Si me decidiera a hablar, se retirarían medallas
Lanzada hace dos décadas, la mayor investigación antidopaje en España mantuvo en jaque a nuestro deporte durante cuatro años pero acabó generando condenas minúsculas
Si me decidiera a hablar, se retirarían medallas
Eufemiano Fuentes
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El 23 de mayo del 2006, un abanico de personalidades del deporte despertó de sopetón.
Ocurrió en Madrid, San Lorenzo del Escorial y Zaragoza. Investigadores y guardias civiles llamaron a las puertas de sus casas, procedieron al registro de sus hogares y se incautaron de ordenadores, papeles, medicamentos y 200 bolsas de sangre.
Horas más tarde, los investigados, cinco en total, salieron escoltados: pagaron la pena de telediario, declararon en comisaría y vieron manchados sus nombres, vinculados definitivamente a un episodio vergonzante para el deporte español: aquel día acababa de activarse la Operación Puerto, la mayor investigación contra el dopaje abierta en nuestro país.
Bolsas de sangre, nombres en clave, detenciones, retirada de patrocinadores…: el caso fue un tsunami
(Este sábado habrán pasado veinte años desde aquel momento).
Los investigadores se llevaron a Eufemiano Fuentes (legendario y oscuro especialista vinculado a múltiples casos, en múltiples deportes y en múltiples momentos históricos), y también a José Ignacio Labarta, Manolo Saiz, Vicente Belda y Alberto León. Los dos primeros eran médicos. Saiz y Belda, directores deportivos. Alberto León, un ex ciclista profesional que cinco años más tarde iba a quitarse la vida.
Pese al barullo judicial y mediático, las sentencias dejaron el caso en la nada. Tras analizarse 12.000 documentos, se absolvió a Saiz, Belda y la doctora Yolanda Fuentes (procesada también junto a aquellos) y se dictó un año de prisión y cuatro de inhabilitación para Eufemiano Fuentes y cuatro meses de prisión para Labarta.

Estos dos últimos, Fuentes y Labarta, recurrieron sus condenas y fueron absueltos también.
–Pero a día de hoy nadie me ha pedido perdón –contaba años más tarde Manolo Saiz. Lo hizo en una conversación con este diario publicada en el 2023.
–Pero, ¿deberían pedírselo? –le preguntamos.
Cuando las pruebas llegaron al juez, los delitos habían prescrito: se absolvió a todos los investigados
–Siento la cicatriz cada día al levantarme. Y también de noche, al recuperar el sonido de la segunda cancela del calabozo. Recuerdo la noche en la que me encerraron igual que encerraban a los etarras. Y la consecuencia de aquello es que me he quedado fuera del mundo del ciclismo. Y me duele, porque me hubiera gustado despedirme como creo que hubiera merecido hacerlo.
Más allá de penas, inhabilitaciones y absoluciones, el proceso se extendió sobre el deporte español, ennegreciéndolo todo como una nube tóxica. Ciclistas, atletas, tenistas, futbolistas…
Entre bastidores circularon centenares de nombres en clave. Muchos de aquellos nombres habían aparecido etiquetados en las bolsas de sangre, o identificados en mensajes telefónicos, o captados en conversaciones. Se trataba de iniciales, apodos, incluso nombres de mascotas.
Para seguir las pesquisas, los investigadores solicitaron la ayuda de sabios, periodistas y personalidades especialmente involucradas, y comprometidas, en la lucha antidopaje. Todos ellos se encerraron en sus oficinas, hurgaron con lupas, buscaron conexiones entre un rostro y una inicial, un apodo o un hipotético nombre propio.
El asunto fue un tsunami, o una caza de brujas.
En términos legales, las consecuencias fueron notables: se activó la Ley contra el Dopaje, vigente hoy
Todos sospecharon de todos. La lucha antidopaje se convirtió en un asunto de Estado. Nos hablaron de las transfusiones de sangre y la eritropoyetina, la EPO. Conforme avanzaban las investigaciones, casi todo el proceso fue centrándose en el ciclismo, entonces la pata más enferma de nuestro deporte. Recularon decenas de patrocinadores: Liberty Seguros y la Generalitat de Valencia (espónsor del equipo Comunitat Valenciana) abandonaron sus proyectos. Ambos equipos fueron vetados para el Tour de ese mismo 2006 y también para la Vuelta a España.
La mancha transcendió nuestras fronteras, se tendió sobre el Viejo Continente. Entre los nombres en clave se identificó a Jan Ullrich, Ivan Basso y Michele Scarponi, estrellas del ciclismo en aquellos tiempos. También se citó a Francisco Mancebo u Óscar Sevilla, entre otros (en total, una cincuentena). Muchos de ellos saltaron de sus equipos y del pelotón, no volvieron a pedalear, perdieron el glamur.
El caso arrasó con el pelotón internacional: decenas de ciclistas, vetados, pagaron la pena de telediario
El complejo laberinto judicial, y sus grietas, redujeron el proceso a la pena de telediario. Nada pudo probarse en vía judicial, y cuando los investigadores entregaron las bolsas de sangre a los jueces, ya en el 2016, los hipotéticos delitos por dopaje o contra la salud pública habían prescrito.
Aunque nunca se sabrá a quiénes correspondían las palabras en clave, la Operación Puerto cambió el panorama de nuestro deporte: el dopaje, hasta entonces destipificado en el Código Penal español, se convirtió en un delito.
Y para regularlo, nació la Ley Antidopaje. Elaborada en noviembre del 2006, seis meses después del abanico de detenciones, esta ley era irretroactiva: no pudo aplicarse a los delitos cometidos antes de su entrada en vigor.
Hecha la trampa, hecha la ley.
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