El choque entre Sánchez y Meloni lleva a la quiebra de uno de los pilares básicos de la UE, el de la libre circulación Leer El choque entre Sánchez y Meloni lleva a la quiebra de uno de los pilares básicos de la UE, el de la libre circulación Leer España // elmundo
«Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en lo que respecta a la seguridad nacional y al control de las fronteras». El Gobierno de Giorgia Meloni respondió el viernes con esta rotundidad al requerimiento que apenas unas horas antes le había trasladado el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que «rectifique» y retire la instrucción de solicitar aleatoriamente el DNI o el pasaporte a los viajeros procedentes de España que llegan a su territorio por vía aérea o marítima.
Moncloa, a su vez, reaccionó anoche a su negativa anunciado la aplicación de la misma medida de forma aleatoria a las personas procedentes de la república italiana, que estará en vigor desde las 00.00 de este sábado y hasta el 7 de septiembre «salvo que un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo». El argumento oficial es que se aplica ante «la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino».
Sin embargo, el choque inédito entre los dos socios comunitarios se produce después de que Madrid hubiera dado de plazo hasta el domingo para que se cumpliera su exigencia de que se elimine la orden que Roma trasladó a sus fuerzas de seguridad a raíz de la avalancha de al menos 72.000 extranjeros que llegaron la semana pasada a Ceuta desde Marruecos. Y, ante el escenario de que se desoyera su petición -como finalmente ocurrió-, amenazaba abiertamente con «adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad» de los españoles.
La reacción del Palazzo Chigi a este ultimátum no dejó resquicio alguno a la ambigüedad: «No tenemos intención, en ningún caso, de revisar la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen para los ciudadanos de terceros países procedentes de España al menos hasta el 15 de agosto y, en todo caso, hasta que queden completamente descartados los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia».
Esta escalada de tensión entre Sánchez y Meloni ha llevado a una fractura histórica en el seno de Los 27, a la quiebra de un pilar básico: el artículo 45 de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que recoge que «todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros».
La justificación de Italia para mantener la suspensión del espacio Schengen es que, «tal y como han anunciado las propias autoridades españolas», para el 15 de agosto «se espera en Ceuta una nueva ola migratoria«. Por ello, esgrimen que solo cuando «exista la certeza de que no habrá riesgos para la seguridad ni para el terrorismo» en su país, de que no se va a producir otra llegada masiva de extranjeros en situación irregular y que se garantice que los que ya han entrado no están dirigiéndose a territorio europeo «podrá revisarse lo ya decidido».
Sobre esa posibilidad de que pueda reeditarse la avalancha de inmigrantes en la frontera entre España y Marruecos, en el Ministerio del Interior se limitaron a señalar este viernes que «Policía Nacional y Guardia Civil están monitorizando este asunto en redes sociales para disponer de la información necesaria que permita tomar las decisiones que resulten pertinentes en cada momento». «Se hace seguimiento continuo», subrayaron en el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
No obstante, tras la reunión telemática de coordinación de esta crisis presidida por Pedro Sánchez desde La Mareta (Lanzarote), el Gobierno ha decidido desplegar otra Unidad de Intervención Policial (UIP) en Ceuta, integrada por 45 agentes. El nuevo contingente se suma a los refuerzos enviados desde el pasado 30 de julio, cuando se incorporaron tres equipos de antidisturbios procedentes de Sevilla y posteriormente de la Central y de Málaga, hasta completar una dotación de 225 efectivos, informa Europa Press.
Por su parte, la Guardia Civil mantiene el incremento de la plantilla encargada de la vigilancia fronteriza con tres pelotones adicionales integrados por un total de 60 agentes. Asimismo, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta cuenta con el apoyo de 160 funcionarios procedentes de distintas comandancias de Andalucía y con la colaboración de otros 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la ciudad autónoma.
Según denunció el Gobierno de España, la suspensión temporal de la libre circulación en Italia -en vigor desde el sábado pasado- está «afectando a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival». «Esta medida, sin precedentes en la historia reciente, se adoptó sin aviso previo, de forma unilateral y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad», agregaron.
En este sentido, desde Moncloa señalaron que Italia obvia que «ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma tiene un régimen especial en el mismo», además de que «la práctica totalidad de ellos ya han retornado a Marruecos». También indicaron que la nación transalpina es «el estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España».
Asimismo, en el Ejecutivo central recalcaron que desde la llegada de Meloni al poder, en 2022, su país «no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria» al resto de socios comunitarios y que, a pesar de ello, «España nunca ha introducido controles» a sus ciudadanos. «De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central», subrayaron.
Por todo ello, desde el gabinete de Sánchez incidían en que la medida adoptada por Italia es «injusta, contraria a los intereses de la Unión Europea y discriminatoria para la población española». A pesar del ultimátum y la amenaza para que se levanten los controles, sostienen que confían en que «el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan» porque «los gobiernos están para impulsar el entendimiento entre países y el interés general de sus poblaciones, no para crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas«.
Antes de que la escalada de tensión alcanzara su punto álgido, en el gabinete de Meloni contraponían, a su vez, que esta suspensión temporal del espacio Schengen no supone «ningún prejuicio contra un país amigo como España, de forma análoga a decisiones similares adoptadas en el pasado por el Gobierno italiano, por ejemplo con respecto a Eslovenia, y por gobiernos europeos respecto a Italia y a la propia España». También señalaban que cuando los «riesgos» desaparezcan, están dispuestos a continuar «un diálogo constructivo» con Madrid.
