Las familias de los asesinados dicen que no ha cumplido con los requisitos legales de colaboración con la Justicia y pago de las indemnizaciones Leer Las familias de los asesinados dicen que no ha cumplido con los requisitos legales de colaboración con la Justicia y pago de las indemnizaciones Leer España // elmundo
No hay Semana Grande de Bilbao en la que la txosna (caseta) Txori Barrote no sea foco de polémica por el homenaje a los miembros de ETA con penas aún por cumplir.
En agosto pasado, por ejemplo, en el friso de su txosna aparecían los nombres de 16 etarras, entre ellos Harriet Iragi y Jon Igor Solana, ambos condenados por los asesinatos de Luis Portero, Antonio Muñoz Cariñanos y José María Martín Carpena. El hijo de la primera víctima mencionada, Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, denunció en la Audiencia Nacional a Txori Barrote por un «presunto delito de humillación a las víctimas», como relató EL MUNDO.
Si este próximo agosto en el tributo de la txosna falta Jon Igor Solana no será porque la Justicia prohibiera exhibir su nombre -la Audiencia Nacional cerró el caso argumentando que no se advertía que los nombres de los etarras aparecieran en la caseta, aunque eran bien visibles-, sino porque habrá logrado la libertad condicional, ya que el proceso para concedérsela está en marcha desde hace unos meses.
El expediente que se impulsa a su favor ha encontrado, sin embargo, una oposición insólita hasta ahora. Por primera vez, todas las víctimas de un terrorista intervienen en el proceso presentando una serie de alegaciones con las que pretenden impedir que acceda a la libertad condicional. Así, el escrito presentado el pasado 18 de mayo ante la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional lo impulsan la viuda, el hermano y la hija del concejal del PP en el Ayuntamiento de Málaga Martín Carpena, asesinado el 15 de julio del año 2000; la viuda y los cuatro hijos de Portero, primer fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado en Granada el 9 octubre de 2000, y los tres hijos del coronel médico Muñoz Cariñanos, asesinado el 16 de octubre de 2000 en Sevilla.
A favor del penado, el expediente del Centro Penitenciario de San Sebastián recoge que lleva en prisión continuada desde el 20 de octubre de 2000 -fue detenido cuatro días después del atentado de Muñoz Cariñanos-, que cumple una acumulación de condenas con límite máximo de 30 años, con fecha por tanto de cumplimiento definitivo prevista para octubre de 2030, y que se encuentra en tercer grado. «La propuesta penitenciaria se fundamenta, esencialmente, en una evolución favorable en régimen de semilibertad (desde el 4 de mayo de 2024), y condicionada la propuesta a la presentación mensual, dedicación del 10% de la nómina al pago de la responsabilidad civil, y a continuar con la actividad laboral por cuenta ajena».
A esto las víctimas responden subrayando, en primer lugar, que «la extraordinaria gravedad de los delitos por los que cumple condena [suma más de 200 años de prisión por los tres asesinatos mencionados y otros cuantos en grado de tentativa] impone una valoración especialmente rigurosa de la libertad condicional».
Acuden también al artículo 90.8 del Código Penal, que recoge que para conceder la libertad condicional a los condenados por terrorismo se requiere, entre otros requisitos, que éstos «hayan colaborado activamente con las autoridades». Y señalan exactamente en qué podría colaborar con la Justicia Igor Solana. Daniel Portero explica que existe una carta que escribió tras su detención, desde la cárcel, e incautada más tarde a ETA, en la que identifica a Jon Olarra Guridi, Ainhoa Múgica Goñi y Javier García Gaztelu, Txapote, como responsables del comando Andalucía que ejecutó los asesinatos. «Al leer y traducir la carta nos damos cuenta de que él sabe quiénes eran los que ordenaron matar a mi padre, a Martín Carpena y a Muñoz Cariñanos», dice Daniel Portero. Por la muerte de su padre fueron condenados los autores materiales, Iragi y Solana, y también Guridi, pero no Ainhoa Múgica ni Txapote.
«Si quiere beneficios penitenciarios, tienen que ratificar esa carta. Si se cumplen todos los requisitos, si colabora con la Justicia, no nos opondremos a la libertad condicional. Ahora bien, iríamos contra Ainhoa Múgica y contra Txapote, aunque sé que entrarían en la Audiencia Nacional por una puerta y saldrían por otra, porque como ya habrían cumplido el máximo de años…», dice Portero. Txapote se encuentra en segundo grado, igual que Múgica, aunque en el caso de esta última es prácticamente un tercer grado, explica el presidente de Dignidad y Justicia.
«Desde que en 2016 presentamos en el Parlamento Europeo la lista de los 379 asesinatos de ETA sin resolver [el 44% del total de víctimas mortales: 857] se han resuelto tres. ¿Funciona el sistema? No funciona, y nos quedamos sin etarras que puedan colaborar. En 2018 había 257 presos de ETA en las cárceles, hoy son 110″, añade, apuntalando con datos la importancia de la colaboración.
Piden además las víctimas de Solana que no se le conceda el beneficio penitenciario hasta que no haya satisfecho la responsabilidad civil. Acuden al artículo 72.5 de la Ley General Penitenciaria, que recoge que para progresar al tercer grado el penado debe haber «satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito».
Igor Solana disfruta ya de ese tercer grado -no va a dormir a prisión; tiene pulsera telemática-, aunque no ha cumplido con la indemnización a las víctimas, lamentan en Dignidad y Justicia. «Está trabajando como ayudante de cocina, se supone que hace labor social en Cáritas y abona sólo el 10% de lo que gana como responsabilidad civil», dice Portero. Por ello, junto al resto de las víctimas pide en el escrito de alegaciones a su libertad condicional que, «antes de resolver, se requiera al Centro Penitenciario y, en su caso, a los órganos de ejecutoria correspondientes, certificación completa de la responsabilidad civil impuesta, pagos realizados, saldo pendiente, nómina, ingresos y patrimonio del penado, y que no se tenga por cumplido el requisito legal con la sola mención genérica al pago del 10% de la nómina».
«El Estado se hace responsable solidario y adelanta la responsabilidad civil a las víctimas, por lo que el Estado tiene la obligación de perseguir que se abone la responsabilidad civil«, dice Portero, quien explica que, en el caso de su padre, de la indemnización de 900.000 euros Solana habría abonado unos 20.000.
Quieren además desde Dignidad y Justicia impulsar un cambio legislativo para que la exigencia de la colaboración y el abono de las responsabilidades civiles sean realmente efectivas. «Hay que modificar la Ley Penitenciaria, el Código Penal y también el Estatuto de la Víctima, porque actualmente las víctimas sólo pueden recurrir la libertad condicional. En el caso del tercer grado, sólo pueden hacerlo si el fiscal también recurre», explica Portero.
Así, tras la reciente concesión del tercer grado a Juan Antonio Olarra Guridi, uno de los tres condenados por el asesinato de Luis Portero, su familia sólo podrá oponerse si la Fiscalía lo hace. «El sentimiento ante la Fiscalía es de indefensión, impotencia y desconfianza«.
