Moncloa impone la supervisión aleatoria a los viajeros del país transalpino hasta el 7 de septiembre tras negarse la primera ministra a retirar los suyos Leer Moncloa impone la supervisión aleatoria a los viajeros del país transalpino hasta el 7 de septiembre tras negarse la primera ministra a retirar los suyos Leer España // elmundo
Artículo 45 de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: «Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros». Ese pilar básico de la UE, tal vez el más sensible para los nacionales de todos los países que se podían mover sin molestias por el espacio europeo, se ve amenazado desde este viernes. La escalada de tensión entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, o entre Meloni y Sánchez, atendiendo a la primera que tomó una medida coercitiva con su socio, lleva a que España e Italia, recíprocamente, hayan restablecido controles para los que procedentes del otro país, llegados por aeropuertos o puertos.
Los presidentes de Gobierno español e italiana, referentes de tendencias ideológicas contrarias en Bruselas, se han topado en la crisis de Ceuta con el elemento definitivo de divorcio. Ese desencuentro no es ajeno a la comprometida situación doméstica de unos y otros. En el caso de Sánchez, por su debilidad demoscópica y por las dudas que genera la gestión de la actual crisis, desde su capacidad de anticipación. En el caso de Meloni, porque, a un año de la reelección, le han surgido competidores por la derecha.
Por esas razones, y porque son contrarios por naturaleza, la crisis migratoria en la ciudad autonómica les ha servido para acentuar la polarización. Y sus respectivas ofensivas acaban por arrastrar a la UE a una fractura histórica, porque sacude una viga maestra del edificio comunitario: la libre circulación y el alcance de la ciudadanía europea.
En estado de shock anda Bruselas tras el anuncio del Gobierno de Sánchez, a última hora del viernes, de que impone, con carácter «temporal», controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de Italia. La decisión se adoptó después de que el Ejecutivo de Meloni desoyera el ultimátum que a su vez le había hecho Moncloa para que retirara los que se aplican a los viajeros procedentes de España a raíz de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos.
Esta medida, según argumentó el Gobierno español, se aplica ante «la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino» y está operativa a partir de las 00.00 horas de este sábado, 8 de agosto, y hasta el próximo 7 de septiembre, «salvo que un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo». «Consistirá en el control de identidad (pasaporte) y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, visado o permiso de residencia», precisan.
El choque frontal entre dos de los principales socios comunitarios se produce después de que este viernes el Gobierno de Sánchez hubiera pedido a Italia que «rectifique» y «ponga fin a los controles en frontera» a sus ciudadanos. Si no lo hacía antes de que concluyera el domingo, 9 de agosto, desde el gabinete de Sánchez ya amenazaban con que se verían obligados «a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad» de los españoles.
El requerimiento de La Moncloa recibió una negativa rotunda del Palazzo Chigi en Roma: el país no reconsiderará su decisión de solicitar aleatoriamente el DNI o el pasaporte a los españoles que lleguen a sus aeropuertos o puertos hasta, al menos, el 15 de agosto. En un comunicado, indicaba que sólo lo levantará cuando tenga «la certeza de que no existen riesgos para la seguridad ni amenazas terroristas, que no habrá una nueva ola migratoria y que no hay migrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo».
«Esta medida se dirige y ataca a los españoles y a Europa», le había respondido a su vez el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a su llegada a Colombia, donde acompaña al Rey para participar en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. «Esta medida del Gobierno italiano es un torpedo en la línea de flotación de la Unión Europea», insistía.
Según fuentes de su departamento, el jefe de la diplomacia española reclamaba al Ejecutivo de Meloni que «retire las medidas injustificadas que ha introducido» contra los ciudadanos de socio comunitario, redundando que «no hay ningún motivo para introducir estas medidas». Además, recordaba que Italia es el país de la Unión Europea que acumula «el mayor número de entradas irregulares» y subrayaba que «Europa necesita unidad».
Según el Gobierno de España, la suspensión temporal de la libre circulación desde Italia -en vigor desde el sábado pasado- está «afectando a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival». «Esta medida, sin precedentes en la historia reciente, se adoptó sin aviso previo, de forma unilateral y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad», agregan.
En este sentido, desde Moncloa señalan que Italia obvia que «ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma tiene un régimen especial en el mismo», además de que «la práctica totalidad de ellos ya han retornado a Marruecos». También indican que la nación transalpina es «el estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España».
Asimismo, en el Ejecutivo central recalcan que desde la llegada de Meloni al poder, en 2022, su país «no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria» al resto de socios comunitarios y que, a pesar de ello, «España nunca ha introducido controles» a sus ciudadanos. «De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central», subrayan.
Por todo ello, antes de aplicarle la misma medida a Italia, desde el gabinete de Sánchez incidían en que los controles eran «injustos, contrarios a los intereses de la Unión Europea y discriminatorios para la población española». Asimismo, advertían que «los gobiernos están para impulsar el entendimiento entre países y el interés general de sus poblaciones, no para crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas».
