En una Europa donde las monarquías conservan, en la mayoría de los casos, un papel estrictamente representativo, el pequeño Principado de Liechtenstein vuelve a recordar que constituye una excepción entre ellas. Su príncipe regente y heredero, Luis de Liechtenstein, ha anunciado que vetará la reforma de la legislación sobre el aborto si finalmente supera su tramitación parlamentaria, una posibilidad que reabre un debate que el país ya vivió hace quince años.
El pequeño Principado de Liechtenstein asigna importantes poderes al monarca desde un referéndum en el 2003
En una Europa donde las monarquías conservan, en la mayoría de los casos, un papel estrictamente representativo, el pequeño Principado de Liechtenstein vuelve a recordar que constituye una excepción entre ellas. Su príncipe regente y heredero, Luis de Liechtenstein, ha anunciado que vetará la reforma de la legislación sobre el aborto si finalmente supera su tramitación parlamentaria, una posibilidad que reabre un debate que el país ya vivió hace quince años.
La iniciativa impulsada pretende introducir una ley de plazos que permita la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación. En la actualidad, la legislación de Liechtenstein únicamente contempla excepciones cuando existe un grave peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada o cuando el embarazo es consecuencia de un delito sexual.
En una entrevista concedida al diario Liechtensteiner Vaterland, el príncipe Luis, católico practicante, adelantó que no sancionará esa reforma. “La protección de la vida por nacer representa un valor social y ético fundamental”, afirmó, antes de añadir que la propuesta no garantiza de forma suficiente “el bien jurídico fundamental de la protección de la vida”.
No es la primera vez que el heredero interviene de forma tan directa en este debate. En el 2011, una iniciativa similar proponía legalizar el aborto durante las doce primeras semanas de embarazo e incluía también supuestos relacionados con graves discapacidades fetales. Antes incluso de la consulta popular, Luis anunció que utilizaría su derecho de veto si la reforma prosperaba.
Finalmente, no fue necesario. En el referéndum celebrado en septiembre de aquel año, el 52,3 % de los votantes rechazó la propuesta, por lo que el príncipe no tuvo que recurrir a una de las prerrogativas que distinguen a la monarquía de Liechtenstein del resto de las casas reales europeas.
La constitución de Liechtenstein asigna importantes poderes al monarca del país desde un referéndum impulsado por el padre de Luis, el príncipe Juan Adán II, en el 2003. Entre esos poderes, el soberano puede vetar las leyes aprobadas por el Parlamento, destituir al gobierno electo y nombrar jueces, por lo que, aunque en la práctica es una monarquía constitucional, se la suele definir como una excepcional monarquía absoluta en Europa. Ese poder reca sobre el príncipe Luís (Alois, en alemán), quien desde el 2004 actúa como regente.
En el 2012, después de la controversia generada el electorado respaldó que la casa principesca mantuviera su poder
En el 2012, después de la controversia generada por el anuncio de veto sobre el aborto del príncipe Luis, los ciudadanos fueron llamados nuevamente a las urnas para decidir si limitaban ese poder. La respuesta fue contundente: más de tres cuartas partes del electorado respaldaron que la casa principesca mantuviera intacta esa prerrogativa.
Quince años después del primer gran pulso político sobre esta cuestión, Liechtenstein vuelve a situarse ante el mismo dilema: el de una sociedad que debate sobre la regulación del aborto y una de las pocas monarquías europeas cuyo jefe de Estado conserva capacidad efectiva para impedir que una ley entre en vigor.
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