La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que la negativa del Ministerio Público a ofrecer la información al cantante vulnera su derecho de defensa Leer La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que la negativa del Ministerio Público a ofrecer la información al cantante vulnera su derecho de defensa Leer
La Audiencia Nacional ha dado la razón a Julio Iglesias frente a la Fiscalía de ese tribunal. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha ordenado al Ministerio Público que entregue al cantante una copia de todas las diligencias que practicó antes de archivar la denuncia por agresión sexual y otros delitos que habían presentado dos mujeres. Ese material incluye las propias denuncias y la declaración de ambas como testigos protegidas.
La Fiscalía alegaba que no había llegado a iniciar la investigación y que solo había practicado diligencias dirigidas a confirmar su competencia sobre el caso, dado que los hechos habrían ocurrido en el extranjero. Finalmente, concluyó que España no tenía jurisdicción sobre el asunto y archivó las denuncias. Julio Iglesias reclamó el expediente completo, pero la Fiscalía que dirige Jesús Alonso lo denegó. Se apoyó para ello en un informe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
El abogado del cantante, José Antonio Choclán, llevó su solicitud ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia, una de cuyas magistradas acaba de darle la razón. «La obtención de copia de las actuaciones en liza por parte de persona sospechosa/sujeto pasivo de las diligencias constituye, se reitera, una manifestación del derecho de defensa, en el que se integran, entre otros, el derecho a examinar las actuaciones».
La magistrada Emilia Peraile Martínez resalta que la propia Fiscalía, en su circular sobre sus diligencias internas «recoge expresamente el acceso al contenido de las diligencias de investigación por quienes invocan interés legítimo». Si se otorga el acceso a terceros, razona, «con más razón al considerado sospechoso, por más que no se haya atribuido formalmente tal condición de sospechoso/investigado».
«El demandante, tiene derecho a conocer los términos de la denuncia al objeto de ejercer su derecho de defensa, extensible a todos los órdenes jurisdiccionales, máxime cuando ha habido un conocimiento público, total o parcial de los términos de la denuncia, haya sido o no provocado por las denunciantes, que afecta a su reputación y a su imagen», añade la responsable del juzgado central 5.
La sentencia afirma que «en modo alguno» puede ignorarse ese derecho a su imagen alegando la protección de las denunciantes. Considera que las mujeres «no han acreditado» en qué modo puede afectarles el acceso de Iglesias a la información o qué peligro podría acarrearles o comprometer «la intimidad, seguridad y tranquilidad de víctimas y testigos».
Lo que sí hace el tribunal es acordar que la entrega debe hacerse tras anonimizar los datos personales de las testigos o los que permitan su identificación. La decisión aún puede recurrirse en apelación ante la propia Sala de la Audiencia.
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