No consta que Rebeca Torró haya hecho aún el ‘check-in’ en algún hotel próximo a la sede del PP (o de la de Vox) Leer No consta que Rebeca Torró haya hecho aún el ‘check-in’ en algún hotel próximo a la sede del PP (o de la de Vox) Leer España // elmundo
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En sus comparecencias de estos días, Pedro Sánchez ha proclamado que la solución a los incendios que calcinan España pasa por un «pacto de Estado frente la emergencia climática». El presidente del Gobierno también ha afirmado su voluntad de alcanzar ese pacto con la oposición. Estamos salvados, entonces; porque, si por algo se ha distinguido Sánchez, es por su disposición a ceder lo que sea cuando negocia las cosas que verdaderamente le importan. Para conseguir su última investidura, por ejemplo, estuvo dispuesto a ceder una amnistía. Para facilitar el gobierno de Salvador Illa en Cataluña, estuvo dispuesto a ceder una reforma del sistema de financiación autonómica. Si fue capaz de hacer eso cuando lo que estaba en juego eran unos cargos políticos, ¿qué no estará dispuesto a hacer ahora para afrontar unos incendios devastadores que han afectado a decenas de miles de personas?
Sin embargo, no consta que Rebeca Torró haya hecho aún el check-in en algún hotel próximo a Génova, 13 -o a Bambú, 12-. Tampoco se han publicado fotos de reuniones de la secretaria de Organización socialista con Feijóo o con Abascal. Ni siquiera se ha visto a algún emisario del PSOE departiendo con dirigentes de la oposición bajo imágenes de las urnas de 1996 o 2011 -o de las andaluzas de 2018, las que supusieron la irrupción de Vox en la política nacional-. No parece, por tanto, que el presidente esté dando al pacto de Estado frente la emergencia climática la misma prioridad que le dio al pacto con Puigdemont; esa prioridad que le llevó, hace algunos informes de la UCO, a enviar a Santos Cerdán a Waterloo.
Un defensor de Sánchez podría decir que los líderes separatistas mostraron una mayor disposición a negociar con el PSOE de la que han exhibido Feijóo y Abascal. Pero, incluso si eso fuera cierto, Sánchez ha mostrado durante los últimos años que todo voto en el Congreso tiene un precio. Y también ha probado que, si el asunto le importa lo suficiente, él está dispuesto a pagar ese precio, por mucho que esto provoque tensiones entre sus simpatizantes y lastre sus expectativas electorales -ambas cosas ocurrieron con la amnistía y con la financiación singular-. Uno puede dar por hecho, por tanto, que el Partido Popular vendería muy caro su apoyo a la iniciativa del presidente. Pero cuesta imaginar que sus peticiones pudieran ser más extravagantes, más injustas, más dudosamente constitucionales y más hostiles a los presuntos valores de la izquierda, que muchas de las cesiones que Sánchez ya ha hecho a sus socios durante los últimos años. Y así, uno acaba en el mismo lugar al que tantas veces nos ha llevado este presidente: la sospecha de que esas peticiones de acuerdo son solo una maniobra táctica para escurrir el bulto y desgastar al contrario.
Los incendios de los últimos veranos dan fe de problemas muy graves. Y uno de ellos es el fracaso de la política actual para responder seriamente a este tipo de desafíos. Está claro que ese fracaso va más allá de Moncloa o del Congreso, y que se extiende al ámbito autonómico y municipal. Pero también parece claro que esa forma fracasada de hacer política es la única que conoce el Gobierno.
