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El ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González continúa disfrutando de los privilegios asociados al que era su cargo antes de que una imputación por agresión sexual hacia una compañera le obligara a dimitir. González, hombre de la máxima confianza de Fernando Grande-Marlaska, sigue representado por la Abogacía del Estado en una querella en su contra interpuesta por el comisario principal Tomás González de la Oliva, a quien el Ministerio del Interior represalió por apoyar la actuación policial en Cataluña tras la sentencia del 1-O. El parecer del comisario principal sobre el operativo desplegado en Barcelona colisionó con el de José Ángel González. Desde entonces, no se le ha asignado un puesto de acuerdo con su categoría. González de la Oliva interpuso entonces una querella contra el ex DAO y contra el director de la Policía, Francisco Pardo.
La decisión del departamento de Grande-Marlaska de mantener a la Abogacía del Estado como representante del ex DAO vuelve a situar bajo el foco la protección que, según se denuncia, el ministro del Interior dispensa a quién formó parte de la cúpula policial de su confianza. Cabe recordar que fue el titular de Interior quien aupó a José Ángel González al escalón más alto de la Policía al considerarlo una referencia dentro del Cuerpo.
González de la Oliva presentó la querella por la desaparición de un informe favorable que le permitía recuperar su categoría profesional, después de haber sido apartado de la jefatura de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) tras defender la actuación de los agentes desplegados en Barcelona durante los disturbios posteriores a la sentencia del procés, en octubre de 2019. Según un informe de la Unidad de Asuntos Internos incorporado a la investigación judicial, se habría accedido desde la Dirección General de la Policía al sistema informático para borrar ese documento, que respaldaba su restitución profesional.
La magistrada investiga estos hechos en unas diligencias que incluyen posibles delitos de prevaricación, abuso de atribuciones, acoso e infidelidad en la custodia de documentos públicos. Sin embargo, mientras la actuación de los responsables policiales queda sometida al escrutinio judicial, González cuenta con la representación de la Abogacía del Estado, tal como consta en los escritos a los que ha tenido acceso este periódico, pese a haber abandonado ya la Dirección Adjunta Operativa. Por contra, en la causa en la que el ex DAO está imputado por la presunta agresión sexual a una compañera mientras ésta prestaba servicio, se le retiró de inmediato la representación de la Abogacía del Estado.
Fuentes policiales atribuyen esta distinción entre un asunto y otro a la naturaleza «mediática» del caso de la presunta agresión sexual. En la toma de posesión el 12 de marzo de 2026, el nuevo DAO de la Policía Nacional, José Luis Santafé, se comprometió a revisar los protocolos internos y a investigar «hasta sus últimas consecuencias» cualquier abuso o irregularidad que se pudieran producir en las filas de su Cuerpo, sea quien sea. Todo, dijo, con el objetivo de proteger a «las víctimas, que deben ser nuestra prioridad».
Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior, que ha declinado hacer valoraciones sobre esta información.
El día 9 de abril, Tomás González de la Oliva mantuvo una reunión con Santafé en la que le informó de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, firme desde el 2 de diciembre de 2025, reconocía que se había «vulnerado el derecho a una carrera profesional» y que «se le mantenía en comisión de servicios de forma ilegal y contra su voluntad». La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso del TSJM concluyó que la Dirección General de la Policía le había perjudicado. «Ha cercenado su derecho a la carrera horizontal» y que González de la Oliva, decía, «tiene que soportar injusta e ilegalmente permanecer sine die en un puesto de trabajo» inferior a su cualificación. Condenó a la Dirección General, de la que consideró que «incurre en una palmaria irregularidad», a restablecerlo en su categoría profesional de comisario principal, la más elevada que hay dentro del Cuerpo.
En el encuentro que el comisario principal mantuvo con el DAO, según fuentes presenciales, éste se comprometió a asignarle una plaza conforme a su categoría y nivel consolidado, como reconoce la el fallo. No se produjo. Ante esta situación González de la Oliva recurrió hasta en tres ocasiones al ministro del Interior, con sendos escritos, «haciendo éste caso omiso de la solicitud de regularización de la situación laboral». El comisario principal recurrió entonces al Defensor del Pueblo, quien admitió la queja, por reunir todos los requisitos para ser admitida. En los últimos cinco años, González de la Oliva ha solicitado 44 vacantes, para regularizar su situación, «no siendo atendida su petición en ningún momento».
