El auto de apertura de juicio oral a la esposa del presidente del Gobierno se extiende a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, por colaborar en el uso privado del ‘software’ de la Complutense Leer El auto de apertura de juicio oral a la esposa del presidente del Gobierno se extiende a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, por colaborar en el uso privado del ‘software’ de la Complutense Leer España // elmundo
El juez Juan Carlos Peinado ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación. La decisión supone enviar ante un jurado a la esposa del presidente del Gobierno.
El magistrado, a solo unos días de su jubilación, ha rechazado las alegaciones del nuevo abogado de Gómez, Jaime Campaner, contra el escrito en que la acusación popular reclama 13 años de prisión, cuya invalidez solicitaba. Se trata de la segunda vez que Peinado dicta este auto. El primero quedó desactivado por decisión de la Audiencia de Madrid, que limitó a dos los cuatro delitos atribuidos a Begoña Gómez, dejando fuera la apropiación indebida y la corrupción en los negocios.
El auto de apertura de juicio oral se extiende a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, a la que se atribuye el delito de malversación. Fuera de este juicio queda el empresario Juan Carlos Barrabés, que sigue bajo investigación de la Fiscalía Europea.
El delito de tráfico de influencias de la esposa de Pedro Sánchez corresponde a la creación y puesta en marcha de su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense. En cuanto a la malversación, tiene una doble vertiente: el uso particular de un software creado para la cátedra de la Universidad Complutense -aquí se responsabiliza también a la asesora- y el uso recurrente de la asesora de La Moncloa para su actividad económica.
La resolución indica que, en caso de condena, se considera a ambas acusadas responsables civiles por el dinero gastado por la universidad en el desarrollo del software. La UCM está como personada como perjudicada en la causa y reclama 113.000 euros. Peinado acuerda recabar información patrimonial de Begoña Gómez. «Se acuerda la averiguación de la capacidad económica de María Begoña Gómez Fernández a través del Punto Neutro judicial, librándose oficio a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para la remisión de sus últimas cinco declaraciones del Impuesto sobre la Renta».
El juez rechaza imponer en este momento una fianza a las acusadas. Tampoco se imponen medidas cautelares, más allá de informar de cualquier cambio de domicilio. Cuando ajustó los delitos por los que se acusaba, la Audiencia de Madrid también retiró la prohibición de salir de España y las comparecencias quincenales que Peinado había impuesto a las investigadas.
El juez considera que no son necesarias las nuevas diligencias que había solicitado la defensa de Begoña Gómez. Da un plazo de 10 días a la Fiscalía para que exponga su posición, que será la de pedir la absolución de la esposa del presidente. Dada la postura del Ministerio Público, ha sido el impulso de las acusaciones populares, unificadas en torno a Hazte Oír, el que ha llevado el caso a juicio.
Pese a haber corregido en numerosas ocasiones a Peinado, la Audiencia de Madrid ha ratificado lo esencial de la instrucción. La decisión clave fue dictada el pasado mes de julio, La Sección 23, reunida en Pleno al efecto -cinco magistrados en lugar de los habituales tres-, concluyó que había indicios suficientes para sentar a Begoña Gómez en el banquillo.
Peinado recuerda que la Sección -«y no este instructor»- vio indicios del «aprovechamiento de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional».
El auto de apertura de juicio oral no es recurrible y supone dejar la causa en manos de la Audiencia Provincial, encargada de preparar y celebrar el juicio ante un jurado. La fecha de su celebración aún no se conoce. Serán la audiencia y la Oficina del Jurado las que la fijen una vez se designe al magistrado que actuará como presidente del tribunal del jurado. La fecha que sí se sabe es la de jubilación de Peinado: llegará el próximo domingo, cuando cumpla 72 años.
El auto, de 67 páginas, reproduce el relato de las últimas resoluciones de Peinado que avaló la Audiencia de Madrid. El punto de partida es el acceso de Sánchez a la Presidencia del Gobierno, al que siguió «un cambio inmediato y significativo» en la carrera profesional de su esposa. En particular, la creación a propuesta suya de la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva, que «presenta rasgos de particularidad que la apartan de un cauce académico ordinario».
«No resulta irrelevante», dice el auto, «que la iniciativa relativa a la creación de la cátedra no se canalizara por los cauces ordinarios internos desde un primer momento, sino que viniera precedida de, al menos, una reunión mantenida en el Palacio de la Moncloa, residencia oficial del Presidente del Gobierno, esposo de la acusada, tras la que el Rector trasladó al Vicerrector la instrucción, en términos literales, de que ‘tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente'».
La financiación obtenida contribuye a las sospechas. «Se articuló mediante aportaciones de empresas de primer nivel que tenían y siguen manteniendo vínculos de diferente clase con la Administración General del Estado y otras instituciones oficiales». También aquí Peinado recurre a una frase de la Audiencia de Madrid: «Esto explica el rápido desarrollo de la citada Cátedra, con la diligente consecución de financiación por empresas sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos».
Al margen del tráfico de influencias al que señala todo lo anterior, en estas tareas participó la acusada la asesora de La Moncloa. «No se trataba, en este caso, de actuaciones vinculadas al papel de esposa del Presidente del Gobierno ni a cuestiones de agenda institucional o privada derivadas de esa condición, sino de actividades propias de la cátedra y de los desarrollos surgidos en su seno».
Peinado resalta que la presencia de Cristina Álvarez en «eventos vinculados exclusivamente a la actividad profesional o académica» de la esposa del presidente era «continuada». Esta es una de dos ramas de la malversación que se imputan a Gómez.
«Los indicios sí permiten sostener provisionalmente que la acusada solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto».
La otra presunta malversación está referida al aprovechamiento privado del software que era propiedad de la UCM. «La acusada, presuntamente, desarrolló todos sus actos desde un primer momento para apoderarse del programa, utilizando para ello recursos públicos de la Universidad».
Begoña Gómez registró como marca el nombre de la cátedra y creó una empresa con esa denominación. «El uso del nombre idéntico al de la Cátedra […] generaba una evidente confusión visual e institucional sobre si el software era un servicio oficial gratuito de la Universidad o un reclamo para la consultora privada Transforma TSC, S.L. constituida por ella», indica el auto que envía a Begoña Gómez a juicio.
