Varios ministros no ven casual que coincidan casos como el del hermano del presidente, el de Zapatero o la explosión de las cloacas del PSOE: «Hay una causa política y todos sabemos quiénes están detrás Leer Varios ministros no ven casual que coincidan casos como el del hermano del presidente, el de Zapatero o la explosión de las cloacas del PSOE: «Hay una causa política y todos sabemos quiénes están detrás Leer España // elmundo
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Las mañanas en que hay algún acto importante de Pedro Sánchez -en España o el extranjero- o una comparecencia, como, por ejemplo, las que se celebran tras el Consejo de Ministros, muchos empiezan a mirar el reloj desde primera hora. Eso dicen. Juegan a adivinar con qué margen les caerá la «bomba», esto es, una decisión judicial, una actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad… Hace mucho tiempo que en el Gobierno miran con recelo las actuaciones de algunos jueces. Y también hace mucho tiempo, desde que se conoció en 2024 que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, estaba siendo investigada, que se decidió elevar el tono contra algunos magistrados, derivando en una tensión sin precedentes entre dos poderes del Estado.
«Es imposible creer que todo son casualidades», coinciden varios ministros sobre la coincidencia en el tiempo de casos como el que implica al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al hermano del jefe del Ejecutivo o a las llamadas cloacas del PSOE. «Es verdad que el Gobierno tiene actividad todos los días y alguna cosa va a coincidir, pero es que es llamativo», señala una persona que trabaja codo con codo con Sánchez. «La actualidad política está al albur de los jueces», lamenta un ministro. «Del Gobierno se habla por los jueces no por lo que hacemos», dice resignado otro, sabedores de que sus iniciativas o los buenos datos macroeconómicos quedan opacados. «No tenemos el control de los tiempos», constatan, deseando que llegue el verano para tener un respiro.
Los socialistas creían que el juicio sobre el caso Kitchen -la operación del Ministerio del Interior en el gobierno de Mariano Rajoy que utilizó los resortes del Estado (policía, fondos reservados, inteligencia) para espiar a Luis Bárcenas y sustraerle las pruebas que podían comprometer al entonces presidente- les ayudaría a tomar oxígeno, les apartaría la lupa de la corrupción y permitiría igualar discursos. Pero el estallido de las cloacas del PSOE, con la entrada de la UCO en Ferraz retransmitida por todos los medios minutos antes de una sesión en el Congreso; la imputación de Zapatero por presuntos delitos de corrupción, con el descubrimiento de una llamativa caja fuerte con joyas; o la inminente sentencia del caso Mascarillas que sienta en el banquillo al ex ministro José Luis Ábalos han opacado la causa que impacta de lleno en el PP. «Todo se televisa, todo se lleva a las emisoras de radio…todo parece propio de un espectáculo. Estamos en un momento en que todo parece un show y en el que todo parece que es judicialización de la política», se queja un ministro.
Aunque con la investigación de Santiago Pedraz hay muchos ministros que han dado un paso al lado, desligando toda comparación con la instrucción que ha podido hacer Juan Carlos Peinado (caso Begoña Gómez) o Beatriz Biedma (caso David Sánchez) y enterrando la teoría del lawfare -algo que también hacen en la investigación a Zapatero o Ábalos- sí está instalado en el núcleo duro de Sánchez y en buena parte de sus fieles la percepción de que hay una operación para «derribar» al Gobierno, en la que además de partidos políticos, pseudosindicatos o medios de comunicación incluyen a algunos jueces. Su creencia es que el PP sabe de antemano algunas decisiones judiciales, que maneja información privilegiada.
Los miembros del Ejecutivo consultados evitan, dicen, generalizar, argumentando que su causa es contra «algunos magistrados». Y se quejan, como ha hecho Sánchez ante los suyos, de que parezca que haya «dos velocidades» si se trata del PSOE o el PP. Aluden, por ejemplo, a que la UCO sigue esperando aún autorización del juez para investigar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
«El respeto hay que ganárselo. El respeto no se impone», señala un destacado cargo socialista en alusión a la condena que hizo por unanimidad el Poder Judicial por los ataques a los jueces desde las «altas instituciones». «Muchas cosas son un despropósito, un disparate. Hay jueces que lo que buscan es fabricar un titular», reflexiona otro alto cargo socialista. «Hay una causa política detrás y todos sabemos quienes están», describe alguien cargo en Madrid. «Hay que llamar a las cosas por su nombre».
Esta posición dura la abanderan públicamente ministros como Óscar López y Óscar Puente. Y ellos hablan, en muchas ocasiones, por boca de Sánchez. «Está siendo todo muy burdo y ya estamos instalados en el relato de la persecución ad hominen al presidente», constata un ministro. «Nosotros somos respetuosos con el Poder Judicial, no tengo la sensación de que sea así al revés», apunta un cargo institucional.
Todas estas percepciones y sensaciones han derivado en tensión, donde el Gobierno conjuga el llamamiento al «respeto» al trabajo de la Justicia, con la muletilla de que «la Justicia haga Justicia», que viene a ser la versión edulcorada del «hay jueces haciendo política», que propugnó Sánchez. «No creemos que sean los jueces en general, pero en esta estrategia de destrucción y derribo del presidente se han sumado la derecha política, mediática y judicial. El drama es que hay determinadas personas que han respondido a la llamada del líder espiritual de la derecha, que es Aznar. Y del que pueda hacer que haga nacen jueces como Peinado», reflexionan fuentes gubernamentales.
Y desde una formación socia del Gobierno, se quejan: «El PSOE se ha apropiado del lawfare, lo están banalizando». Ellos descartan que lo de Zapatero o Leire Díez responda a una persecución judicial.
