Obvia la condena por corrupción y dirigentes como Rull o Turull hablan de «persecución con trasfondo político» mientras «se mantenga» la inhabilitación Leer Obvia la condena por corrupción y dirigentes como Rull o Turull hablan de «persecución con trasfondo político» mientras «se mantenga» la inhabilitación Leer España // elmundo
Junts usa el caso de Laura Borràs y su indulto parcial para volver a la carga en su ofensiva contra los jueces y en sus acusaciones de lawfare obviando así que la condena contra la ex presidenta del Parlament fue por corrupción, por su gestión al frente de una entidad cultural antes de dar el salto a la política (2013-2018).
«Bienvenido sea el indulto parcial por una condena injusta, desproporcionada y que nunca debería haberse producido». «La reparación, sin embargo, no será completa mientras se mantengan 13 años de inhabilitación, que perpetúan la persecución con trasfondo político.Todo el apoyo», lamentó el presidente del Parlament, Josep Rull (Junts), sobre sus 13 años de inhabilitación, que se mantienen a instancias del propio fallo judicial de 2023. Un aspecto también criticado por Borràs, quien aseguró que «la pesadilla no acabará» hasta que un tribunal determine que «no sólo la sentencia, sino todo el proceso judicial» que dice «haber sufrido», es «una gran injusticia». «El Estado me mantiene inhabilitada para la política institucional», remarcó. Carles Puigdemont, por su lado, celebró el indulto parcial, aunque avisó que «siempre» tendrá presente «la naturaleza política» de la causa. Una ofensiva a la que también se sumó Jordi Turull, quien incluso utilizó el habitual señalamiento a los jueces que hace Junts para vincularlo con el caso Borràs.
Una causa que se remonta a 2023, cuando la ex presidenta de Junts fue condenada por corrupción, en concreto por los delitos de prevaricación y falsedad documental. La pena de cuatro años y medio de cárcel -además de una multa de 36.000 euros- fue por falsedad documental y los 13 años de inhabilitación fueron por prevaricación y falsedad documental, dos delitos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) consideró acreditados.
El indulto concedido ahora por el Gobierno ha sido en los términos planteados por el propio TSJC, que fue el que la condenó por fraccionar contratos y adjudicarlos a dedo cuando presidía el organismo cultural.
Sin embargo, en la sentencia el tribunal consideró que la pena de prisión resultaba «desproporcionada y «excesiva» e incorporó la petición de un indulto parcial al Gobierno para evitar la prisión.
Es decir, el tribunal aplicó la métrica penal correspondiente -la fórmula para fijar las penas de un determinado delito que marca el Código Penal-, pero consideró que el resultado (los cuatro años y medio de prisión) era «excesivo».
En este sentido, la sentencia destacaba que no se puede desprender de los hechos probados que hubiera una «obtención de lucro o beneficio económico» para ninguno de los tres acusados, ni ningún perjuicio económico para la entidad cultural. Cabe recordar, en este sentido, que la dirigente fue condenada por adjudicar a dedo 18 contratos por valor de 335.700 euros a un amigo suyo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) sin pasar por un concurso público. Un fallo ratificado después por el Supremo.
Es decir, el perdón solo debía afectar a la pena de prisión y no a la inhabilitación de 13 años. El fallo consideró que cometió el delito cuanto estaba al frente de la mencionada entidad cultural al adjudicar contratos a dedo a Isaías Herrero, también condenado en el mismo procedimiento. De hecho, el propio Herrero -informático de profesión- confesó en el juicio celebrado en Barcelona en febrero de 2023 y la implicó en la prevaricación. É
l reconoció que sus servicios para crear la página web de la ILC los facturó teniendo que fraccionar los contratos para que no superasen los 18.000 euros, mínimo importe establecido en la legislación permitido por la administración pública para su adjudicación directa. Y aseguró que Borràs «sabía» de esta mecánica e incluso le dio «instrucciones».
