La magistrada requiere a la Ciudad y a la Delegación del Gobierno todos los documentos de las reuniones que mantuvieron los días 27, 28 y 30 de julio Leer La magistrada requiere a la Ciudad y a la Delegación del Gobierno todos los documentos de las reuniones que mantuvieron los días 27, 28 y 30 de julio Leer España // elmundo
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La juez de la Audiencia Nacional que investiga la oleada de inmigrantes en Ceuta ha dictado un auto en el que impulsa una nueva tanda de diligencias para aclarar lo ocurrido. La magistrada María Tardón cita a declarar a tres consejeros de la Ciudad Autónoma y a tres policías que estuvieron presentes en la frontera durante los hechos del 30 y 31 de julio.
El martes 27 de octubre deberán comparecer tres consejeros señalados por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, ante la juez por su presencia en las zonas afectadas o por su participación en la gestión de la crisis. Se trata de los responsables de Presidencia (Alberto Ramón Gaitán Rodríguez) y de Sanidad y Servicios Sociales (Nabila Benzina Pavón), además del y el vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda (Alejandro Ramírez Magaña).
Sus declaraciones buscan determinar la información disponible en cada nivel de responsabilidad institucional, la fecha en que dicha información fue conocida, las comunicaciones mantenidas entre las distintas autoridades y las decisiones finalmente adoptadas».
Al día siguiente declararán tres funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que estaban de servicio el 30 de julio y presenciaron los hechos en distintos momentos. Se trata de un inspector y dos subinspectores identificados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras.
Además, y también a propuesta de la Fiscalía de la Audiencia, la instructora reclama nueva documentación a diferentes instancias, en particular al Ejército, a Interior y a la Ciudad Autónoma. «La documentación interesada resulta particularmente relevante para determinar la existencia de avisos previos, la circulación interna de información, las solicitudes de refuerzo efectuadas, las decisiones adoptadas por las distintas autoridades y la efectiva recepción de los informes mencionados en las declaraciones practicadas», indica la juez.
Tardón requiere a la Ciudad y a la Delegación del Gobierno todos los documentos de las reuniones que mantuvieron los días 27, 28 y 30 de julio. El auto recuerda que según los testimonios ya prestados en la causa, en los encuentros se alertó de la gravedad de la situación y se pidieron medidas extraordinarias.
Además, pide que se localice a un tal Ahmed, mencionado por el entonces jefe de Gabinete del delegado del Gobierno como una persona que había avisado de movimientos inusuales en Castillejos y de concentraciones de personas en territorio marroquí. Gonzalo Sanz lo describió como un interlocutor «constante y fiable» de la Comandancia de la Guardia Civil. La jueza pide a la Guardia Civil y a la Policía que lo identifiquen, así como a los agentes que hablaron con él, para citarlos como testigos.
La instructora se dirige también al Jefe del Estado Mayor de la Defensa y le reclama, a la vista de los documentos que el Consejo de Ministros desclasificó el 8 de septiembre: todos los informes de inteligencia y seguridad de la Comandancia del Ejército de Tierra en Ceuta; los informes de inteligencia del grupo de seguimiento de Marruecos del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS); más imágenes satelitales de la frontera de Ceuta y la interceptación del programa Santiago -inteligencia y guerra electrónica- sobre la frontera de Ceuta en esas fechas.
La solicitud incluye «el informe original del REW 32» que se mencionaba en los documentos desclasificados por el Gobierno. Además, el Regimiento 32 de Guerra Electrónica del Ejército de Tierra -REW 32- emitió un aviso previo sobre «dos interceptaciones de interés en idiomas árabe y francés» a agentes fronterizos marroquíes que revelaban que ya el día 27 contemplaban «una posible entrada masiva a Ceuta».
La información reclamada al Ejército debería aportar datos sobre la presencia del buque insignia de la Armada marroquí en aguas de Ceuta durante la oleada migratoria, un episodio del que el Gobierno no quiso desvelar datos.
En otro apartado de su resolución, la juez lamenta que, pese al tiempo transcurrido desde los hechos, no se le hayan aportado aún algunas cifras que considera relevantes. Exige al Ministerio del Interior, a la Guardia Civil, a la Policía, a la Ciudad y al Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa todos los datos oficiales sobre entradas registradas, retornos, devoluciones, rescates, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados.
Igualmente, a la Ciudad le pide los informes sobre la afectación a los servicios públicos esenciales: seguridad ciudadana, servicios sociales, educación, sanidad, economía e infraestructuras. También le reclama el informe de daños económicos que Vivas mencionó en su declaración del 30 de septiembre o, si se ha actualizado, su última versión. La Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de Ceuta deberán aportar su propia evaluación de los perjuicios.
