La patronal UNEF urge a Moncloa a activar un programa de 950 millones de préstamos avalados por el Estado para auxiliar al 15% del parque solar en riesgo de impago Leer La patronal UNEF urge a Moncloa a activar un programa de 950 millones de préstamos avalados por el Estado para auxiliar al 15% del parque solar en riesgo de impago Leer
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La fotovoltaica ha lanzado un SOS al Gobierno. La patronal Unef ha reclamado este martes al Gobierno que ponga en marcha un programa por importe de 950 millones de préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ante las dificultades de muchos proyectos solares para hacer frente a los intereses de sus deudas durante la travesía por el desierto de los precios bajos. El objetivo es ganar tiempo para sortear el cambio en las condiciones de mercado que ha derivado en un portazo de la banca privada al sector. También evitar la asfixia financiera de los parques, al menos, hasta que la demanda eléctrica repunte, algo que Unef espera para dentro de tres años.
Lo que subyace a la propuesta de la patronal es la negativa de las entidades financieras a asumir el riesgo de la fotovoltaica. Los bancos han destinado grandes partidas a financiar la puesta en marcha de huertos solares, pero la tendencia de precios ha complicado la rentabilidad de los parques. La realidad hoy es que ninguna entidad financieras quiere aumentar su exposición a la fotovoltaica.
¿Qué ha causado este volantazo? Por un lado, el progresivo aumento de horas en las que los parques solares se ven obligados a malvender su producción, dado que su producción se concentra en la misma franja del día haciendo que se hundan los precios. Por otro, el sistema eléctrico no es capaz de absorber toda la energía producida por el inmenso parque fotovoltaico español y eso está disparando los vertidos, como se conoce a la electricidad verde que los generadores acaban tirando a la basura por falta de demanda. Una tormenta perfecta que no ha escapado a ojos de la banca acreedora y que, en última instancia, se debe a que España no ha acompasado el ritmo de instalación de renovables con el crecimiento real del consumo.
El problema es masivo. Desde Unef calculan que los beneficiarios de ese plan de créditos con aval público ascienden a 10 gigavatios (GW). En España hay actualmente instalados 67,2 GW de fotovoltaica, lo que eleva el peso de los proyectos en apuros financieros al 15% del parque solar español.
La patronal que dirige José Donoso, que este martes ha presentado su Informe Anual 2025, insiste en que lo que plantean al Gobierno no es un «rescate» ni un paquete de subvenciones. Los créditos, aseguran, se concederían «en condiciones estrictas de mercado». Si bien, bajo el paraguas del ICO sería el Estado el que se anotaría el agujero si los promotores no devuelven los créditos.
La asociación fotovoltaica destaca que se evitará cualquier condición bonificada o subvencionada, en aras de prevenir un «efecto llamada». Es decir, como precaución para que no se produzcan peticiones indiscriminadas de los créditos ICO.
Los proyectos más afectados por las estrecheces financieras son los que operan a mercado puro (merchant en la jerga del sector), que son parques que no tienen su producción comercializada de antemano a través de contratos de venta a largo plazo (PPAs). También aquellos promotores que han tenido que incorporar a sus PPAs cláusulas de revisión por situaciones sobrevenidas como los precios negativos.
En 2025, países como España, Francia o Alemania han visto escalar esas franjas horarias a precios negativos hasta representar un 6% de las horas totales, una cifra que duplica los registros del ejercicio anterior. Así, cada vez es más frecuente que los clientes que han firmado un PPA activen esas cláusulas de escape, lo que está erosionando la rentabilidad de los proyectos fotovoltaicos.
La patronal, que no ha concretado en qué punto se encuentra las conversaciones con el Gobierno, estima que el programa debería cubrir financiación por hasta 315 millones de euros anuales en el próximo trienio, hasta 2030. Y sugiere encajarlo en el programa España Crece, un fondo público gestionado por el ICO que el Gobierno aprobó para destinar hasta 120.000 millones en inversión productiva.
Hay un antecedente a este tipo de balón de oxígeno: la deuda anticovid. En un momento de altísimo riesgo por el impacto económico de la pandemia, el Gobierno activó un programa de créditos garantizados por el ICO que llegó a movilizar 140.000 millones de euros. El objetivo era favorecer el acceso del tejido empresarial a financiación en un momento crítico y vencer las reticencias de los bancos a abrir el grifo del crédito. Las entidades conceieron miles de préctamos, pero siempre con la seguridad de que el ICO cubriría entre el 70% y el 80% del crédito en caso de impago definitivo o insolvencia del deudor.
Recientemente, el Tribunal de Cuentas ha constatado que el programa sirvió para inyectar liquidez y garantizar la supervivencia de muchas empresas y autónomos golpeadas por la pandemia, pero también que una de cada cinco beneficiarias ha desaparecido dejando tras de sí un agujero de unos 6.800 millones. Además, el programa generó tensiones entre el ICO y los bancos, incluso, algunas entidades fueron expedientadas por un uso abusivo de las líneas de avales ICO.
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