El nuevo informe de la Guardia Civil remarca cómo la trama del PSOE quiso presionar a unos fiscales y destruir a otros, como el propio Alejandro Luzón, para favorecer sus intereses y proteger a Sánchez Leer El nuevo informe de la Guardia Civil remarca cómo la trama del PSOE quiso presionar a unos fiscales y destruir a otros, como el propio Alejandro Luzón, para favorecer sus intereses y proteger a Sánchez Leer España // elmundo
La ‘fontanera’ Leire Díez, que se refería a sí misma como «la que manda» en un documento enviado al ex comisario Villarejo, y que pensaba que ella sola podía «salvar a presidente» Sánchez -«sin él no hay nada más», escribió también, en otra de las insólitas notas a sí misma que constan en sus libretas-, presumía de tener el «control» sobre la Dirección General de la Guardia Civil, pero también de otra institución clave para ofrecer beneficios judiciales a imputados y, valiéndose de lo que estos pudieran aportar, «desestabilizar» causas en torno al PSOE: la Fiscalía.
Díez pretendía «apartar» de su cargo a Alejandro Luzón, el fiscal jefe Anticorrupción, le admitió a la UCO Joaquín Parra, empresario del ‘Caso Hidrocarburos’ y uno de los presuntos miembros de la rama extremeña de la trama, la que buscaba «destruir» la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, hoy vista para sentencia.
La propia Leire lo dejaba escrito en una de sus libretas, interceptadas por los agentes: «Tribunal Supremo, dice que no hay pruebas sobre lo que ha dicho Aldama. Por qué está en la calle? ¿Desobedeció o no informó el fiscal anticorrupción al FGE [Fiscal General del Estado]?«.
En cristiano, Leire constataba que el empresario y conseguidor Víctor de Aldama, que había realizado varias explosivas declaraciones judiciales admitiendo cohechos e inculpando también a Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos, se mantenía libre, mientras los demás, importantes cuadros del PSOE, habían entrado en prisión provisional mientras se instruían las causas.
Díez hipotetizaba así sobre los ofrecimientos de Fiscalía a Aldama a cambio de confesión e información del resto de imputados -finalmente, en el primer juicio de los presuntos cohechos por mascarillas, al empresario se le piden siete años de cárcel, por 24 a Ábalos y Koldo-, y sugería que Alejandro Luzón, el jefe Anticorrupción, habría podido «desobedecer» a su superior jerárquico, el Fiscal General del Estado, Álvaro García-Ortiz -después condenado, de remate, por revelar un correo confidencial del abogado de la pareja de la política del PP Isabel Díaz Ayuso-.
El nuevo informe de la UCO, el cuerpo de élite de la Guardia Civil al que la banda pretendía atacar, certifica cómo planeaban controlar Fiscalía. La ecuación era muy simple, y Leire, que la propalaba sin pudor a prácticamente todos sus interlocutores, se la confió a Parra, tal y como este contó a la UCO: «La Fiscalía depende del Gobierno, y los fiscales deben seguir órdenes de sus superiores». Y como Fiscalía dependía del Gobierno, éste a su vez del PSOE y el mandamás del partido, Santos Cerdán, le había encomendado a Leire Díez operar para contrarrestar los procedimientos que les afectaran, la Fiscalía dependía de Leire.
Quien, por ejemplo, le dijo al abogado extremeño Sáenz de Tejada que denunciara ante Fiscalía General del Estado a la jueza Biedma, que instruía contra David Sánchez, «porque ella consideraba que tenía control sobre la citada institución».
Por ejemplo, y dado que Villarejo podía aportar munición, Leire intentó influir en el fiscal anticorrupción César de Rivas, y propiciar una reunión entre este y el abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera. De Rivas, en cambio, se negó. Cuando Cabrera le abordó tras una vista, y le dijo que «iban a tener una reunión en base a las conversaciones mantenidas con Leire», el fiscal le contestó literalmente que «no sabía nada y que no le metiera en líos».
El propio Cabrera recibió el 8 de abril de 2025 por la aplicación de mensajería Signal una misiva de Leire, que le decía que pocos días antes, «el jueves», había estado «en FGE [Fiscalía General del Estado]».
La intención de realizar manejos con Fiscalía queda patente también en el documento «Incumplimientos», en el que Leire pedía ayuda a Santos Cerdán sobre estos menesteres. La ‘fontanera’ se queja de que Fiscalía no ha recibido a Cabrera para ofrecer beneficios a Villarejo -quien, dice, tiene «pruebas» de la «corrupción» de Manuel Marchena, presidente de la sala de lo Penal del Supremo, y artífice de la sentencia del ‘Procés’-.
También de que iban a beneficiar a Javier Pérez Dolset, imputado en el ‘Caso Zed’ y socio de Leire en sus andanzas, pero no ha habido avances. Lo mismo con el abogado Gonzalo Boye, letrado de políticos catalanes del ‘Procés’: Fiscalía debía favorecerle en un procedimiento, pero nada de eso ha sucedido.
El fiscal José Grinda también sufrió las andanzas del grupo. A través del periodista Pere Rusiñol, supuestamente, se le ofreció progreso profesional, e incluso dinero para enfrentar una acción civil que había interpuesto contra él una mujer de Jaén. Parra declaró a la UCO que tanto Leire como Pérez Dolset hablaban de «quitar de enmedio» a Grinda, que intervenía en procedimientos que interesaban a ambos.
Otra de las ventanillas que la trama usó fueron los imputados del ‘Caso Hidrocarburos’, justo ahora procesados por el juez Santiago Pedraz: le prometió a Antonio Rodríguez Estepa, uno de los imputados, beneficios procesales a cambio de información contra «la UCO, [el teniente coronel] Antonio Balas, altos cargos de Hacienda y Repsol», que supuestamente estaría detrás del procedimiento de Hidrocarburos.
El ofrecimiento se lo realizó la abogada Letizia de la Hoz, defensora de Koldo García (ella lo niega terminantemente), de parte de Leire: «Los beneficios concretos que le ofreció Leticia relacionados con la causa penal que afectaba al manifestante fue que podrían sentarse con el jefazo de la Fiscalía para llegar a un acuerdo que le pudiera beneficiar, y todo condicionado a que el manifestante aportara información».
Al guardia civil Rubén Villalba también le pide Leire metralla contra la UCO. Como ve que no se la da, le suelta, según Francisco Ortega, testigo de la cita entre ambos, «que le puede llevar directamente a la Fiscalía General del Estado para que cuente allí, si no le quiere decir a ella».
