Desde la «bomba lapa» a la participación de la juez del ‘caso David Sánchez’ en concentraciones de Vox, el Ejecutivo insinuó deficiencias en las instituciones encargadas de los casos de corrupción que lo afectan Leer Desde la «bomba lapa» a la participación de la juez del ‘caso David Sánchez’ en concentraciones de Vox, el Ejecutivo insinuó deficiencias en las instituciones encargadas de los casos de corrupción que lo afectan Leer España // elmundo
«Estamos viendo declaraciones absolutamente peligrosas de un ex agente de la UCO, pagado y contratado por la Comunidad de Madrid, amenazar incluso con poner bombas lapa bajo el coche del presidente del Gobierno», alertó la entonces portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sobre la supuestas intenciones terroristas contra Pedro Sánchez. La ministra amplificaba una noticia falsa que sembraba dudas sobre la actividad de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El bulo se desmontó en cuestión de horas, pero el Ejecutivo rehusó rectificar; una estrategia que ahora, a la luz del auto judicial del caso Leire, podría tener trascendencia penal.
En el auto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz destaca que la presunta organización criminal liderada por Santos Cerdán y la fontanera Leire Díez estaba detrás de la maquinaria del bulo con el objetivo de «inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO». Y sostiene que era el dinero que salía de la sede del PSOE en la calle Ferraz lo que sufragaba la fabricación de esos bulos.
Son aseveraciones que ponen en jaque al Ejecutivo que, erigido en paladín contra los «pseudomedios» y la «máquina del fango», ejerció como altavoz de las noticias falsas financiadas desde su propia organización.
En base al texto del instructor, descalificar públicamente la actuación de la UCO formaba parte de las actuaciones de la trama criminal. Pedraz subraya que las cloacas del PSOE presentaron «sucesivas denuncias en relación con su actuación» y les daban «la oportuna publicidad a través de medios de difusión nacional, haciendo germinar el despectivo y contaminante título de ‘UCO patriótica’«.
A estos efectos, el caso de la «bomba lapa» es especialmente paradigmático. Tanto Alegría como María Jesús Montero o el ministro Óscar López se refirieron a una pieza publicada por El Plural, que se define como un medio digital progresista, vinculado a Angélica Rubio, ex asesora de Zapatero y hoy miembro del Consejo de RTVE. Aquella información recogía una serie de mensajes del ex capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, que desde octubre de 2023 había asumido la Gerencia de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, lo que permitía relacionarlo con Isabel Díaz Ayuso. En dicho artículo, Bonilla era acusado de amenazar con atentar contra Sánchez poniéndole una «bomba lapa». La publicación completa de las comunicaciones en The Objective desmintió el bulo, e incluso le dio la vuelta.
En realidad, Bonilla afirma: «Aprovecha los dos años de sanchismo que te quedan». Y su interlocutor le responde: «De esta te dan la Laureada de San Fernando». El entonces guardia civil añade: «O una bomba lapa. En los bajos». El confidente continúa: «Podría ser». «Ya te digo yo. Algún sicario venezolano», añade Bonilla. La lectura íntegra de la conversación, sin ese extracto que no aparecía en El Plural, revelaba el temor de Bonilla a sufrir un atentado no que lo alentase contra Sánchez.
El Plural usaba la expresión «UCO patriótica», que fue replicaba por muchos medios, incluida TVE: en el programa Mañaneros 360 el periodista Javier Ruiz insistió en que había «una mafia» para «tumbar al PSOE, no una mafia del PSOE». El presentador ahondó: «El PSOE está hoy dando la vuelta al relato: ‘aquí no hay una orden del PSOE y una mafia del PSOE. Aquí hay una mafia contra el PSOE’«. La difusión de esos planteamientos son las que Pedraz sitúa dentro de la actividad del presunto grupo criminal para desactivar a la UCO.
En medio de la polémica, el PSOE insistió en que la información publicada eran «barbaridades impropias de un servidor público», sin referirse ya al asunto de la «bomba lapa». «No se puede rebajar así el buen nombre de la Guardia Civil», insistieron.
Si bien ninguno de los ministros del Gobierno se ha referido a la unidad de élite de la Guardia Civil como «UCO patriótica», sí alentaron informaciones donde se señalaba así a ese cuerpo y, de manera aún más clara, llegaron a insinuar que había irregularidades en el comportamiento de los agentes. Y eso enlaza con la segunda estrategia que apunta Pedraz en su auto: «Impulsando la sospecha sobre sus actuaciones ante la Directora General de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada. Entre los hechos imputados se encontraba la posible filtración de mensajes comprometidos de wasap entre Ábalos y otros miembros relevantes de su partido publicados en prensa que se conocía, con certeza, que habían sido publicados por aquel».
En dichas conversaciones, el presidente cargaba contra los barones críticos, tildándolos de «petardo» (en referencia a Lambán) o «impresentable» (sobre Fernández Vara), o directamente aseverando que tenían que «dejar de tocar los cojones»(Page). También probaban cómo Sánchez, tras dejar Ábalos el ministerio, no había cortado su vínculo, del que trataba de desligarse tras la explosión del caso de corrupción alrededor del ex secretario de Organización del PSOE. El Gobierno alentó entonces que se había producido una filtración desde la investigación, que, según se sabe ahora, llegó a expedientes internos que son vistos como una vía para amedrentar a la UCO.
Óscar López achacó aquellos mensajes a «una campaña de bulos y de fango de la ultraderecha» y preguntó «si se va a investigar esta filtración como se han investigado otras». María Jesús Montero aseguró que el responsable de estas comunicaciones sería «quien tiene su custodia», añadiendo que «tendrían o bien que haberlo tenido al resguardo o bien haberlo eliminado si es que ya no era necesario para la causa», en una clara referencia a la unidad de élite de la Guardia Civil. Y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, llegó a amenazar con una posible denuncia por suponer una «vulneración del derecho a la intimidad» del presidente del Gobierno.
La catarata de insinuaciones derivó en un escándalo que forzó a una comunicación oficial del PSOE donde rechazaba estar culpando directamente a «ninguna institución», «ya sea la UCO o el juzgado» que instruía esta causa, y se limitaron a decir que esperarían a conocer más información al respecto. Una que terminaría aflorando cuando Ábalos, en La Sexta, admitió haber consentido la publicación de dichos mensajes. Por tanto, era falsa la teoría de la filtración orquestada para desacreditar a la UCO.
Hubo un tercer gran caso de intoxicación mediática con «el propósito», como dice el auto de Pedraz, «de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno». Aquí la víctima era la juez Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano del presidente, David Sánchez. Una imagen de la magistrada en una concentración contra la reforma del acceso a la carrera y del estatuto del Ministerio Fiscal fue manipulada para hacer creer a la opinión pública que había participado en una «protesta de los ultraderechistas de Vox«. El periodista Antonio Maestre se hizo eco del bulo a través de una publicación en la red social X, y Óscar Puente la retuiteó, agregando: «Por si no estuviera suficientemente claro». El ministro de Transportes sugería que Biedma conducía su instrucción con una motivación política y se la vinculaba a Vox.
