El clamor contra el desahucio de la anciana, convertida en símbolo, presionan al PSOE para tomar medidas y sacar un decreto «este mismo martes» ante el riesgo de un estallido social Leer El clamor contra el desahucio de la anciana, convertida en símbolo, presionan al PSOE para tomar medidas y sacar un decreto «este mismo martes» ante el riesgo de un estallido social Leer España // elmundo
La crudeza del desahucio de Maricarmen, de 87 años, ha hecho un clic en las conciencias y en el Gobierno, que ahora admite que se está ante un «punto de inflexión» en vivienda que le exige dar respuestas inmediatas, a poder ser «este mismo martes», ante el clamor social. Y es que, las imágenes de la anciana saliendo en camilla, expulsada de la casa donde ha vivido más de 70 años, ha devuelto a los españoles al trauma de los peores años de la crisis. Cuando las dramáticas imágenes de las familias perdiendo su casa inundaban los periódicos y copaban los programas de televisión. En realidad, aquella herida colectiva nunca dejó de sangrar. Sólo que antes era a borbotones y ahora es gota a gota. En silencio van 4.000 desahucios sólo en el primer trimestre de este año.
El de Maricarmen se incorporará más adelante a esa fría estadística, pero por las condiciones en las que se ha producido, esta expulsión ha provocado el resurgir de un clamor social por la vivienda que recuerda al que originó el 15-M. No es una protesta esporádica por este caso concreto, sino que hay una conexión más profunda con la angustia de generaciones de españoles que se enfrentan día a día a un problema que se ha desbocado como la principal preocupación de los ciudadanos. La vivienda es un agujero negro para millones de personas que bien no pueden comprar una casa por los precios estratosféricos o bien sufren cada mes para pagar alquileres que devoran sus salarios y empobrecen sus condiciones de vida.
Este contexto es el que ha convertido a Maricarmen en un símbolo. El que ahora persigue a un Gobierno de izquierdas que durante los ocho años de Pedro Sánchez en Moncloa se ha visto incapaz de embridar una situación que no ha hecho más que empeorar.
Un sector de la política y de la sociedad civil vinculado a Sumar y la izquierda alternativa ha entonado su basta ya. Y ahora amenaza con reaccionar en las calles y redirigir las protestas por el caso de Maricarmen contra el Gobierno si no hay una reacción inmediata en forma de medidas. Ha irrumpido hasta Ada Colau, emblema de los años de plomo de los desahucios y luego encumbrada a alcaldesa de Barcelona, para advertir de que si no llegan las respuestas, lo primero que tiene que pasar es la ruptura del Gobierno de coalición con la marcha de Sumar para no ser «cómplice» de la «cobardía del PSOE». «Se acabó», dicta sentencia Colau.
Toda esta presión de las últimas horas sobre Sánchez para tomar medidas está siendo tan fuerte que hasta Moncloa admite que el desahucio de Maricarmen es «un punto de inflexión», y que es «evidente» que la sociedad «requiere respuestas» en materia de vivienda. «Da igual el partido», porque abarca a todos.
Es por eso que fuentes del Gobierno piden a todos los grupos del Congreso «recapacitar» para ofrecer medidas ante este problema y salir del bloqueo en el que se embarrado la legislatura. Se les llama al «entendimiento» para ponerse de acuerdo en el real decreto ley que viene preparando el Gobierno desde julio para que, ésta vez sí, pueda salir aprobado por el Congreso. No como el último, que fue tumbado con los votos de PP, Vox y Junts. Para conseguirlo ahora, dicen las fuentes consultadas, todo el mundo tiene que ser consciente de que tiene que «ceder» en sus posiciones de máximos.
La necesidad aprieta al Gobierno pero también a los grupos parlamentarios. Tras el caso Maricarmen, Junts ha admitido ahora que mantiene una vía de negociación con el Ejecutivo sobre el contenido del real decreto . Fuentes del partido catalán explicaron ayer que hace dos semanas que entregaron sus propuestas y que el PSOE las está estudiando.
La reactivación de las conversaciones con Junts da oxígeno al Gobierno porque todo pasa por sus votos. Es el muro contra el que se ha ido estrellando estos meses atrás y que ha provocado que decayeran anteriores decretos que paralizaban los desahucios o que congelaban los precios del alquiler.
Precisamente por esta concatenación de votaciones perdidas se está ahora ante un nuevo decreto ley sobre vivienda. Porque Sumar, que ya se amotinó durante un Consejo de Ministros para congelar los alquileres, se plantó a inicios de verano para exigir al PSOE volver a la carga con este problema. Se intentó aprobar el texto en julio, pero como no hubo consenso, esencialmente conJunts, se aplazó la promesa a septiembre, donde a punto de agotar el mes todavía no ha sido posible sacarlo adelante.
Y como la presión opera para todos. El primero en estallar ha sido Sumar, que tras el caso Maricarmen da un ultimátum al PSOE para aprobar el próximo martes el decreto de vivienda. Sea con el consenso de Junts o no, porque -al igual que dice Moncloa- se está ante un «punto de inflexión». Así, Sumar exige ofrecer algo «sí o sí» en el Consejo de Ministros del martes.Y si luego hay que presionar a Junts desde las calles, como planteó ayer Pablo Bustinduy, para que vote el decreto ley, se hace. Pero no se puede esperar.
En Moncloa son conscientes de esas prisas por ofrecer respuestas y se apunta a que, en efecto, se trabaja para que el decreto vea la luz «este mismo martes».
Fuentes de Sumar creen que la presión es tan fuerte sobre el PSOE que puede aceptar medidas en ese texto que antes veía más difíciles. Y eso lleva principalmente a pensar en fórmulas para la paralización de los desahucios. Y no sólo.
Sumar exige tres grandes medidas. Una, «la congelación y prórroga de los alquileres». Dos, «la regulación de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, las viviendas de temporada o las habitaciones». Y, tres, «la protección de las familias y los inquilinos frente a fondos buitre». Importante este último matiz, que no alude a la paralización generalizada de los desahucios, sino cuando los propietarios no son particulares, sino grandes inversores.
Frente a este paquete, Junts enfoca sus exigencias por la vía de las desgravaciones fiscales para los pequeños tenedores o las cuentas de ahorro para la compra. Medidas que desatan la oposición de una parte de la izquierda.
En esta búsqueda para encajar las piezas -que en definitiva son los votos-, el Gobierno celebra que Junts esté dispuesto a hablar y que Podemos no se haya levantado de la mesa. Pero se señala al PP y se le insta a negociar también el decreto de vivienda. «Que diga el PP que es lo que no le gusta ahora del decreto que sí que apoyó en 2025 y podemos estudiar cambios para intentar incorporarlos a este acuerdo», recalcan fuentes del Gobierno.
Se insiste en que los de Feijóo «no tienen ningún motivo para que sigan sin apoyar ahora» lo que aprobaron antes y empujan a que al menos puedan «abstenerse» para permitir que el decreto pueda ser convalidado.
Además del decreto, Sumar ha encabezado un movimiento para exigir que el Consejo de Ministros del próximo martes también apruebe la expropiación de la vivienda en la que vivía Maricarmen. Con todos los ministros, empezando por Yolanda Díaz, metiendo presión,
En medio de esto, las últimas horas han precipitado un cruce de acusaciones y reproches entre Sumar y el PSOE sobre las responsabilidades en el fracaso de las políticas de vivienda. Harto de los reproches contra su partido, Óscar Puente se revolvió acusándoles de «hacer de tonto útil de la derecha». «A izquierdista no me gana nadie».
