Las dos nuevas imputadas de esta semana son cargos clave del Gobierno, una al frente de la sociedad inversora del Estado (Sepi), la otra directora de un cuerpo de seguridad estructural (Guardia Civil) Leer Las dos nuevas imputadas de esta semana son cargos clave del Gobierno, una al frente de la sociedad inversora del Estado (Sepi), la otra directora de un cuerpo de seguridad estructural (Guardia Civil) Leer España // elmundo
La imputación de la presidenta de la Sepi el pasado lunes y de la directora general de la Guardia Civil el jueves han asestado dos ganchos al vientre del aparato estatal. Los dos últimos, unidos a las 25 nuevas imputaciones que se han producido esta semana en los casos de corrupción que rodean al Gobierno y al PSOE, y que dejan ya una cifra total insólita: 126 imputados en más de una decena de casos. Más que diputados socialistas en el Congreso, según ha denunciado la oposición.
La dimensión de la corrupción es cuantitativa, pero también cualitativa. Las dos nuevas imputadas de esta semana son cargos clave del Gobierno, una al frente de la sociedad inversora del Estado, la otra directora de un cuerpo de seguridad estructural con 90.000 efectivos. La corrupción, diseminada sin aparente control por la estructura del poder.
Hasta 26 cargos o antiguos cargos públicos se encuentran bajo investigación o han sido ya condenados. En este último caso se encuentran José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, mano derecha de presidente y jefe de la Organización del partido; y Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado cuando fue inhabilitado, respaldado por el Gobierno incluso después de su condena y del que el Supremo consideró probado que reveló secretos de la pareja de una rival política.
El Gobierno ha reaccionado de forma similar con las imputaciones de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, ambas en el caso de la cloaca del PSOE. Moncloa defiende que «mantiene su confianza» en González y que la investigación sobre Gualda no contiene «ningún elemento» que la comprometa. Que ninguna haya dimitido retrata al brazo inversor del Estado y al Instituto Armado, dos de las vértebras del Estado, como instituciones bajo la sombra de la corrupción.
Engordan esta lista el ex número dos de María Jesús Montero, Vicente Fernández; el DAO de la Policía, Manuel Llamas; el vicepresidente de la Sepi, Bartolomé Lora; la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; Javier Herrero Lizano, ex director general de Carreteras, u Olga García García, presidenta de la pública Enresa y la más reciente imputada. Esta fórmula se repite desde capitanes de la UCO hasta técnicos de empresas públicas o altos cargos de las mismas, muchos de ellos por nombramientos políticos.
Las sucesivas investigaciones revelan que la corrupción sacude la organización socialista de forma transversal, con un caso abierto específicamente sobre su financiación y los pagos en efectivo . En su más alta instancia, dos ex secretarios de Organización han ido a la cárcel: el citado Ábalos y su sucesor, Santos Cerdán, que también lo fue como mano derecha ejecutora de las decisiones de Sánchez. Cerdán fue imputado por organización criminal y ocho delitos más.
Por debajo de ellos la lista es generosa. Está imputada la actual gerente del partido, Ana María Fuentes, presunta cómplice en la cloaca de la fontanera Leire, confirmada ella también en el cargo. Hay un ex secretario general autonómico y ex candidato electoral, Miguel Ángel Gallardo, que ha sido juzgado junto a otros siete cargos socialistas en el caso del hermano de Sánchez en Badajoz.
A Gallardo lo arropó el propio Sánchez durante las elecciones extremeñas y por Cerdán se «quemó» las manos toda la cúpula socialista mientras era reelegido entre ovaciones como responsable de la organización.
Pero no hay nadie más PSOE que José Luis Rodríguez Zapatero. Primer ex presidente en ser investigado por la Justicia, su imputación, el hallazgo de las joyas en su despacho y la investigación abierta por Hacienda cercan al símbolo socialista de este siglo. También a él le ha dado su apoyo Sánchez, además de aceptar la versión oficiosa sobre las joyas.
Koldo García, ya condenado a 19 años por el Supremo, es el personaje más representativo de los imputados del entorno PSOE. Su hermano Joseba está investigado desde el viernes junto a la ex amante de Ábalos, Jésica Rodríguez, y a un supervisor de la empresa pública Adif. Se añaden a esta lista íntimos de otros investigados, como Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente; Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, o Luis Carrero, el asesor de Moncloa amigo de David Sánchez. Y entre las filas de asesores se contabilizan a los que obraban en las cloacas, de la propia Leire Díez al periodista Pere Rusiñol, pasando por los abogados Leticia de la Hoz o Jacobo Teijelo.
Un grupo siempre polémico y desgraciado. La mujer del presidente, Begoña Gómez, aguarda su juicio solo pendiente de la resolución de los últimos recursos. El hermano del presidente, David Sánchez, ha sido ya juzgado y está a la espera de la sentencia. Los dos han recibido el apoyo más cerrado tanto por parte de Sánchez como del Gobierno y del partido.
La familia de Zapatero, por su parte, se ha visto arrastrada en la investigación al ex presidente. Sus hijas, Alba y Laura, se unieron a él como investigadas el pasado 21 de junio, mientras que Hacienda ha incluido en su investigación a su esposa, Sonsoles Espinosa.
Componen la nómina más abultada: 67 nombres conforman una red de administradores, titulares o trabajadores de sociedades como Forestalia, Tubos Reunidos, Eurofins Megalab o Erri Berri. Entre los más conocidos destacan Víctor de Aldama, que ha decidido colaborar con la Justicia en los casos relacionados con Ábalos; Julio Martínez, pagador de Zapatero, que está citado a declarar el 21 de julio. Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán; Carmen Pano y su hija Leonor, que aseguraron llevar bolsas de efectivo a la sede del PSOE, o Juan Carlos Barrabés, amigo de Begoña Gómez e imputado en el caso de la mujer del presidente.
