El Ministerio cita el 27 de agosto a las comunidades a una reunión en la que, en principio, no se debatirá la distribución de los niños por la Península Leer El Ministerio cita el 27 de agosto a las comunidades a una reunión en la que, en principio, no se debatirá la distribución de los niños por la Península Leer España // elmundo
El Ministerio de Infancia reunía este jueves a las comunidades autónomas para abordar, por primera vez de forma conjunta, la situación de los 1.898 menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. La cita de hoy era tan solo un encuentro de carácter «técnico», preparatorio de la Conferencia Sectorial que se celebrará el próximo 27 de agosto y que, entonces ya sí, congregará a la ministra Sira Rego con los consejeros de Infancia de cada autonomía. Sin embargo, esa reunión de final de mes no tendrá entre los asuntos de su orden del día una cuestión clave: «La atención a los menores y la situación en Ceuta».
Las comunidades presididas por el PP «se han negado» a que este asunto sea sometido a debate en la Conferencia Sectorial, según trasladan fuentes del Ministerio de Infancia. De esta forma, tampoco será objeto de conversación en esa cita una hipotética distribución por la Península de los 1.898 menores que siguen en Ceuta para aliviar la capacidad asistencial de la ciudad. El PP ya venía anunciando su oposición a ese reparto que, aunque el Ministerio no ha puesto aún oficialmente sobre la mesa, sobrevuela el debate desde la entrada masiva del pasado 30 de julio.
«El PP se niega a debatir sobre la situación de Ceuta y los menores que están solos en la ciudad autónoma», ha escrito la ministra Rego en sus redes sociales, con un añadido: «Vox ni está, ni se le espera». Las comunidades en las que el partido de Santiago Abascal ostenta las competencias en Infancia –Extremadura, Aragón y Castilla y León- no han estado presentes en la reunión de este jueves, como muestra de su rechazo a acoger menores. Así, al menos diez autonomías se oponen a asistir en sus territorios a los niños y niñas que Ceuta no puede albergar, aunque finalmente, si así lo determina el Ministerio, lo tendrán que hacer por imperativo legal -también las cogobernadas con Vox-.
En este momento, en todo caso, el Gobierno prioriza el «reagrupamiento familiar» como vía para asistir a los menores -esto es, devolverlos con sus padres en países de África-. Sin embargo, la ministra Rego ya ha avanzado este jueves que se trabaja también con dos opciones más: el acogimiento institucional y el acogimiento familiar -ambas podrían requerir trasladar a los niños a la Península-. «Feijóo dijo ayer que Ceuta es España. Claro que lo es. Y como tal, el PP podría empezar por ayudar a aliviar la situación que vive la ciudad autónoma», ha reprochado Rego. Fuentes del Ministerio señalan que volverán a proponer debatir la situación de los menores al inicio de la cita del día 27.
Fuentes del Partido Popular consideran que el Gobierno «quiso hacer mucho ruido de una reunión técnica a la que no ha acudido la ministra [Sira Rego], sino el secretario de Estado» y donde «únicamente se ha aprobado la modificación presupuestaria». «Hemos asistido para apoyar a Ceuta. Por eso hemos votado a favor de [que vayan] 25 millones de ayuda urgente», sostienen las mismas fuentes, que añaden que «el Gobierno ha reconocido que eran insuficientes».
Sobre el porqué las comunidades populares rechazan debatir sobre la situación de los menores en la Conferencia Sectorial, desde el PP alegan que «no se puede empezar hablando de repartos o traslados entre comunidades autónomas cuando el Ejecutivo todavía no ha sido capaz de ofrecer datos ciertos del número de menores que están en Ceuta dos semanas después de la invasión».
Por ello, los populares han exigido al Gobierno que «cumpla con su deber y sus responsabilidades en esta crisis», creada, a su juicio, por «no haber sido capaces de mantener la integridad territorial de España».
Desde la Comunidad Valenciana, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha pedido al Gobierno que, antes de «pasar la responsabilidad» sobre la atención de los menores a las diferentes autonomías, el Ejecutivo debe, primero, identificarlos y buscar a sus familias de origen para hacer la reagrupación familiar. Un paso, a su juicio, «necesario», para que se pueda realizar un expediente por cada uno de ellos y se puedan así trasladar hacia otros territorios peninsulares.
En el País Vasco, el directo de Infancia, Adolescencia y Familias, Txema Ezkerra, ha remarcado ante los medios de comunicación que solución «no puede ser que Euskadi acepte derivaciones de menores impuestas ni tampoco trasladar a los menores de un sitio a otro». «La primera obligación del Estado no es repartir menores. Su primera obligación es proteger a los y a las menores», ha subrayado.
Y para ello, ha demandado al Gobierno adoptar «todas las vías» para localizar a las familias con el fin de valorar una posible reunificación. Y si finalmente se consigue, llevarla a cabo. «Estamos hablando de niños, de niñas y de adolescentes, por lo que lo fundamental, en estos momentos, es garantizar el interés superior del menor», ha añadido.
En este sentido, también ha querido trasladar su solidaridad con la ciudad autónoma y sus ciudadanos, aunque ha matizado que, esa solidaridad, «no se puede confundir con no planificación, con no acuerdo y con no respeto competencial. Solidaridad sí, pero con estas premisas», ha sentenciado.
Por parte del gobierno gallego, el director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, ha respaldado el crédito extraordinario de 25 millones para Ceuta, pero ha reprochado al Gobierno que pretenda abordar la crisis sin haber aclarado todavía su dimensión. «Resulta totalmente imposible hacer una planificación» cuando, ha denunciado, casi dos semanas después de la avalancha el Ejecutivo «sigue sin aclarar cuántos menores deben ser atendidos».
Rey ha recordado que Galicia ya acogió a 141 menores procedentes principalmente de Canarias y Ceuta durante el último año y ha rechazado que se pida ahora otro esfuerzo a las autonomías mientras, en el caso gallego, el Estado ha recortado un 82% los fondos destinados a su atención respecto a 2025. «Galicia va a cumplir la ley, como la cumplió siempre desde el primer momento, pero dentro de nuestras capacidades, con planificación y con financiación», ha zanjado.
