archivo de la causa al entender que no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir la comisión de los delitos.
