La luz verde a la prórroga de la planta extremeña presiona al Ministerio de Transición Ecológica para decidir si altera el calendario del apagón nuclear. Leer La luz verde a la prórroga de la planta extremeña presiona al Ministerio de Transición Ecológica para decidir si altera el calendario del apagón nuclear. Leer
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Tras semanas de incertidumbre para miles de trabajadores, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) marcó un hito en la vida de la Central de Almaraz (Cáceres). A través de su esperado informe técnico, el organismo dio luz verde a la prórroga y avaló la continuidad de la planta hasta 2030. Si bien es un resultado que llega en un buen momento tampoco es el definitivo porque septiembre será la fecha límite para que el Gobierno se pronuncie si la central se mantiene abierta o cierre en 2027.
El organismo fue concreto al afirmar que su decisión «se apoya en la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación». Una operación que cuelga del hilo del Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, para conceder o denegar la ampliación de la vida útil de la central solicitada por las eléctricas, Iberdrola (52,7%), Naturgy (36%) y Endesa (11,3%).
Según fuentes del Ministerio, el Gobierno está «a la espera de recibir el preceptivo informe del CSN» sobre la solicitud de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) para renovar la autorización de explotación de la planta extremeña hasta el 8 de junio de 2030. Siguiendo el procedimiento establecido, el departamento estudiará el dictamen y «toda la documentación que forma parte del expediente» antes de adoptar una decisión definitiva sobre su continuidad. Si transcurrido el mismo no se hubiera autorizado la continuidad, las empresas propietarias deberán solicitar formalmente el cierre de la planta.
Pese a que el Gobierno pretende agotar el plazo máximo de dos meses para tomar su decisión, el margen de maniobra es estrecho. Existe un límite dibujado hace meses por Foro Nuclear, que fijó la línea roja en el próximo octubre. A partir de ese día, el margen operativo para renovar contratos con empresas colaboradoras enfrentará «ciertas dificultades», afirmó el director técnico de la institución, Antonio González.
Con todo, la decisión del CSN no es menor. Aunque su rol se limita a recomendar, el dictamen obliga al Gobierno a repensar el calendario firmado en 2018. Aquella hoja de ruta podría ser desmontada ahora, no solo por la presión política, sino por la viabilidad real de apagar todas las centrales a tiempo.
Según el plan vigente, el apagón debe comenzar en la provincia de Cáceres con la desconexión de Almaraz I (1 de noviembre de 2027) y Almaraz II (31 de octubre de 2028), cuyas fechas se encuentran en revisión en este momento. Sin embargo, apenas dos años después, el peso del desmantelamiento recaerá sobre Cataluña y la Comunidad Valenciana: Ascó I tiene fijado su cierre para el 1 de octubre de 2030 y Cofrentes, para el 30 de noviembre de ese mismo año.
Si se extendiese el calendario, se alteraría este orden, obligando a Enresa, la empresa a cargo del tratamiento de los residuos radiactivos, a levantar licitaciones para desmantelar cuatro reactores de golpe en un año.
Posteriormente, la desconexión en cadena continuaría con Ascó II en septiembre de 2032 y culminaría en 2035 con los cierres definitivos de Vandellós II (febrero) y Trillo, en Guadalajara (mayo). Es más, las mismas eléctricas ya adelantaron que buscarán solicitar la prórroga de las demás centrales de las que son propietarias.
Ante esto, quedará en manos del Ejecutivo si cambiar el diseño de su calendario en un contexto en que el mix energético requiere de una energía constante como la nuclear más allá de las energías renovables.
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