La Corona introduce claridad donde la política ha producido ambigüedad; España se ha aislado frente a la postura europea en inmigración Leer La Corona introduce claridad donde la política ha producido ambigüedad; España se ha aislado frente a la postura europea en inmigración Leer
La Corona introduce claridad allí donde la política ha producido dañina ambigüedad. Felipe VI y la Reina Letizia viajan hoy a Ceuta -allí pasarán la noche- y mañana acudirán a Melilla. El Rey visita dos ciudades españolas y a los españoles que viven en ellas. La naturalidad de ese gesto contiene toda su fuerza.
La Corona representa la unidad y permanencia del Estado y adquiere un significado particular cuando esa continuidad necesita hacerse visible. Lo hemos visto recientemente en situaciones provocadas por catástrofes naturales: después del volcán de La Palma o de la Dana de Valencia. Una de las funciones esenciales de la clave de bóveda de nuestro Estado consiste en estar con los españoles en giras ordinarias y tesituras especiales. También con los de Ceuta y Melilla, demasiado habituados a que su condición de frontera apantalle la sustancia de su pertenencia a la comunidad que constituye España.
Esta visita llega después de un verano que ha alterado muchas certezas. El 30 de julio una avalancha de decenas de miles de personas se precipitó sobre Ceuta. Muchos eran jóvenes marroquíes. Aquellas imágenes mostraron algo más profundo que una crisis fronteriza. Para Marruecos supusieron el escaparate brutal de una juventud sin horizontes de empleo y progreso, lacerante para un país que lleva años construyendo una imagen internacional extraordinariamente cuidada y eficaz: estabilidad, modernización, grandes infraestructuras, capacidad diplomática y condición de socio indispensable de Europa. Para la ciudad y sus habitantes, las consecuencias graves se prolongan hasta el día de hoy; para España se trata de una vulneración que obliga a preguntarse por la solidez de una política demasiado confiada en la cooperación marroquí. Para Europa, Ceuta se erige en prueba tangible de cómo la inmigración irregular puede afectar no sólo a la gestión de fronteras, sino también a la seguridad y a la integridad territorial de un Estado miembro.
La crisis coincidió, además, con un período político delicado de nuestro vecino. Marruecos afrontaba este verano una campaña electoral compleja, bajo la sombra de una cuestión que se mantenía larvada, que ocupa ya abiertamente la conversación: la sucesión de Mohamed VI. No hay transición formal, pero sí un horizonte sucesorio cada vez más visible, sobre el fondo de desequilibrios profundos en la sociedad marroquí; en particular una generación desasistida. El nombramiento de Fatima Ezzahra El Mansouri, primera mujer llamada a encabezar el gobierno, tiene una evidente carga simbólica de haber entendido el mensaje. Mudará, pues, el consejo de ministros; previsiblemente mucho menos las políticas que permanecen en la órbita directa del Majzén: Interior, Exteriores, Defensa, Asuntos Islámicos y el engranaje institucional de la Secretaría General del Gobierno.
Desde ese contexto debe leerse el discurso pronunciado por Mohamed VI el pasado viernes 9 de octubre, en la apertura de la nueva legislatura. Cunde interpretar en sus palabras, de forma distorsionada y nociva, una amenaza a España. Incluye, sí, críticas y disconformidades: el rey alauita dice rechazar la presión y el chantaje, reprocha a España los obstáculos jurídicos que dificultan determinadas repatriaciones y afirma que el actual modelo de cooperación migratoria ha llegado a sus límites. Pero en absoluto anuncia una ruptura. Propone insertar esa política en un marco más amplio de desarrollo compartido, competitividad y estabilidad regional. La diferencia es sustancial, sin perjuicio de vaticinar una negociación ardua, en la que nuestro próximo gobierno habrá de fajarse, procurando evitar la confrontación y rehuyendo el apaciguamiento. Marruecos no está diciendo que quiera cooperar menos con España y Europa. Está manifestando que quiere cooperar de otra manera y renegociar las condiciones de esa relación. Y lo hace después de haberse dado de bruces en la crisis de Ceuta con la evidencia de que la actitud europea respecto de la inmigración ha cambiado. Ha cambiado sustancialmente, de fondo.
Ese cambio merece atención. El endurecimiento de la política migratoria europea no procede ya únicamente de algún gobierno conservador. Dinamarca lleva años ilustrando, bajo una primera ministra socialdemócrata, hasta qué punto el debate ha desbordado las antiguas fronteras ideológicas. Desde junio está vigente el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. La presidenta de la Comisión Europea no pudo ser más clara en su discurso del Estado de la Unión. Igualmente, en septiembre, el Parlamento Europeo calificó lo ocurrido en Ceuta en términos extraordinariamente severos y condenó el ataque a la integridad territorial así como la instrumentalización de la inmigración irregular, pidiendo esclarecer responsabilidades. A comienzos de este mes, España quedó arrinconada con su solitario voto en contra del nuevo Reglamento Europeo de Retorno.
Estos datos iluminan una anomalía. El gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido durante estos años una política migratoria cada vez más distante de la evolución de sus socios y las instituciones comunes. Marruecos conoce perfectamente el valor que España atribuye a su cooperación en materia migratoria y el peso que esa cuestión tiene en nuestra política interior. Es razonable preguntarse si esa singularidad sanchista no contribuyó a la lectura equivocada del contexto europeo en Rabat.
También en Madrid la crisis de Ceuta dejó preguntas incómodas. El presidente Sánchez describió lo ocurrido como una violación de la integridad territorial de España para de seguido hartarse de echar agua al vino. La Audiencia Nacional investiga hasta dónde llegó la implicación de las autoridades alauitas favoreciendo -o fomentando- la entrada masiva. El Parlamento Europeo ha requerido igualmente determinar la autoría de los hechos. Nada de ello permite afirmar hoy el alcance de las responsabilidades del Estado marroquí. Pero tampoco aconseja cerrar el asunto con explicaciones complacientes. Entre la acusación sin pruebas judicialmente avaladas y el silencio hay un espacio amplio para la argumentación de los intereses patrios y comunitarios arrollados.
La relación con Marruecos debe permanecer en ese espacio. Es estratégica para España y lo seguirá siendo. Inmigración, lucha contra el terrorismo, comercio, energía, inversiones, agricultura, pesca o estabilidad del Magreb demandan trabajar con Rabat desde la constancia, la firmeza de principios y la cobertura legal. España tiene, además, un interés directo en que Marruecos sea un país estable, próspero y capaz de culminar en su momento una transición ordenada.
Así, conviene distinguir cooperación y soberanía. La soberanía es el título habilitante para actuar; la cooperación proporciona instrumentos para ejercer eficazmente el poder desde el Derecho: administrar la frontera buscando el mejor encaje de actuación soberana con la geografía y los intereses de ambos países. Confundir ambas conduce a una peligrosa dependencia: desenvolverse como si el buen funcionamiento de la relación bilateral exigiera rebajar la evidencia de que Ceuta y Melilla forman parte de España.
Su imagen internacional queda con excesiva frecuencia reducida a vallas, saltos, aduanas o vidas perdidas. Son ciudades vivas, españolas y europeas, con una composición social y cultural singular y una capacidad de convivencia que merecería ser mucho más conocida. La presencia de los Reyes ofrece precisamente la oportunidad de proyectar esa imagen al exterior. Felipe VI y la Reina Letizia son dos extraordinarios embajadores de una España que no necesita sobreactuar para mostrar lo que es. Nada permite leer su desplazamiento en clave retributiva frente a Marruecos. El jefe del Estado, en visita a sus ciudadanos, está cumpliendo con una de las misiones fundamentales que le encomienda la Constitución.
Rabat defenderá sus intereses y Madrid debe defender los suyos. La buena relación entre ambos países no exige silencios rituales sino previsibilidad y respeto mutuo. Europa tendrá progresivamente más peso en esa ecuación. No para sustituir una responsabilidad que corresponde a España, sino porque las políticas de fronteras, retorno, comercio, inversión y desarrollo pertenecen crecientemente al espacio europeo. España no puede construir una política marroquí eficaz de espaldas a Europa, ni plantear su relación con Rabat desde la excepción permanente.
Hoy los Reyes recorren Ceuta y mañana Melilla. Quizá la mejor manera de entender el viaje sea también la más sencilla. Sin escrutar derivadas ni cargar adornos que no necesita, cumple celebrar cómo la Corona introduce claridad y hondura allí donde la política ha producido confusión. Felipe VI acude, una vez más, cuando las circunstancias lo reclaman. Con los españoles.
Internacional // elmundo
