La asociación Asfacume traslada sus alegaciones a la reforma de la prestación CUME que prepara el Ministerio de Seguridad Social para octubre Leer La asociación Asfacume traslada sus alegaciones a la reforma de la prestación CUME que prepara el Ministerio de Seguridad Social para octubre Leer
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El Ministerio de Seguridad Social cerró ayer el plazo de alegaciones de la audiencia pública sobre el Real Decreto de desarrollo del régimen jurídico de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Es la conocida como CUME y 18.000 familias la han visto peligrar por una reforma de la ministra Elma Saiz que, en un primer borrador, planteaba un «recorte encubierto», según denunciaron a EL MUNDO los afectados por lo que consideraban nuevas restricciones a la ayuda. En una reunión celebrada este miércoles en la sede del Ministerio la asociación Asfacume logró que se escucharan algunas de sus reivindicaciones y se incluyeran en el proyecto, pero el decálogo de demandas es amplio y sigue vivo porque las representantes de las familias que negocian con Saiz desconfían de que realmente sus exigencias vayan a ser tenidas en cuenta en el texto final.
Este medio ha tenido acceso a las alegaciones de Asfacume, y pueden resumirse en una decena de peticiones. Para empezar, considera que la prestación debe seguir centrándose en si el menor necesita un cuidado directo, continuo y permanente, y no en requisitos administrativos, categorías hospitalarias o controles adicionales, ya que temen que la reforma desplace el foco desde las necesidades reales de la familia hacia criterios burocráticos.
Además, solicitan que el listado de situaciones equivalentes a la hospitalización no sea cerrado ni exhaustivo, para evitar que queden excluidas familias con necesidades de cuidado similares pero que no encajen exactamente en las categorías previstas. Y rechazan que la acreditación inicial dependa exclusivamente de médicos de atención primaria o que las renovaciones exijan siempre informes de especialistas. En este sentido, proponen que puedan emitirlos cualquiera de los profesionales que siguen al menor, incluido el pediatra y facultativos de centros privados.
También critican la introducción de nuevos informes y controles de inspección médica porque consideran que no están justificados, aumentan la burocracia y pueden convertirse en una restricción indirecta del derecho. Y piden que la asistencia a colegios, centros especiales o terapias no pueda utilizarse como argumento para denegar o extinguir la prestación, ya que es compatible con la necesidad de cuidados familiares intensivos.
También solicitan que que la prestación solo pueda suspenderse cuando desaparezca realmente la necesidad de cuidado, y no por circunstancias familiares o laborales como la incapacidad del otro progenitor, jubilaciones o prácticas formativas. Y defienden que el listado de patologías no sea cerrado y que puedan reconocerse otras enfermedades graves no incluidas expresamente cuando generen necesidades equivalentes de cuidado.
Los afectados reclaman, asimismo, que la regulación se adapte a la realidad del trabajo autónomo, garantizando una protección efectiva y equivalente a la de los trabajadores por cuenta ajena. A parte de los autónomos, demandan que se amplíe la cobertura a colectivos actualmente excluidos e incluyen en sus alegaciones algunas de sus reivindicaciones históricas, como el refuerzo de los mecanismos de control y supervisión de las mutuas colaboradoras o la ampliación de la protección a las familias cuyos hijos continúan necesitando cuidados más allá de los 26 años.
Tras el encuentro de este miércoles y después de la presión ejercida por las familias afectadas para evitar un recorte en sus prestaciones, la ministra Saiz aseguró que se iban a tener en cuenta sus reclamaciones. Sin embargo, las asociaciones representantes del colectivo no se fían del Ministerio y advierten de que estarán vigilantes a la letra pequeña del Real Decreto que el Gobierno tiene previsto aprobar a la vuelta del verano. «Quedan muchos flecos sueltos y aunque la intención es buena, la redacción es pésima», advierten desde Asfacume.
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