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El Ministerio de Educación aprobó en noviembre de 2025 el anteproyecto que rebaja el máximo de alumnos por aula de 25 a 22 en Primaria y de 30 a 25 en ESO. La memoria económica del Gobierno sostiene que la reforma «no tendría por qué suponer un incremento de costes» porque la caída de la natalidad que España lleva lustros experimentando, se traducirá en una caída de la población en edad escolar que será suficiente como para ajustar por si sola la ratio de alumnos por clase a la baja. Sin embargo, un nuevo análisis de EsadeEcPol, firmado por los investigadores Lucas Gortazar y José Montalbán, pone cifras a esa promesa y concluye que el «dividendo demográfico» asociado a la caída de la natalidad será insuficiente para financiar la medida.
La premisa de la que parte el ministerio de educación es totalmente cierta, España pierde alumnado a un ritmo acelerado desde hace años. Concretamente, las proyecciones del INE de 2024 anticipan una caída del 12,6 % en la cohorte de Primaria y del 19,1 % en la de ESO entre 2026 y 2036. Ese descenso liberará recursos del sistema educativo, el llamado «dividendo demográfico», por valor acumulado de 14.741 millones en la próxima década. La cuestión es si ese ahorro basta para pagar la reforma o si, por el contrario, el Estado deberá poner dinero adicional sobre la mesa si quiere lograr la caída del número de alumnos por clase que la reforma ambiciona.
El informe cifra el coste real acumulado de la reforma entre 2027 y 2036 en 42.926 millones de euros, una vez sumado el gasto recurrente en profesorado, el doble cómputo del alumnado con necesidades educativas especiales y la inversión en aulas nuevas. Tras descontar el dividendo demográfico, que será creciente en el tiempo hasta finales de la década de 2036, quedan 28.184 millones que las administraciones tendrán que añadir a sus presupuestos para alcanzar los objetivos de la reforma. En el año pico, 2031, ese esfuerzo equivaldrá al 13,8 % del gasto público nacional en Primaria y ESO.
El anteproyecto del ministerio fija topes de 22 alumnos por clase en Primaria y 25 en la ESO, pero la combinación de dos cláusulas adicionales, el margen del 10 % por causas excepcionales que ya contempla la LOE y el doble cómputo del alumnado con necesidades educativas especiales, eleva el umbral real al que tendrán que ajustarse las aulas. La media nacional se sitúa en 23,2 alumnos en Primaria y 26,6 en ESO, lejos del objetivo nominal que el Gobierno ha vendido públicamente.
Bajo esas condiciones, EsadeEcPol estima que harán falta 69.300 aulas adicionales y 103.000 docentes más en pleno régimen. El coste real, sumando profesorado e infraestructura, sigue una trayectoria escalonada hasta alcanzar los 6.549 millones de euros al año en 2031, año en que la reforma estará plenamente desplegada de acuerdo con el plan del gobierno. La cifra equivale al 17,5 % del gasto público en Primaria y ESO de ese año, que lo permite dimensionar el enorme peso sobre el gasto educativo que tendría la reforma y que, previsiblemente, restaría recursos a cualquier otra iniciativa. A partir de ahí desaparece el coste de obra y el gasto se estabiliza en torno a los 4.900 millones anuales recurrentes.
El argumento de que la demografía pagará la reforma se sostiene mal cuando se mira al año en que la medida está plenamente vigente. En 2031, el dividendo demográfico apenas cubre el 21 % del coste real, ya que aporta 1.380 millones frente a los 6.549 millones que cuesta ejecutar la reforma, dejando un esfuerzo neto de 5.169 millones a cargo de las administraciones educativas. El cruce de ambas líneas no se produce dentro del horizonte de la próxima década, aunque la brecha sí se va estrechando a partir de 2032. En última instancia, esto supone que la reforma plantea emplear todo el exceso de gasto público en educación fruto de la caída de la natalidad única y exclusivamente en reducir el tamaño de las clases, una medida que, como veremos, dista mucho de ser la mejor alternativa en términos de coste-eficiencia.
El esfuerzo fiscal que requeriría la reforma no se reparte de forma homogénea. Solo tres comunidades autónomas, Andalucía, Cataluña y Madrid, absorben el 63 % del coste nacional, y si se suma la Comunidad Valenciana superan el 72 %. Andalucía y Cataluña soportan una carga superior a su peso demográfico, porque combinan varios factores clave, como un mayor volumen de alumnado, ratios medias por encima del umbral y una prevalencia relativamente alta de alumnos con necesidades especiales. Las regiones más pequeñas y con un mayor componente de ruralidad, como La Rioja, Castilla y León y otras regiones del norte, suman una parte menor del coste de la reforma, y sirven de ejemplo adelantado de las consecuencias del invierno demográfico sobre las aulas.
Más llamativo todavía es lo que ocurre al desagregar el coste por nivel socioeconómico del alumnado. La reforma destinará más recursos a los centros con perfiles socioeconómicos más altos, no a los más vulnerables. El cuartil más alto concentrará el 31,2 % del coste total, frente al 21,9 % del más bajo. La razón es intuitiva, las aulas que rebasan el nuevo tope se concentran en zonas urbanas de mayor demanda, donde los centros tienen ratios más altas y, por tanto, son los que más desdobles necesitan.
El propio anteproyecto reconoce en su exposición de motivos que «los mayores beneficios educativos de las reducciones de ratios se observan» en centros de alta complejidad social. Sin embargo, el diseño universal de la reforma produce el efecto contrario, el grueso del esfuerzo presupuestario se dirige a centros donde el impacto esperable es menor. El meta-análisis de Opatrny y otros (2025), que revisa 66 estudios causales, concluye que reducir la ratio no tiene efectos significativos agregados sobre el aprendizaje. Los efectos sobre el bienestar docente son reales pero modestos, y solo equivalen a una subida salarial del 6 %, cuando el mismo presupuesto asociado a la reforma permitiría una subida cercana al 21 %.
España tiene ante sí una ventana de oportunidad que no se repetirá en décadas. El desplome de la natalidad va a liberar miles de millones del presupuesto educativo con independencia de lo que decida el Gobierno, y la elección que ahora se toma es cómo emplearlos. Destinarlos íntegramente a reducir el tamaño de las clases de forma generalizada es una apuesta cara, de eficacia cuestionada por la evidencia internacional y que, además, favorece desproporcionadamente a los centros donde menos falta hace. Los mismos recursos permitirían financiar tutorías intensivas para el alumnado más rezagado, complementos salariales que atraigan a los mejores docentes hacia los centros más difíciles, o un MIR educativo que eleve la formación desde el primer día en el aula. Todas esas medidas cuentan con un respaldo empírico mucho más sólido. La reforma de ratios no tiene por qué descartarse, pero aplicarla de forma universal y a este coste significa elegir la política más visible sobre la política más eficaz. El dividendo demográfico es un legado irrepetible, malgastarlo sería un lujo que el sistema educativo español no puede permitirse.
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