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El nuevo plan para controlar la IA presentado este lunes por el Gobierno incluye la creación de un nuevo Instituto de la Seguridad de la Inteligencia Artificial, «una unidad técnico-científica para reforzar y concentrar las capacidades de análisis, evaluación y asesoramiento», según consta en la estrategia; pero también una suerte de escudo ante potenciales IA peligrosas cuya puesta en funcionamiento no será sencilla.
En concreto, la estrategia de IA busca «dotar a España de capacidad propia para evaluar los modelos más avanzados antes y después de su llegada al mercado, y constituir al Instituto como interlocutor de referencia ante los institutos de seguridad de la inteligencia artificial de terceros países». Es decir, como reconoce, para activarse antes del lanzamiento de un modelo de lenguaje, las empresas como OpenAI y Anthropic deberán presentarlo voluntariamente a esta institución, algo que no suele ser habitual.
A pesar de que los líderes de los laboratorios de IA han respaldado estudiar la creación de un organismo que se encargaría de controlar los modelos en Estados Unidos, hasta el momento, las grandes empresas del sector también han maniobrado para retrasar al máximo la entrega de información sobre sus productos. De hecho, el famoso modelo Mythos (Anthropic) de ciberseguridad no estuvo disponible para las autoridades europeas hasta varios meses después de que su lanzamiento se prohibiera en EEUU.
Precisamente, Europa ya tiene contemplado un mecanismo para bloquear modelos potencialmente peligrosos antes de su lanzamiento, pero aún no ha entrado en vigor y se espera que no lo haga hasta diciembre de 2027. El plan del Gobierno reconoce la existencia de este mecanismo comunitario y plantea la colaboración entre ambos, aunque en realidad se trata de un solapamiento que añadiría más burocracia, que llega en el momento justo que los grandes desarrolladores –Anthropic y OpenAI– aterrizan en suelo español.
En concreto, la Unión Europea cuenta con la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), que otorga a la Comisión Europea -y específicamente a su oficina de IA- la competencia para supervisar y exigir responsabilidades directas a los creadores de los modelos con riesgos sistémicos. Clasificará a los sistemas por niveles según el preligro que podrían representar, desde el inaceptable, que amenazan los derechos de las personas, hasta el mínimo, como filtros de correo no deseado. Las normativas específicas para los sistemas de alto riesgo y sectores sensibles son las que se implementarán de forma escalonada entre finales del año que viene y 2028.
Mientras tanto, la estrategia propuesta por el Gobierno de Sánchez prevé constituir el núcleo técnico inicial del instituto para antes del final de este año y hacer un despliegue modular por sectores. Además, el presidente del Gobierno abandera una retórica más crítica contra los «tecnoligarcas» que concentran el desarrollo de esta tecnología «sin control». «Una inteligencia artificial desregulada en manos de unos pocos es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia», ha cargado este lunes en la presentación del plan, por lo que plantea un «gran acuerdo de país» en este tema. Por otro lado, la Comisión Europea mantiene un enfoque institucional centralizado, con la aplicación de reglas comunes para evitar que cada país miembro legisle por su cuenta e interfiera en la soberanía tecnológica del bloque.
Con más detalle en la estrategia española, el nuevo instituto será dirigido por la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), mediante convenios con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), el Centro Criptológico Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia Española de Protección de Datos y el Barcelona Supercomputing Center.
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