El magistrado de la Audiencia Nacional toma la decisión a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción Leer El magistrado de la Audiencia Nacional toma la decisión a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción Leer España // elmundo
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El juez de la Audiencia Nacional que investiga la actuación de la fontanera del PSOE en el caso Sepi ha imputado a 25 personas. Una de ellas es Belén Gualda González, actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). El magistrado Santiago Pedraz ha tomado la decisión a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción.
El escrito de Anticorrupción indica que uno de los investigados, el ex presidente de la Sepi Vicente Fernández, envió al chat que tenía con la fontanera un archivo referido al rescate de Tubos Reunidos. «En dicho documento consta la cronología de la solicitud y los trámites seguidos haciéndose constar que la solicitud contaba con los informes favorables de las unidades del Sepi, de los asesores externos y del Ministerio de Industria, y el compromiso de su presidenta, Belén Gualda González con el CEO de Tubos Reunidos, Francisco Vicente Irazusta, para que su solicitud fuera aprobada por el consejo gestor del fondo, el 29-06-21, o a más tardar el 06-07-21″. Irazusta será citado en la misma condición procesal que Gualda.
En la causa -de la que deriva la investigación sobre las cloacas de Ferraz- se están revisando cinco operaciones de la Sepi en las que habrían intervenido la fontanera, el ex presidente de la Sepi y el empresario Antxon Alonso, amigo de Santos Cerdán. En todas ellas habrían cobrado comisiones por sus gestiones. Trataban los asuntos en un chat llamado Hirurok (nosotros tres, en euskera).
El rescate de Tubos Reunidos por 113 millones es la operación de mayor envergadura. Otra de ellas está vinculada a Enusa, la empresa pública responsable del uranio, en la que trabajó Leire Díaz. Su ex presidente José Vicente Berlanga Arona es uno de los imputados, por su supuestas connivencia con el grupo Hirurok para facilitar la enajenación de activos públicos. Al menos un directivo de Acciona, la empresa que iba a resultar beneficiada de la maniobra, ha sido imputado.
El ex presidente de Mercasa José Ramón Sempere también está en la lista. En este caso, la sospecha se centra en una operación inmobiliaria para el cambio de sede de la empresa pública responsable de los mercados públicos.
Las citaciones se extienden a personas investigadas por su relación con otras dos operativas. Una afecta a Forestalia y sus proyectos de energías renovables dirigidos por Fernando Samper Rivas, investigado. Se indagan gestiones ante la entidad pública Sepides para la inversión de 17,32 millones, así como una operativa societaria que generó un beneficio de 6,8 millones de euros a estructuras controladas por los investigados.
La quinta operativa investigada está relacionada con la sociedad Erri Berri. El grupo Hirurok habría influido para que se llevara una adjudicación pública pese a presentar una baja temeraria.
Del análisis de todas las operaciones se desprende, según las fiscales del caso, que existía «un esquema común caracterizado por: la detección de oportunidades de intervención en procedimientos administrativos o societarios de relevancia económica; la utilización de relaciones personales y acceso a información privilegiada para influir en su tramitación, la eventual manipulación o condicionamiento de decisiones públicas o procesos de contratación.
Todo ello concluía en «la obtención de contraprestaciones económicas, ya sea de forma directa o a través de estructuras societarias interpuestas y operaciones mercantiles de apariencia lícita».
Serían «los investigados principales, Vicente Fernández, Antxon Alonso, Leire Díaz y Santos Cerdán» los que habrían actuado «como nexo de influencia entre intereses privados y decisores públicos». Quienes según los indicios colaboraron con ellos en la operativa son los ahora imputados.
La Fiscalía estima que podrían haberse cometido delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación administrativa y uso de información privilegiada. En el caso de los tres miembros del chat Hirurok, también el de pertenencia a una organización o grupo criminal.