Juez y fiscal valoran de forma positiva la confesión del empresario Julio Martínez Martínez y los detallados escritos de colaboración de los responsables de Plus Ultra Leer Juez y fiscal valoran de forma positiva la confesión del empresario Julio Martínez Martínez y los detallados escritos de colaboración de los responsables de Plus Ultra Leer España // elmundo
Audio generado con IA
Las confesiones del empresario Julio Martínez Martínez y los responsables de la aerolínea Plus Ultra, el dueño Julio Martínez Sola, y el CEO de la compañía, Roberto Roselli, son valoradas como un «gran avance» por las distintas fuentes de la investigación consultadas por EL MUNDO.
Tanto el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama como la fiscal Anticorrupción Elena Lorente consideran que estas colaboraciones les permiten acelerar la instrucción abierta por el rescate estatal de 53 millones de euros que recibió la aerolínea Plus Ultra. Creen que el impulso dado, calificado como «un paso gigante», con las respectivas confesiones sitúa al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una situación procesal muy delicada.
Las fuentes jurídicas consultadas indican que el testimonio prestado por Julio Martínez Martínez permite atar el tráfico de influencias sobre el rescate de la aerolínea, aunque aún falta de conocer sobre quién influyó el ex presidente Zapatero dentro de la Sepi o del Gobierno de Pedro Sánchez.
Por su parte, fuentes fiscales indican que la actuación del ex líder del PSOE puede enmarcarse en un delito de tráfico de influencias agravado tipificado en el artículo 429 del Código Penal. Este artículo reza lo siguiente: «El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior».
En Anticorrupción consideran que el beneficio que exige el tipo penal se obtuvo con el cobro de la comisión del 1% respecto de la cuantía del rescate de Plus Ultra por parte de Zapatero y que, además, se logró influir para que el Consejo de Ministros concediera la ayuda estatal a la compañía -el ex presidente anticipó a los clientes, a través de Julito, que el rescate se iba aprobar-.
Tanto el empresario alicantino Julio Martínez Martínez como Martínez Sola y Roselli han admitido el pago de la mordida de 530.000 euros; habiendo explicado el presunto testaferro de Zapatero ante el juez que fue el ex presidente quien decidió que se desglosaran los pagos para cobrar la comisión ilegal tras la publicación de las primeras informaciones periodísticas que cuestionaban el rescate.
En sendos escritos, los responsables de Plus Ultra han desvelado que el pago de la comisión del 1% por el rescate se desglosó en pagos efectuados a distintas empresas controladas por Martínez Martínez, «abonándose 249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617,53 euros a Voli Analítica SL, 110.799,47 a IOT Domotic Europe SL».
Asimismo, Martínez Sola y Roselli explicaron que «aunque el señor Martínez Martínez tenía la pretensión inicial de recibir el líquido completo hasta completar los 530.000 euros comprometidos, aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie valorado en 69.000 euros y consistente en los billetes de clase business que Plus Ultra fue poniendo a su disposición durante los años 2021 y siguientes». «Aunque formalmente quedara por efectuar una suerte de cierre formal de finiquito de las cifras, materialmente la cantidad pagada cumplió el citado 1%», abundaron.
Por último, las fuentes de la investigación consultadas consideran como «muy relevantes» otros dos hechos. Por un lado, que Julito Martínez haya admitido que tras toda la actividad de Análisis Relevante estaba Zapatero -«ha confirmado el montaje en torno a esta sociedad» y la falsedad de los supuestos servicios prestados, indican- y, por otro, que los tres investigados hayan confirmado con sus confesiones los mensajes del móvil del ex accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, cerrando la puerta en gran medida a las nulidades esgrimidas por la defensa del ex presidente del Gobierno.
Tal y como informó este periódico el pasado martes, estos testimonios ratificando punto por punto el contenido de esos mensajes telefónicos permiten incluir de facto esa información por la vía de la confesión de los imputados en el procedimiento.
Los investigadores creen que así será mucho más difícil que, con alguna jugada inesperada, el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido -amigo del ex presidente socialista- puede salvar a Zapatero de una eventual condena.
Junto al tráfico de influencias al ex secretario general del PSOE se le imputa un delito de blanqueo de capitales en la causa principal incoada por el juez Calama y otros de fraude fiscal y contrabando en la pieza separada abierta tras el hallazgo del botín de las joyas.
