La diferencia entre la postura del Papa sobre la Inteligencia Artificial y los sindicatos es de vocabulario, no de fondo Leer La diferencia entre la postura del Papa sobre la Inteligencia Artificial y los sindicatos es de vocabulario, no de fondo Leer España // elmundo
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La visita del Papa León XIV a España llega acompañada de un texto que el movimiento sindical lleva semanas leyendo con atención y legítima satisfacción. Magnifica Humanitas, publicada con motivo del 135º aniversario de la Rerum novarum -la encíclica que en 1891 dio carta moral a la cuestión social-, afronta la pregunta más urgente de nuestro tiempo: qué sociedad queremos construir cuando la Inteligencia Artificial transforma, a velocidad sin precedentes, la organización del trabajo, la distribución de la riqueza y las condiciones de vida de millones de personas.
La respuesta del Papa no es cómoda para quienes gobiernan los algoritmos. León XIV afirma que los datos, las plataformas y los sistemas de IA son bienes destinados universalmente a todos, y que su concentración en pocas manos contradice el destino universal de los bienes y alimenta la brecha entre incluidos y excluidos. Exige que toda automatización vaya acompañada de medidas verificables de protección del empleo, recualificación y participación de los trabajadores. Y reconoce que las organizaciones sindicales estamos llamadas a defender a quienes, sin decisiones valientes, quedan rodeados de máquinas que han ocupado su lugar.
Es, en esencia, el mismo diagnóstico que el movimiento sindical lleva sosteniendo en las mesas de negociación colectiva, ante los legisladores y en los foros internacionales. La diferencia entre el Papa y los sindicatos es de vocabulario, no de fondo.
El desafío que plantea la IA no admite respuestas fragmentadas. No se trata solo de proteger el empleo existente, aunque eso sea urgente e irrenunciable. Se trata de decidir qué relaciones laborales queremos en la era digital y quién controla el proceso que nos lleva hacia ellas. En UGT tenemos una posición clara: la tecnología no es neutra. La IA puede liberar a las personas de trabajos penosos, crear riqueza y abrir oportunidades enormes, pero también puede concentrar poder y erosionar derechos conquistados durante décadas si no se gobierna con reglas claras, participación efectiva de las personas trabajadoras y voluntad política de redistribuir sus frutos.
Los tribunales chinos han dado un paso que merece atención. En varias sentencias recientes, la justicia ha declarado ilegal el despido de trabajadores cuyas funciones fueron asumidas por la IA, estableciendo que la automatización no puede constituir, por sí sola, causa de extinción de un contrato: automatizar es una decisión voluntaria para reducir costes, no una fuerza inevitable del mercado. Mientras China y Estados Unidos lideran la carrera tecnológica -una asimetría que el informe Draghi señaló como reto central de Europa, urgiendo una respuesta industrial y regulatoria a la altura-, los tribunales chinos defienden que la productividad ganada con IA no puede traducirse en destrucción de empleo, sino en mejores condiciones laborales. Si la tecnología libera tiempo, ese tiempo debe repartirse entre quienes trabajan, no acumularse como beneficio exclusivo del capital. Adaptar la jornada laboral a la digitalización no es una concesión al sindicalismo: es la consecuencia lógica y justa de un incremento de productividad sin precedentes históricos.
Los sindicatos debemos estar presentes en cada fase del ciclo de la IA: en su diseño, para que los criterios sociales se incorporen desde el origen; en su implantación, para que los trabajadores sean informados y consultados antes de que el algoritmo entre en la empresa; y en su control, para que las decisiones sobre empleo, salario o carrera profesional no puedan adoptarse de forma automática sinsupervisión humana ni derecho de apelación. La negociación colectiva es el instrumento central de esa gobernanza. No el único, pero sí el más eficaz y el más democrático.
El Estado tampoco puede inhibirse. La IA consume recursos que son de todos: energía, agua, infraestructuras de telecomunicaciones, y sobre todo conocimiento -décadas de producción intelectual humana con cuyos datos se han entrenado los grandes modelos. El Estado tiene la obligación de garantizar que esa extracción de recursos comunes genere retorno social, mediante marcos regulatorios que hagan el uso de la IA transparente y orientado al bien común, y mediante los instrumentos fiscales necesarios para que los extraordinarios incrementos de riqueza vinculados a la automatización se distribuyan con justicia. Una fiscalidad que no grave proporcionalmente los beneficios de la IA no es solo ineficiente: es socialmente ilegítima.
Y hay una dimensión de justicia que no podemos ignorar: la brecha digital. La transición tecnológica no puede dejar atrás a quienes carecen de competencias para navegarla. La recualificación profesional y el acceso equitativo a la formación no son responsabilidad individual: son obligaciones compartidas de empresas, administraciones y sindicatos. Las brechas por razón de edad, de género o de territorio no son fatalidades. Son el resultado de decisiones políticas que pueden y deben corregirse.
León XIV lo ha dicho con la claridad que cabe esperar del Vaticano cuando está a la altura de su mejor tradición: sin decisiones valientes, surgen más pobreza y más desigualdades. Los sindicatos llevamos más de un siglo tomando esas decisiones valientes. La IA no cambia esa vocación. La hace más necesaria que nunca.
