La patronal denuncia que impone unos requisitos que no exige a los centros de otra titularidad Leer La patronal denuncia que impone unos requisitos que no exige a los centros de otra titularidad Leer España // elmundo
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La ministra de Educación, Milagros Tolón, volvió a espolear ayer a la enseñanza privada con su nuevo real decreto de Formación Profesional, una norma que limita el margen de actuación de los centros no públicos y que erradica la educación online. «Estamos a favor de que se regule la calidad, pero ésta ha de extenderse a todos los centros del sistema, no sólo a los privados. ¿No se debería garantizar también en los centros públicos»?, expresa Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), organización empresarial que reúne a miles de centros privados y concertados de toda España.
El decreto de Tolón, que previsiblemente estará para final de año, es el tercero que saca el Gobierno para erradicar lo que denomina «chiringuitos». Dos de ellos implantaron exigencias muy altas a las universidades privadas y éste habla, en la misma línea, de poner una «garantía de calidad» para la FP privada.
Obliga a todos los centros online a una presencialidad que antes no poseían: si son virtuales, la asistencia física tendrá que ser de entre un 15% y un 39% del horario lectivo, además de la formación en empresa; si son semivirtuales, la presencialidad será de entre el 40% y el 60%. Además, fija una ratio máxima para toda España –50 alumnos por aula en la virtual y 25 en la presencial-, según el proyecto de 78 páginas que el Ministerio sometió ayer a información pública.
El borrador obliga a todos los centros o bien a disponer de una oferta presencial de al menos dos familias profesionales, con un mínimo de dos ciclos por cada una, o bien a impartir ciclos de grado básico, grado medio y grado superior cuando la familia los tenga. Eso es especialmente complicado de cumplir con la oferta de grado básico, que es muy limitada y que ahora habrá que impartir siempre.
Por otro lado, los centros deben realizar una programación de los proyectos de innovación que prevean desarrollar en los cuatro cursos siguientes y establecer por anticipado los recursos y actuaciones para la internacionalización de sus actividades, aunque cualquiera del sector sabe que estos proyectos están sujetos a una financiación que no está garantizada.
«El real decreto exige una serie de requisitos a los centros privados que les va a poner en desventaja con aquellos centros a los que no se les exija», advierte García, que recuerda que «también existen chiringuitos en la pública»: «Sabemos de muchos centros públicos en diferentes CCAA que no han empezado las clases todavía porque no tienen cubiertos sus cupos de profesores», denuncia. «El hecho de ser un centro de determinada titularidad o estar financiado con fondos públicos no es sinónimo de calidad garantizada».
«Las medidas deberían ser iguales para todos los centros. Hay algunas que nada tienen que ver con la calidad y sí con el control y la intención de dificultar la autorización de centros privados», alerta el responsable de CECE, que ve un agravio comparativo en que sólo se exijan a la privada, y no a la pública, medidas como una programación de formación permanente «adecuada a la evolución tecnológica, productiva, metodológica y digital de los sectores», o todo tipo de documentación para garantizar la solvencia económica, así compara explicar qué ocurre si hay un supuesto cese de actividad.
Igualmente, se obliga a tener «simuladores, gemelos digitales, realidad virtual u otros medios tecnológicos adecuados»; un servicio de orientación profesional, y personal para atención del alumnado con necesidades de apoyo.
Los centros tendrán que dar cuenta a las CCAA presentando una memoria cada cuatro años. Si no cumplen los requisitos, su licencia será revocada y sus alumnos, repartidos por otros centros.
