El presidente de la aerolínea confiesa ahora que el «control efectivo» lo tenía el venezolano Rodolfo Reyes, mientras que la Sepi validó el rescate con la premisa de que el mando estaba en manos españolas Leer El presidente de la aerolínea confiesa ahora que el «control efectivo» lo tenía el venezolano Rodolfo Reyes, mientras que la Sepi validó el rescate con la premisa de que el mando estaba en manos españolas Leer España // elmundo
El Gobierno aprobó en marzo de 2021 el rescate a Plus Ultra sobre la base de un accionariado y estructura de control irreal y falseado. Así se desprende de la contradicción que aflora al contrastar la última revelación al juez del presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, con la documentación entregada para el rescate a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que ha tenido acceso EL MUNDO.
En el escrito remitido al juez, Martínez Sola señala que el control de Plus Ultra en aquella época lo ejercía Rodolfo Reyes, de nacionalidad venezolana, con un 64%. «Rodolfo Reyes, como representante del máximo accionista (64%), con control en el Consejo y director general (2017-2021), ejercía el poder en la compañía». Martínez Sola, que era vicepresidente entonces, descarga así en Reyes la responsabilidad de los presuntos delitos relacionados con Zapatero, pero desvela un dato que puede afectar a la legalidad de la ayuda estatal concedida hace cinco años.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sólo considera españolas y otorga licencia de explotación a las aerolíneas que cumplen la condición de «que más del 50% de la propiedad de la compañía, así como su control efectivo, esté en manos de los Estados miembros o de sus nacionales». Es decir, si el «control efectivo» lo ejerce un ciudadano venezolano, la compañía no puede ser considerada una aerolínea con licencia de explotación en España y, por tanto, no habría reunido los requisitos para recibir un rescate del Estado de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Según el escrito de Martínez Sola, «Rodolfo Reyes, pues, mantuvo el control efectivo de la compañía hasta su salida del accionariado en octubre de 2025». En la documentación remitida a la Sepi en 2021 se hacía constar que la nacionalidad de Reyes es «venezolana» con un número de identificación fiscal de ciudadano extranjero.
La entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificó precisamente la ayuda estatal porque la aerolínea era estratégica para España por contar «con licencia de tipo A» concedida por AESA. Fuentes oficiales de Plus Ultra relativizan el nuevo dato sobre Rodolfo Reyes porque señalan que él era sólo «representante» de una sociedad española llamada Snip Aviation, en la que «la socia mayoritaria y propietaria era Aurora López, esposa de Rodolfo y de nacionalidad española».
Sin embargo, del escrito judicial de Martínez Sola se desprende no sólo la citada contradicción sobre que Reyes tuviera el control de la compañía. También hay otra: el porcentaje que tenía Snip Aviation en la aerolínea, según informó la propia compañía a la SEPI y a la AESA -véase la reproducción adjunta- en 2021, no era del 64%, sino del 45,33%.
Sobre este último dato, fuentes oficiales de Plus Ultra explican a este diario que hay que sumar a ese porcentaje el 11,47% de FlySpain. Pero esta última sociedad era presentada en la documentación remitida a la SEPI como una sociedad diferente y no aliada con Snip Aviation. De hecho, Plus Ultra informó de que estaba representada no por Reyes, sino por Fernando González Enfedaque, fundador de Plus Ultra antes del desembarco venezolano.
En su informe legal decisivo, el asesor de la SEPI, Deloitte, también presentó a Snip Aviation y FlySpain como socios diferentes y no muestra haber tenido conocimiento de la venta de esta última sociedad a Rodolfo Reyes, como sí asegura Martínez Sola que se había producido. «No existen pactos de accionistas actualmente en vigor con relación a la sociedad», asesoró Deloitte a la SEPI. Si era evidente que Reyes era el dueño de ambas, queda en el aire por qué no se tuvo en cuenta en el informe jurídico.
En la misma línea, la SEPI asumía que Snip Aviation no tenía la mayoría, porque incluyó una cláusula según la cual Plus Ultra debía devolver anticipadamente todo el rescate si se producía alguna de estas dos circunstancias, como publicó este diario el pasado 19 de abril: «Una modificación de la composición accionarial actual en un porcentaje superior al 50% del capital social; o que se produzca la transmisión de toda o parte de la participación en el capital social de la financiada ostentada por Snip Aviation». Esta última salió del accionariado el pasado año, según el escrito de Martínez Sola, pero la SEPI no forzó la devolución del dinero.
Actualmente ya no habría dudas sobre la existencia de accionistas españoles en Plus Ultra, pero ¿las había en la época del rescate? Según la guía que ofrece la AESA a las compañías aéreas que quieren mantener la licencia en España, deben avisar si se producen cambios de control en favor de extracomunitarios.
«Según la interpretación de la AESA, el Reglamento (CE) 1008/2008 del Consejo intenta evitar que el control efectivo pueda ser ejercido de forma conjunta por grupos de accionistas no europeos. En todos aquellos casos en los que los nacionales no europeos tengan una influencia significativa, se deberá garantizar que el poder de decisión último está en manos de los inversores europeos«, dice la AESA, dependiente del Ministerio de Transportes.
