Los acampados marcharán desde las 10 de la mañana al Congreso en un clima de máxima tensión bajo el shock del rechazo de Junts al decreto en vivienda Leer Los acampados marcharán desde las 10 de la mañana al Congreso en un clima de máxima tensión bajo el shock del rechazo de Junts al decreto en vivienda Leer España // elmundo
500 metros separan las tiendas de campaña instaladas desde hace cinco días en la Puerta del Sol del Congreso de los Diputados. Y entre ambas estaciones, una tensión máxima, la marcada por el rechazo de Junts al decreto de vivienda que el Gobierno dada por accesible para calmar a los acampados desde el pasado sábado. La presión de estos días se convierte en extrema frustración y los precedentes son de mal augurio.
Esos 500 metros volverán a convertirse este viernes en escenario de protesta mientras, al otro lado del cordón policial, los diputados deciden el futuro de los dos reales decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros tras las movilizaciones desencadenadas por el desahucio de Maricarmen. El pleno comenzará a las 11.00 horas y debatirá la convalidación o derogación de ambos textos. A las 10.00 se prevé que los acampados se desplacen hacia la carrera de San Jerónimo.
No existe un convocante oficial para concentrarse ante la Cámara Baja. Tampoco un cartel formal, una organización que haya comunicado públicamente la movilización ni un liderazgo definido. Aun así, la concentración se ha convertido en un secreto a voces dentro de la acampada y las partes implicadas trabajan ya con la posibilidad de una elevada afluencia en los alrededores del Congreso.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid, que ha encabezado las movilizaciones iniciadas tras el desahucio de Maricarmen, confirma que sus integrantes partirán «alrededor de las 10.00 horas desde la Puerta del Sol» para estar presentes durante la votación. En una rueda de prensa celebrada durante la cacerolada organizada en el Palacio de Cibeles, el sindicato aludió a esa manifestación como una convocatoria de un tercero sin determinar.
También queda en el aire el futuro de la acampada. El Sindicato sostiene que no existe una fecha para levantarla y su portavoz, Alicia del Río, señaló que su continuidad estará condicionada por las votaciones de este viernes.
Además, la idea de convocar una huelga general parece ganar fuerza en el seno de la organización. Este jueves se repartieron por la Puerta del Sol distintos carteles que animaban a avanzar «Hacia la Huelga general» y a acudir a las manifestaciones convocadas este sábado por el sindicato.
Por las 66 calles improvisadas entre las tiendas de campaña de Sol proliferan, mientras tanto, los carteles manuscritos que animan a recorrer los pocos cientos de metros hasta la sede de la soberanía nacional. Algunos fijan la cita a las 12.00 horas, mientras que otros anuncian una «reunión preconvocatoria» en los aledaños de la Puerta del Sol a las 10.30.
Este escenario ha llevado a preparar un dispositivo policial que, según explican a EL MUNDO fuentes próximas al despliegue, contará inicialmente con alrededor de 600 agentes antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP). Una cifra importante, aunque muy alejada de la movilizada hace 14 años para la primera gran protesta bautizada como «Rodea el Congreso».
Fue el 25 de septiembre de 2012. Entonces, la Coordinadora 25-S y la Plataforma ¡En Pie! pretendían crear un «cinturón triangular» alrededor de la Cámara Baja para reclamar la dimisión del Gobierno y la apertura de un proceso constituyente. El dispositivo de aquel martes movilizó a 1.350 antidisturbios, más del doble de los previstos inicialmente para este viernes. La Cámara quedó rodeada de vallas y con sus accesos restringidos mientras miles de personas se concentraban principalmente en Neptuno.
Los primeros incidentes se produjeron alrededor de las 19.00 y se prolongaron durante horas. El balance final fue de 35 detenidos y 64 heridos entre 6.000 asistentes, según la Delegación del Gobierno.
Aquel «Rodea el Congreso» tuvo además una larga segunda vida en los tribunales. La investigación pasó inicialmente por la Audiencia Nacional ante la posibilidad de que los hechos constituyeran un delito contra las instituciones del Estado, pero las actuaciones terminaron en juzgados ordinarios.
El principal juicio derivado de Rodea el Congreso no comenzó hasta el 18 de noviembre de 2024, 12 años después de las cargas de Neptuno. De los detenidos, 21 superaron la fase de instrucción. Seis alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía y reconocieron delitos de desórdenes públicos; cinco de ellos, también de atentado. Las penas aceptadas llegaban hasta los 11 meses de prisión, sustituibles por multas de hasta 1.320 euros debido a las dilaciones indebidas.
La sentencia llegó en junio de 2025, casi 13 años después de los hechos. De los otros 14 procesados, cinco fueron condenados y nueve absueltos. Las condenas se impusieron por delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia o lesiones, y las penas más elevadas alcanzaron los nueve meses de prisión para dos de los acusados.
No fue la última vez que una votación en el Congreso coincidió con una movilización en sus alrededores. El 29 de octubre de 2016, durante la segunda votación de investidura de Mariano Rajoy, la Coordinadora 25-S recuperó la convocatoria bajo el lema «Ante el golpe de la mafia, democracia».
La marcha transcurrió prácticamente sin incidentes hasta su llegada a Sol. Interior calculó unos 3.000 asistentes y 1.300 policías, frente a los 100.000 estimados por los convocantes. Una vez terminada, varios centenares de personas regresaron a las inmediaciones del Congreso, donde se produjeron insultos y lanzamientos contra algunos diputados que abandonaban la Cámara. Dentro, Rajoy acababa de ser investido presidente.
Catorce años después del 25-S, el Congreso volverá este viernes a votar con una movilización a sus puertas. Esta vez no habrá una Plataforma ¡En Pie! ni una Coordinadora 25-S firmando la convocatoria. El origen está unos 500 metros más arriba de la carrera de San Jerónimo, en una Puerta del Sol nuevamente cubierta de tiendas de campaña tras el desahucio de Maricarmen y a la espera de lo que decidan los diputados sobre los dos decretos aprobados por el Gobierno.
